El 17 de febrero, el gerente del Consejo Comarcal del Tarragonès, Santiago Pallàs, ha presentado ante el Departamento de Trabajo el ERE de extinción contractual de los 11 trabajadores de la ICODE. Esta decisión se toma en un contexto de crisis económica y con más de 5 millones de parados-el 23% de la población activa-y un 50% de paro juvenil con la pretensión de despedir a los trabajadores de un organismo autónomo dependiente del Consejo Comarcal que se dedican, paradójicamente, a la formación ocupacional.
Pallàs justifica este despido colectivo en el "gasto sobredimensionada" del Instituto Comarcal de Empleo y Desarrollo. Dentro de este gasto se supone que ha tenido en cuenta que el presidente del Consejo, Federico Adán, recibe unos 1.800 € mensuales para realizar esta tarea-no ha asistido a ninguna de las reuniones mantenidas entre el Consejo Comarcal y los trabajadores de el ICODE-; que suma los 2.500 € mensuales que percibe como profesor de la URV-los alumnos se han quejado de la falta de presencia de Adán a las clases-y aproximadamente 24.000 € anuales como concejal por el Ayuntamiento .
Asimismo, el gerente del Consejo Comarcal, Santiago Pallàs-que fue elegido por el PP y CiU para ocupar este puesto-, recibe un sueldo de aproximadamente 55.000 € anuales y vive de la política desde 1991, sin olvidar el sueldo que recibe la vicepresidenta del Consejo Comarcal, Judith Heras (PP) para este cargo aunque, según los trabajadores de la ICODE, nunca asiste a su puesto de trabajo.
De hecho, existe una partida presupuestaria de 196.000 € destinada a los políticos del Consejo Comarcal.








































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