En esta demanda, que lleva casi un año vista para sentencia, se contemplan aspectos que hacen referencia a la ilegal discriminación que la Consejería de Educación, a través del programa de incentivos, establece entre centros educativos andaluces. De forma que las familias que escolarizan a sus hijos e hijas en centros públicos no tiene garantías de que las medidas educativas de ellos sean homologables, pues mientras unos centros si se encuentran acogidos al mencionado programa, otros no. Por otro lado, el establecer incentivos económicos para hacer el mismo trabajo que se venía haciendo ha sido denunciado por CGT en numerosas ocasiones, de forma que desde el inicio del programa las arcas públicas han debido abonar una suma que supera los 30 millones de euros, teniendo previsto la consejería de educación gastar en este programa más de 400 millones de euros.

CGT ha venido defendiendo la idea de invertir recursos en educación para garantizar ratios legalmente establecidas (número de alumnos por aula) y que la Consejería de Educación viene aumentando ilegalmente. Así mismo garantizar las sustituciones de profesorado enfermo, es una medida mucho más importante que pagar “gratificaciones”, sin hacer algo distinto a los que se venía haciendo y justificándose simplemente por asistir al centro.

La reciente sentencia de TSJA, que anula la mencionada orden, va a ser recurrida por la Junta de Andalucía, a pesar de que la anterior consejera de educación Dña. Mar Moreno, actual consejera de presidencia del gobierno socialista andaluz, confirmó la necesidad de retirar esta orden mal llamada de “Calidad”.

El Actual consejero Sr Vázquez de la Chica, sigue insistiendo en que es bueno “gratificar” económicamente a los docentes, para mejorar su rendimiento. CGT entiende que esta posición es un insulto a la profesionalidad del profesorado andaluz que con independencia del descontento que éste tiene con la Consejería de Educación por el trato salarial que le dispensa, y que es inferior al de bastantes comunidades autónomas, sigue trabajando con dedicación y entusiasmo en la noble tarea de educar.

Por otro lado CGT denuncia la enorme contradicción que supone afirmar la necesidad de las “gratificaciones” y proceder al descuento en nómina de todos los funcionarios y empleados públicos del 5% de sus salarios. Reconocer los errores, lo antes posible, es de sabios. Más sabio cuando antes se corrijan. Este plan de “incentivos” ha sido uno de los más nefastos errores “neoliberales” cometidos por la Consejería de Educación, precisamente de un gobierno socialista. Mantenerse en el empeño, recurriendo la sentencia contra una orden que nunca debió existir, es prueba de idiotez contumaz.

A pocas fechas, al menos eso espera CGT, de un nuevo revés de esta orden en el TSJA, CGT insta a la Consejería de Educación a que cierre definitivamente esta nociva política de incentivos y afronte con rigurosidad la Homologación Salarial de los docentes andaluces, reduzca sustancialmente las ratios y garantice el 100% la cobertura de bajas por enfermedad y permisos autorizados.

Rafael Fenoy Rico Secretario de Jurídica y Comunicación - FASE CGT