Siempre que se habla de las pensiones se parte de una petición de principio, el de que las pensiones han de ser sufragadas por los trabajadores, lo cual puede hacerse de dos maneras. Una, que cada trabajador ahorre durante su vida laboral para constituir un fondo, un seguro, con el cual se pague su pensión de jubilación. Otra, que entre los trabajadores en edad de currar se recaude lo necesario para pagar las pensiones de los que ya están jubilados. El primero es el método de capitalización y el segundo, el de reparto. Tanto en un caso como en el otro, los paganos son los trabajadores.

Pero si nos fijamos en una clase especial de trabajadores, que son los funcionarios, nos daremos cuenta de que las cosas no son así. En el caso de los funcionarios, con independencia de que la pensión se fije en función de las aportaciones, es el estado sin más quien fija en sus presupuestos la cantidad que se va a pagar.

Y es que tanto las aportaciones a clases pasivas de los funcionarios, como las que hacen los trabajadores a la Seguridad Social, son, sin ninguna duda, un impuesto como otro cualquiera. Es obligatorio, regulado por la ley, ingresado en las cuentas del estado y administrado por él. Como mucho podrá decirse que es un impuesto finalista, porque su rendimiento se destina, no a los gastos generales del estado, sino a fines concretos. Otra cosa es que por las presiones de los distintos grupos sociales quiera aparentarse que son otra cosa.

Por ejemplo, en las aportaciones a la Seguridad Social se distingue entre la aportación del trabajador y la del empresario. Sin embargo, la realidad económica del asunto es que la totalidad de la aportación la hace el trabajador, ya que la empresa considera que todos los conceptos constituyen una única cosa, que es el coste real del trabajo. De este coste real el trabajador percibe un salario en mano y el resto es ingresado en las arcas del estado, bien como impuestos (retención del IRPF), bien como aportaciones a la seguridad social del trabajador, bien como aportaciones de la empresa. O sea, todos los pagos responden a la venta que el trabajador hace de su trabajo, no a ninguna otra cosa. Todo lo que no percibe en mano son impuestos con diversos nombres que recauda el estado. Lo demás son monsergas.

Y si, al final, todos los ingresos de la Seguridad Social o de Clases pasivas son un impuesto, ¿qué lío es éste de si somos o seremos bastantes los que trabajan para mantener las pensiones ? Las pensiones, todas, se pagan con los impuestos que recauda el estado, y así va a seguir siendo, porque es la única forma de que la gente cobre pensiones. ¿O puede algún banco, tal y como se ha visto en la crisis, garantizar algo que el estado no pueda garantizar ? ¿No está ocurriendo exactamente al revés,que es el estado el que garantiza a los bancos ?

Pero la recaudación de impuestos no depende del número total de trabajadores, sino del importe del PIB (Producto Interior Bruto). Y si el PIB crece con un número menor de trabajadores, no sé yo donde está el peligro de que no se puedan pagar las pensiones. Hasta las previsiones más pesimistas reconocen un crecimiento de la economía hasta el 2.020 y más, por lo que sea cual sea el ritmo de crecimiento, no parece haber ningún peligro para que el estado recaude los suficiente para la realización de sus fines, incluida la Seguridad Social. (Para mayor claridad, Vicenç Navarro : Las pensiones son viables http://bit.ly/9MqWaL)

Al final, lo de prolongar la edad de jubilación parece perseguir solamente dos fines reales : uno aumentar la recaudación, porque en España los únicos que pagan impuestos de verdad son los trabajadores. Recordad que en la declaración de la renta, según los datos de Hacienda, los trabajadores ganan más que los empresarios, vaya por Dios. Y el otro crear nuevos fondos de garantía que ayuden a financiarse a la empresas. ¿Os habéis preguntado quien administra los cuantiosos fondos de la Seguridad Social ? Pues eso, los bancos.

En Rebelíón