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La CNMC acusa a once empresas informáticas de crear un cártel para repartirse el pastel de las Administraciones Públicas

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha anunciado la imposición de una multa de casi 30 millones de euros a 11 compañías de servicios informáticos acusadas de crear un cártel para repartirse clientes, pactar precios y encarecer deliberadamente la contratación en las Administraciones Públicas.

CGT-STAP


Como informa eldiario.es en su edición del 1 de agosto, la CNMC ha anunciado la imposición de una multa cercana a los 30 millones a una lista de empresas informáticas, encabezada por Indra (13,5 millones) y seguida por Software AG (6 millones), Atos (5 millones), Connectis ICT (1,8 millones), IBM (940.000 euros), Everis (800.000 euros), BAbel Sistemas (633.000 euros), Cibernos Consulting (616.038 euros), Gesein (320.000 euros), Accenture (300.000 euros) y Next Computer (46.720 euros). Entre los organismos afectados se encuentran la Agencia Tributaria (AEAT), la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) y el Servicio Público de Empleo (SEPE).

Competencia apunta que las conductas ilícitas correspondían a la creación de Uniones Temporales de Empresas de carácter instrumental, la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se les aseguraba un porcentaje de facturación, la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación, la cesión de claves de patrimonio o la inhibición de presentarse a algunos concursos a cambio de otro tipo de favores. “Con todo ello reducían la competencia entre las empresas que se presentaban”.

https://www.eldiario.es/economia/Competencia-informaticos-Agencia-Tributaria-SEPE_0_798970606.html

Hacienda y la Seguridad Social permitieron a Indra redactar pliegos de concursos que amañó con sus rivales. 

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y la Seguridad Social permitieron a Indra participar en la redacción de pliegos de concursos que esta firma luego amañó junto a otras compañías tecnológicas con las que formó un cártel para repartirse y encarecer artificialmente contratos públicos en el negocio de la informática y el tratamiento de datos.

La resolución de Competencia, publicada este miércoles, critica que “en numerosas ocasiones la Administración ha recurrido a las empresas (especialmente Indra y SAG) para que le ayuden en el diseño de los pliegos”, lo que en su opinión “pone de manifiesto” una “clara intención de manipular el procedimiento con un único objetivo, mantener las posiciones en los sucesivos contratos”.

Su participación (Indra) en la redacción de los pliegos “queda patente”, según la CNMC, en un correo electrónico interno intervenido por el organismo y fechado el 26 de agosto de 2014 en el que la empresa señalaba: “Hemos elaborado los perfiles junto con el cliente y en el pliego han puesto exactamente los modelos que nosotros les enviamos”.

El 24 de enero de 2013, en un correo electrónico interno, una empleada de Indra indicaba que había hablado con la Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS) de cara a la próxima expiración de los contratos por los que la compañía ya prestaba ese servicio. “Desde la GISS quieren que les ayudemos a hacer los pliegos para comenzar el proceso administrativo”

 https://www.eldiario.es/economia/Hacienda-Seguridad-Social-permitieron-Indra_0_798970848.html

Enlace a la resolución: https://www.cnmc.es/sites/default/files/2122881_2.pdf

CGT lleva denunciando desde hace mucho tiempo esta estrategia fraudulenta de saqueo de lo público está dentro de la frenética actividad privatizadora de la Administración que, en paralelo a la drástica reducción empleados públicos, ha ido injertando físicamente personal externo –sea directamente o a través de una compleja red de subcontratas- entre su plantilla. Como señala eldiario.es, “las conductas ilícitas correspondían a la creación de Uniones Temporales de Empresas de carácter instrumental, la subcontratación preferente de determinadas empresas a las que se les aseguraba un porcentaje de facturación, la presentación de ofertas de cobertura para asegurarse la adjudicación, la cesión de claves de patrimonio o la inhibición de presentarse a algunos concursos a cambio de otro tipo de favores. ‘Con todo ello reducían la competencia entre las empresas que se presentaban’, concluye la CNMC”.

Desde CGT queremos insistir en que la verdadera culpable es la propia Administración que, en connivencia con estas UTEs, permitían a las propias empresas participar en la redacción de los pliegos de los concursos públicos para encarecer artificialmente estos contratos. Como señala eldiario.es, la CNMT denuncia que “en numerosas ocasiones la Administración ha recurrido a las empresas (especialmente Indra y SAG) para que le ayuden en el diseño de los pliegos” y esto con una “clara intención de manipular el procedimiento con un único objetivo, mantener las posiciones en los sucesivos contratos”. Los motivos lucrativos de estas empresas de informática están claros, pues no son ninguna ONG, pero desde CGT nos preguntamos ¿si la Administración no solo era consciente de este saqueo sino que lo favorecía, quiénes son y qué beneficios se han llevado los implicados en la preparación de estos concursos durante todos estos años?

La resolución de al CNMC que adjuntamos solo analiza las adjudicaciones realizadas hasta el año 2014-2015 por lo que no tenemos ninguna garantía de que los concursos que están ahora mismo en marcha no vayan a seguir con estas prácticas fraudulentas, habida cuenta de lo llevaderas que son estas multas para las empresas implicadas. ¿Hasta cuándo vamos a consentir este saqueo de lo público?

http://www.cgtstap.es/la-cnmc-acusa-a-once-empresas-informaticas-de-crea...

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