"Un policía me dijo una vez que era por vigilancia y seguridad, que cualquier día podía aparecer una bolsa de droga en el local y que me lo tendrían que cerrar", explica Provencio, otro de los empresarios madrileños víctimas de la trama del ’caso Guateque’. Pero a él no sólo le extorsionaban los funcionarios, ’sino también los policías, "los que en teoría deberían velar por la legalidad".

Durante la década de los 90 Pedro regentaba dos locales, la discoteca Zaas y la Terraza Moscardó, ambos en el distrito de Carabanchel. En 1994 trató de conseguir la licencia de actividad para otro establecimiento, un bar de copas, ’El Chaplin’.

"Me pidieron de un día para otro medio millón de pesetas, en billetes de 5.000. Era un intermediario de la Junta municipal de Carabanchel, que conocía a un funcionario. Le tuve que pedir el dinero a mi padre para pagarle", explica.

Esa misma noche, relata, dos policías llegaron a otro de los locales que tenía. Eran las dos o las tres de la madrugada. "Hemos oído que has pagado medio millón. Nosotros queremos 100.000 pesetas cada uno". Se negó a pagarles. Ahí comenzaron sus problemas. Fueron pasando los días y la licencia no llegaba, hasta que decidió, según asegura, interponer una querella criminal contra el entonces concejal del distrito de Carabanchel.

"Yo denuncié al concejal porque no me llegaba la licencia por la que había pagado. A los pocos días me llamó y me pidió que le quitara la querella. Yo se la quite porque tenía miedo a las represalias", recuerda Pedro, apoyado en la barra de su cafetería-marisquería cerca de Méndez Álvaro, que lleva su nombre. A los pocos días llegó la licencia, pero sus problemas eran otros.

Durante los meses siguientes siguió sufriendo extorsiones. "Me hincharon a multas en todos los negocios. Llegaban siempre varios agentes, algunas veces hasta 14 policías, y me amenazaban con meterme un tiro. Querían que les pagara medio millón de pesetas al mes. Allí empezó una guerra brutal. Alguno me llegó a decir que podía aparecer entre dos coches", relata Pedro, mientras ojea un dossier donde guarda las querellas interpuestas, los recursos a las multas.

Siempre se negó a pagar. Por aquel entonces el empresario tenía 50 empleados fijos. Trató de solucionar el conflicto con la policía. Acudió a Asuntos Internos. "Fui hasta la Casa de Campo. Allí les conté lo que me pasaba. Me dijeron que iban a abrir una investigación, pero todo fue a peor", explica.

"Me estropearon la vida. Era un acoso diario. Yo me he dejado hasta 20 millones de pesetas en multas y abogados", indica Pedro, que ante la poca respuesta a sus denuncias, llegó incluso a plantearse llevar una grabadora escondida. A muchos agentes los denunció, pero el juez no le dio la razón. "Por presiones", afirma, con cara de estar ya de vuelta.

El 23 de diciembre de 1997 varios funcionarios de Carabanchel y agentes municipales le precintaron la discoteca ’Zaas’ tras numerosas multas acumuladas.

"Fue idea del concejal del distrito, Alberto López Viejo. Fue porque no había pagado. Yo le pregunté a la policía el motivo y me dijeron : ’Es orden de López Viejo’. Lo hizo adrede en esas fechas para hacer daño", afirma el empresario, que se querelló contra el concejal del distrito por prevaricación y allanamiento y el juez acabó archivando la causa. "El juez admitió a trámite la querella y todos declararon, menos López Viejo. Recurrimos, pero el juez lo desestimó. Pensamos en denunciar al juez".

"Ahora la gente se asusta de todo esto que está saliendo, pero la corrupción es algo que lleva existiendo en Madrid muchos años. En un bar en la calle Paraguay, frente a Urbanismo, yo he visto como le daban dinero al jefe de Urbanismo", dice Pedro mientras enseña los recortes de prensa que guarda desde los 90 sobre casos de corrupción. "¡Puff ! ¿Y todo esto de denunciar de qué sirve, si al final no se hace nada ?".