La compañía española se encuentra en fase de negociación con esta población indígena desde mayo de 2006 para alcanzar un acuerdo que le permita operar en Campo Margarita, una de las mayores reservas de gas de Bolivia y patrimonio de los guaraníes, para cuya explotación Repsol YPF contempla un plan de inversiones de 900 millones de dólares.

Entre otras cuestiones, el convenio debería reconocer los derechos humanos al pueblo guaraní y, partiendo de esta premisa, regular las relaciones entre ambas partes, estableciendo los términos de la aportación de Repsol por valor de 13,5 millones de dólares en veinte años (por indicación legal), como contribución a la financiación de una parte del Plan de Desarrollo Guaraní, y las políticas de compensaciones.

Sin embargo, de aceptar la última propuesta de la petrolera, la Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG-IG) "no podría realizar manifestaciones públicas contra la multinacional durante los 20 años de duración del Convenio, renunciaría a toda indemnización por daños pasados y futuros (incluidos los de contaminación) y no tendría derecho a administrar los fondos derivados del acuerdo", que serían gestionados directamente por Repsol YPF, "interfiriendo en las decisiones que el pueblo guaraní debería tomar soberanamente respecto de su propio desarrollo".

"Para la APG-IG ha quedado claro que lo que Repsol YPF está buscando es maniatar y condicionar al pueblo guaraní de Itika Guasu por 20 años a cambio de entregar con cuentagotas recursos económicos que ni siquiera serán administrados por la Asamblea (…) violando así el derecho a la autonomía que tiene el pueblo guaraní", declaró la organización indígena en un comunicado.

Por su parte, la responsable del programa de extractivas de Intermon Oxfam, María Dolores López, aseveró que "Repsol YPF tenía la oportunidad de demostrar, tal y como ha manifestado reiteradamente, que respeta los derechos humanos y la legalidad internacional, con la firma de un convenio justo y consensuado con el pueblo guaraní de Itika Guasu de Bolivia", pero las acciones de la compañía "desmienten su discurso" y demuestran que sus principios de Responsabilidad Social Corporativa "están vacíos de contenido".

UNA VIOLACIÓN TRAS OTRA

Según denuncia el pueblo de Itika Guasu, este acuerdo va en contra no sólo del derecho de los indígenas, sino de la propia Constitución boliviana y de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en especial el artículo ocho, en referencia al derecho de todo individuo "al recurso a tribunales competentes que lo amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales".

De la misma forma, "el convenio viola el derecho a la consulta previa, libre e informada a la comunidad para obtener su consentimiento, llave de acceso al resto de derechos reconocidos internacionalmente a estos pueblos, como el de participación en los beneficios, la compensación de daños o la capacidad de decidir sobre su propio proceso de desarrollo", apunta Intermon.

Por eso, la organización indígena declinó sentarse a la mesa de negociaciones convocada para el pasado 4 de octubre mientras Repsol YPF no respondiese por escrito y de modo fundamentado a la Propuesta de Convenio integral remitido a la petrolera por la APG-IG en junio de 2007, sobre la base del reconocimiento de los derechos humanos.

SIN COMPROMISO

El pasado mes de julio Intermón Oxfam hizo público un documento titulado "Pueblos sin derechos. La responsabilidad de Repsol YPF en la Amazonía peruana" en el que denunciaba las prácticas de Repsol YPF en tres "lotes" ubicados en el país andino, donde la petrolera lleva a cabo prospecciones hidrocarburíferas.

La compañía se comprometió entonces a elaborar una "Política" de relación con los pueblos indígenas, pero "hasta la fecha, no tenemos constancia de que ese documento se haya puesto en marcha ni que se haya propuesto a los afectados para su discusión", añadió López Gómez.

CONTINUA LA NEGOCIACIÓN

Por su parte, la compañía, que rechazó las acusaciones, afirmó que "sigue adelante con el diálogo con los guaraníes para la puesta en marcha del Plan de Desarrollo Guaraní (PDG), que supone la entrega de 13.5 millones de dólares (unos 9,5 millones de euros) en un período de 20 años", un plan que, según explicó la petrolera a Europa Press "tiende a mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas a Margarita, e incluye programas de salud, educación, obras de insfraestructura y proyectos de desarrollo sostenible".

"La empresa reivindica sus altos estándares de protección medioambiental y su adscripción a los principales convenios globales en la materia" por lo que Repsol YPF "ratifica su constante búsqueda de mecanismos para contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona, ya que es una tarea que constituye una premisa de la compañía en el desarrollo de sus actividades".

"Cabe aclarar que desde el año 2002, la Compañía trabajó junto a seis comunidades. El nuevo convenio extenderá los beneficios a 36 comunidades", apuntó la petrolera.

Portada >> Análisis