Comparto con ellos el planteamiento de que no corresponde al Estado el papel de educador moral, lo que no entiendo es porque, si lo tienen tan claro, no asumen su responsabilidad y sacan la enseñanza de la religión de las escuelas estatales y la imparten en sus parroquias. Curiosamente cuando se habla de la asignatura de Religión, a los señores obispos todo les parece poco y lo que plantean es la obligatoriedad de su enseñanza en todos los centros educativos y para todos los alumnos. ¿Dónde está el respeto de los señores obispos hacia los planteamientos morales de los no católicos o de los no creyentes ?

Desde mi punto de vista, la asignatura de Educación para la ciudadanía, por el contrario, no trata de educar la moral de los alumnos sino facilitarles las herramientas para su formación como ciudadanos de una sociedad moderna. La escuela pública es el ámbito en el que las niñas y los niños, sea cual sea la religión y/o las creencias de sus padres, se deben formar en los valores y derechos comunes. El lugar en el que los jóvenes puedan, por ejemplo, aprender que los preservativos son efectivos para evitar el contagio de enfermedades venéreas y los embarazos no deseados o que la ablación es un delito o que no se puede discriminar a ninguna persona por motivos de sexo, opción sexual, raza o religión.

También comparto con la Conferencia Episcopal que cuando se utilizan las aulas públicas para impartir doctrina moral se afecta a todos los alumnos, sean o no católicos. Ese convencimiento nos ha hecho denunciar la lesión de derechos fundamentales cada vez que una familia tenía que declarar sobre sus creencias religiosas cuando apuntaba a su hijo a un centro y más cuando su hijo era segregado del resto de sus compañeros de clase en función de las creencias de sus padres.

El tercer argumento compartido hace referencia al modelo de contratación de los profesores de religión…Comparto su criterio de que la fórmula buscada, que trata de adecuar el proceso de contratación a la legislación laboral y a la propia Constitución, no se atiene al Concordato, pero sin embargo difiero con su solución. Para ellos, como la norma es contraria al Concordato… la norma es ilegal y hay que derogarla. Para mí, si el Concordato no permite desarrollar un procedimiento de contratación que se atenga a la legislación laboral y a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, lo que hay que hacer, y con urgencia, es denunciar el Concordato.