"España está obligada, bajo la ley internacional, a investigar las graves violaciones de los Derechos Humanos, incluidas las cometidas durante el régimen de Franco, y a procesar y castigar a los responsables si todavía están vivos", afirmó el portavoz de Pillay, Rupert Colville, durante una rueda de prensa celebrada en Ginebra.
Además, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, existe un deber hacia las víctimas, que tienen "derecho de reparación".
Colville recordó que, conforme a una recomendación de 2009 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, "España debe derogar su ley de amnistía, puesto que no es conforme con las leyes internacionales de derechos humanos". Dicha recomendación, elaborada por 18 expertos de la organización internacional, toma como base el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, ratificado por el Estado español en 1985.
La citada oficina descartó comentar la condena emitida contra Baltasar Garzón por el "caso Gürtel", pero, en alusión a la causa abierta en su contra por declararse competente para investigar los crímenes cometidos por el franquismo, opino que "los jueces no deberían ser objeto de una investigación penal por hacer su trabajo", habida cuenta de que sus investigaciones, según la ONU, tratan de cumplir los estándares internacionales en la medida en que no cabe amnistía para "graves crímenes internacionales".
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