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Atraco, impunidad y alevosía

 

Artículo de opinión de Rafael Cid

Rafael Cid


El divorcio a la catalana es solo uno de los múltiples conflictos que evidencian la metástasis que corroe al régimen del 78. Un largo capítulo de humillaciones y abusos soportados resignadamente durante decenios por la auténtica mayoría silenciosa. Penitencia  que alcanzó su clímax cuando la crisis económica provocada por la oligarquía financiera se hizo recaer sobre los perjudicados por el exclusivo derecho a decidir que ostenta el duopolio dinástico hegemónico. Seguramente sin ese plus de desprecio hacia los verdaderos titulares de la soberanía general el descrédito de la clase política no hubiera llegado a la actual situación de no retorno. La convicción entre los sectores ciudadanos más consecuentes y responsables es que esta coyuntura ya no tiene enmienda. El sistema es irreformable desde dentro y la única salida digna es la ruptura democrática. Hartos de estar hartos.

A más abundancia, quizás la piedra de toque definitiva del colapso en curso tenga que ver con noticias como la que acaba de producirse en sordina en medio de la traca del procés. Me refiero al fallo de la Sala de lo Penal de lo Penal de la Audiencia Nacional declarando que la “omisión” del gobernador del Banco de España (BE) y del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con la salida tramposa a bolsa de Bankia no constituye delito. Un auto que, por elevación y analogía, exime también de toda responsabilidad en la crisis-saqueo general a Miguel Fernández Ordoñez (Mafo) y a Julio Segura, los dos máximos representantes de esas entidades clave en el control del entramado bancario.

De esta forma, los más de 40.000 millones de euros dilapidados en el rescate a los bankers (muchos más que los recortes de sanidad, educación y pensiones juntos) hay que darlos por bien empleados. Aceptar que nadie en las alturas del sistema, ninguna autoridad con mando en plaza, tuvo responsabilidad en unos hechos tan ruinosos para los de abajo. Y que habrá que contentarse con las piezas cobradas en las personas de Rodrigo Rato y el finado Miguel Blesa. Y nada más, santa Rita Rita… Igual que en su día el juicio sobre los crímenes de los GAL no alcanzó a Felipe González y la homicida tragedia del Yak-42 se frenó ante la puerta del despacho del impresentable  Federico Trillo, la mayor estafa social de la reciente historia española no tiene quien la suscriba.

Lógicamente una democracia sorda y muda ante el bárbaro despotismo de los poderosos no podía sino terminar cavando su propia tumba. Cuando ocupamos los primeros puestos en el ranking europeo de paro y de precariedad laboral, y a la vez las estadísticas indican que el número de multimillonarios ha brotado como hongos en 2016, la infamante exoneración de Mafo y Segura solo puede interpretarse como prueba de cohabitar en un Estado cleptómano, que roba a los pobres con el BOE para dárselo a los mafiosos de la Marca España. No porque haya en la cúspide gestores públicos reprobables al servicio de la clase dominante, sino porque toda su arquitectura está diseñada para que la alta corrupción quede impune.

Una golondrina no hace verano. La brecha abierta entre representantes y representados está jalonada de un sinfín de apaños entre la clase política y el mundo dinero para ordeñar al producto social como un botín de guerra. Ese ha sido el gen que ha guiado los pasos del bipartidismo esquilmador que ahora se lleva las manos a la cabeza porque un sector de la ciudadanía en Catalunya está diciendo adiós a todo eso. Por remontarnos solo al entorno de la crisis, conviene recordar lo ocurrido en la segunda legislatura de Rodríguez Zapatero, cuando se liquidó de un plumado el parque de las cajas de ahorros (después de ser vaciada por la casta política y sindical adicta); el jefe de la oficina económica de Moncloa, David Taguas, dejaba su puesto para acto seguido colocarse al frente de SEOPAN, la patronal de obras públicas, o el entonces presiente de gobierno socialista despedía a su afición indultando al consejero delegado del Santander, Alfredo Sáenz, condenado en firme por el Tribunal Supremo.

Aquellos vientos y otros de parecida cuantía delincuencial incubaron la vigente catarsis. Nada nuevo bajo el sol. El PSOE, en ese terreno como en tantos otros, seguía los pasos del PP en su versión más rancia. También el ejecutivo de José María Aznar miró para otro lado cuando el entonces subgobernador del Banco de España Miguel Martín (1992- 2006) pasó como si tal cosa a dirigir la patronal de los grandes de la banca. Puerta giratoria que se haría hábito de malhechores con el actual presidente de la AEB, José María Roldán, que venía de ser el jefe de Regulación y Estabilidad Financiera del BE en la crisis que nos está llevando del Estado de Bienestar al de Beneficencia. La exculpación del tándem Fernández Ordoñez-Segura es aún más chocante cuando en el mismo auto el tribunal sienta en el banquillo a la auditora Deloitte, que fue quien validó el folleto de salida a Bolsa de la entidad privatizada, y mientras el actual subgobernador del Banco de España, José Viñals, ha reconocido públicamente  que se “cometieron errores de supervisión”.

Pura tangentópolis que ni siquiera se molesta en disimular y hace extraños compañeros de cama. González, Mister X, acaba de ser condecorado por el peligroso “rojo radical” Alexis Tsipras con el Premio a la Democracia de la ciudad de Atenas. En este mundo traidor todo vale, todo se aprovecha, de un cuerno se hace una percha, que decía Gloria Fuertes. El problema siempre es el mismo. Contra la derecha luchamos mejor, pero si se trata de la sedicente izquierda,  de “unos de los nuestros”, se da la callada por respuesta. Es el caso de Miguel Ángel Fernández Ordoñez, secretario de Estado de Hacienda en el felipismo, consejero de Prisa y editorialista de El País; y de Julio Segura, ex dirigente del PCE, el hombre que elaboró la ponencia económica del VIII Congreso del Partido. Quizás por eso, CCOO, UGT, Izquierda Unida y el mismo PSOE, tan diligentes a la hora de denunciar los atropellos de la Gürtel y demás ralea, ni saben ni contestan. Es lo que tienen las tarjetas black y otros emolumentos. Incluso cabe el caso de intelectuales de esos partidos emergentes que publican encendidas denuncias sobre el atropello de la trama mientras su matriz persiste en el selectivo bando de los condescendientes. El único sindicato de clase personado como acusación particular contra los responsables del BE y de la CNMV en el caso Bankia, ha sido la anarcosindicalista Confederación General del Trabajo (CGT). ¿Será porque entre sus objetivos no figura llegar al poder haciendo méritos ni obtener réditos políticos de las instituciones del Estado?

Rafael Cid

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