Nos hemos dirigido a la Inspección de Trabajo de Ourense ante la evidencia de que ninguna de las partes, implicadas en todo el proceso, ha tomado hasta ahora medidas para asegurar la salud de los trabajadores, que debe de estar por encima de cualquier otro interés.

Nos dirigiremos igualmente a las Autoridades Sanitarias solicitando la paralización de los trabajos en esta instalación en base al artículo 26 de la Ley 14/1986 de 25 de abril General de Sanidad que establece :

“en caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptaran las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones…..”

Nos parece increíble que hechos que se vienen produciendo desde mediados de febrero no hayan ocasionado el cierre de las instalaciones en base a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y que hayan primado los intereses de la empresa, haciendo dejación de su labor tanto la parte sindical como la administración, estos hechos pueden tener consecuencias penales como recoge el artículo 316 y siguientes de nuestro código penal que llega a establecer penas de prisión de seis meses a tres años y multas de seis a doce meses.

Los trabajadores siguen sufriendo problemas de salud y este es el motivo real de la solicitud del cierre temporal. Igualmente solicitamos un seguimiento adecuado en el tiempo de la salud de los trabajadores con la apertura de unas cartillas de salud si la intoxicación sigue sin determinarse o se demuestra la posibilidad de que la posible contaminación pueda producir problemas de salud a largo plazo.

Exigiremos a la Seguridad Social el cambio de régimen de las bajas que deben ser consideradas como accidente de trabajo simplemente porque los síntomas se han producido en el puesto de trabajo y no en cualquier otro lugar donde desarrollan su vida los trabajadores afectados.

Ante las informaciones de la propia empresa que considera que la situación no es grave por tomarse las medidas adecuadas debemos de recordarle a Unitono que su obligación era haber paralizado los trabajos en este edificio a la espera de los estudios que se están llevando a cabo y que su irresponsabilidad puede consecuencias penales.

Desde CGT seguiremos de muy cerca la evolución de los acontecimientos y exigiremos el cumplimiento integro de la Ley de Prevención, estando pendientes de las responsabilidades jurídicas que puedan tener los hechos acontecidos hasta la fecha.

Fdo. Serafín Rodríguez López. Secretario General de CGT Ourense.

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