Baleares deja sin sanidad a inmigrantes sin recursos

La consellera balear de Salud, Carmen Castro, desmentía estas informaciones a través de Twitter: «Todas las embarazadas y los menores de 18 años extranjeros sin recursos tienen garantizado el derecho por ley a la asistencia sanitaria», aseguró. Afirmó, asimismo, que los extranjeros reciben «el mismo trato que los españoles en las mismas circunstancias».

Le ocurre sobre todo a las personas llegadas de los países menos desarrollados, cuyos ciudadanos son víctimas de una situación kafkiana: el Govern les exige que aporten un documento que las deficientes administraciones de sus estados de origen no les puede facilitar. Se trata de un certificado que los españoles sin recursos consiguen con una corta visita a Hacienda, trámite exprés que se convierte en barrera insuperable para algunos inmigrantes, que han de solicitar los datos en países que en algunos casos no tienen ni los mínimos controles de población.

Ese certificado que el Govern considera indispensable se emplea para probar que la persona que solicita la tarjeta vive de verdad una situación de penuria. Para muchos inmigrantes arrojados por la crisis a la misma cuneta de la exclusión económica en la que ya viven miles de baleares, el trámite se resuelve en su consulado. Para otros, no es tan fácil: no hay ni consulado. O peor: en sus estados carecen hasta de censo, por lo que, sencillamente, no existen. Ocurre sobre todo con los procedentes de África y Asia, aunque se repite también en los países más subdesarrollados de Sudamérica.

Para ayudarles a salvar esa barrera y ofrecerles la asistencia sanitaria que les garantiza la ley española, el Ib-Salut aceptaba hasta octubre una declaración jurada en la que los inmigrantes que no podían conseguir el documento de su país confirmaban que carecían de recursos. «Abríamos la mano porque éramos conscientes de que en muchos casos era imposible que cumpliesen ese trámite. Era una cuestión de sentido común: no podíamos dejar sin asistencia a gente sin recursos, entre otras cosas porque la ley exige que se les atienda», explica un alto cargo sanitario del anterior Govern. Sigue leyendo