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El CETA le sigue el juego a Trump

 

Jennifer Morgan y Joanna Kerr

Directoras ejecutivas de Greenpeace Internacional y Greenpeace Canadá, respectivamente. Twitter: @climatemorgan y @joannadkerr

publico.es


La clase política se aferra actualmente a cualquier signo que transmita sensación de seguridad ante la nueva complejidad e imprevisibilidad de las relaciones internacionales. Solo esto podría explicar que acepten ciegamente los graves riesgos de un acuerdo de comercio e inversión entre la UE y Canadá, más conocido como CETA. El hecho de que la UE deba mantener una relación cordial con sus socios no significa que los miembros del Parlamento Europeo abandonen la necesaria prudencia a la hora de aprobar un acuerdo que, repetimos, entraña demasiados riesgos.

Los miembros del Parlamento Europeo hacen bien en preocuparse por la inestabilidad geopolítica que podría provocar el Brexit y la convulsa política de Trump. Pero apoyar el CETA por motivos “progresistas” es emplear el mismo doble rasero que emplea Trump cuando afirma que “drenará el pantano” de Washington, en referencia a la clase dirigente, mientras que al mismo tiempo forma su nuevo gabinete con multimillonarios y miembros de grupos de presión. En vez de proteger el interés público frente a la avaricia de las empresas, los miembros del Parlamento Europeo se plantean aprobar un acuerdo que no es sino otra herramienta de la industria contaminante para arremeter contra los estándares en materia de salud y seguridad.

Los defensores del CETA aseguran que fomentará las buenas relaciones internacionales, pero los grandes interesados en este acuerdo son las grandes empresas, no la ciudadanía ni el planeta. Este no es un debate a favor o en contra del comercio, este debate gira en torno a las normas que queremos que rijan nuestra sociedad. Si realmente Estados Unidos da marcha atrás, la UE tiene la oportunidad de dar un paso adelante y establecer una agenda de comercio de altos estándares. La UE se debe enorgullecer de los grandes esfuerzos que ha hecho para proteger la sanidad pública, el medioambiente, el clima y los derechos de los trabajadores. Estos logros deben ser el punto de partida de cualquier acuerdo comercial. Pero el CETA pone en peligro estos avances y establece un mayor poder decisorio a las corporaciones y mayores privilegios a los inversores extranjeros.

La Comisión Europea prometió que el principio de precaución de la UE -que consagra el derecho de los responsables de formular las políticas a ser precavidos para evitar daños al medioambiente- no peligraría por intereses comerciales. Sin embargo no hay rastro del principio de precaución en el CETA. Es muy probable que ello suponga la rebaja de estándares en la UE en temas como los organismos genéticamente modificados o la presencia de sustancias químicas peligrosas en productos de consumo. Precisamente, Greenpeace ha estado trabajando durante décadas con instituciones políticas y el sector privado para evitar que las sustancias tóxicas entren en el mercado europeo. Este trabajo de defensa de los intereses de los ciudadanos y el medioambiente es visto desde los defensores del CETA como “barreras innecesarias al comercio”.

La Comisión Europea ya demostró estar dispuesta a sacrificar la protección de los consumidores en aras del comercio. El pasado verano, la Comisión Europea aseguró a los representantes canadienses y estadounidenses que la propuesta para rebajar la protección contra los disruptores endocrinos que recoge la legislación comunitaria en materia de plaguicidas satisfaría sus intereses comerciales. Los disruptores endocrinos son sustancias químicas peligrosas que pueden provocar anomalías congénitas y cáncer, además de suponer para la UE más de 160 mil millones de euros anuales en gastos sanitarios adicionales. Canadá también presionó para que se priorizase el comercio frente a la protección de la salud pública en la UE. A través de la Organización Mundial del Comercio, Canadá ha desafiado el sistema de protección contra sustancias químicas de la UE en más de veinte ocasiones, más que cualquier otro país. El CETA conseguiría que la UE sea mucho más vulnerable frente a estos ataques contra la protección del consumidor.

La UE es la segunda mayor economía del mundo; países de todo el mundo están deseando comerciar con un mercado de más de 500 millones de consumidores. En estos tiempos tumultuosos la UE tiene la oportunidad de posicionarse como líder moral y garantizar que la globalización no destruye ni los ecosistemas ni el clima del que depende nuestra economía, ni pone en riesgo la salud y seguridad de la ciudadanía, ni trata a los trabajadores de forma injusta. Tras la elección de Trump los países del mundo cortejan a la UE, por lo que los responsables de Bruselas y los líderes de los Estados miembros deben tomarse más en serio su responsabilidad.

El miedo a la inestabilidad mundial no debe hacernos perder de vista los objetivos del CETA. Este acuerdo no busca la unidad internacional, busca una menor protección para la salud pública, los derechos de los trabajadores y el medioambiente. Trump anunció a los votantes que las élites estaban en su punto de mira, pero en realidad solo se la tiene jurada a aquellas normativas que las grandes empresas consideran trámites burocráticos, lo que la sociedad civil considera que son mecanismos esenciales de protección del bien común. El CETA busca lo mismo que Trump pero por otros métodos. Tanto la ciudadanía como el planeta sufrirán las consecuencias de ambos.

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