Artículo publicado en el Eje Violeta del Rojo y Negro nº 348, septiembre

En estos días, ha sido noticia el último ataque del capitalismo más patriarcal contra el derecho al aborto en Brasil. En plena pandemia por el COVID-19, la recesión económica, los incendios y el peligro de supervivencia de los Pueblos Originarios del Amazonas, el Gobierno reaccionario de su presidente Bolsonaro ha estimado que atacar y coartar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y por lo tanto a abortar, era una prioridad y ha propuesto limitarlo desde el Ministerio de Sanidad.

En estos días, ha sido noticia el último ataque del capitalismo más patriarcal contra el derecho al aborto en Brasil. En plena pandemia por el COVID-19, la recesión económica, los incendios y el peligro de supervivencia de los Pueblos Originarios del Amazonas, el Gobierno reaccionario de su presidente Bolsonaro ha estimado que atacar y coartar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y por lo tanto a abortar, era una prioridad y ha propuesto limitarlo desde el Ministerio de Sanidad. El ya restringido derecho al aborto limitaba su aplicación a graves malformaciones del feto, al peligro para la salud de la mujer y al resultado de una violación. Pero en este mes de agosto, en lugar de urgir, por ejemplo, el fin de la violencia sexual y la pedofilia, comunidades religiosas afines al presidente presionaron para que una menor de 10 años embarazada tras la violación de su tío, no abortara. Y fruto de esta movilización contra al derecho al aborto libre, seguro y gratuito para todas las mujeres, incluidas las menores de edad, Bolsonaro ha concretado la promesa electoral de dificultar aún más el derecho a interrumpir voluntariamente un embarazo. El Ministerio de Sanidad brasileño ha propuesto limitar el aborto pretendiendo obligar al personal médico a proponer a la mujer ver el embrión o el feto por ecografía antes de la intervención; la mujer deberá “contar detalladamente” lo que ha sucedido y se iniciará un procedimiento judicial contra ella si no puede probar sus afirmaciones de violación. Una aberración frente a la que el movimiento feminista y sindical se ha levantado para hacer frente y no permitir ni un paso atrás en la despenalización total del aborto.

Se suman así a la Campaña Nacional que desde 2005 continúa hasta que el aborto sea Ley en Argentina, pero también las mujeres exigen justicia y libertad para abortar en Ecuador, México, Chile, Honduras o Perú. Como claman las consignas feministas, “Alerta que camina la lucha feminista por América Latina”. El Caribe no se queda atrás, porque ésta es una cuestión que nos atañe a todas las personas, a las que se quedan embarazadas sin desearlo, a las que dejan embarazadas a las mujeres y sobre todo a las niñas y mujeres que continúan sin poder decidir sobre su cuerpo y su futuro.

El derecho al aborto seguro aglutina muchos otros derechos que continúan sin garantizarse por parte de los Estados como son la salud sexual y reproductiva. El movimiento feminista defiende la laicidad del Estado para garantizar entre otras, una educación sexual para todas las personas de forma explícita y transversal en el sistema educativo público que reconozca la diversidad sexual y de género, las funciones no reproductivas de la sexualidad, la ética y el cuidado de las relaciones en respeto y libertad, que acabe con la violencia hacia las mujeres, y en particular contra la violencia sexual…

La completa despenalización del aborto garantizaría el derecho a la vida y a la salud de las mujeres que deciden abortar

Porque en los países que no se permite abortar (ya que en ninguno está garantizado el libre acceso a la interrupción voluntaria de un embarazo no deseado), las mujeres deben acudir a la clandestinidad para abortar, poniendo en riesgo sus vidas, además de su libertad si son denunciadas. En 2017 se estimó que más de 44 millones de mujeres abortaban al año en el mundo y que entre las que no tenían acceso al aborto seguro, más de 47 mil morían cada año por la falta de higiene, conocimientos o posibilidad de atención sanitaria posterior al aborto. Muchas más sufren enfermedades y atrofias en su cuerpo fruto del aborto practicado en condiciones no seguras. En países como México o Brasil, el aborto clandestino es la cuarta causa de muerte para las mujeres. Una causa perfectamente eliminada si se garantizara el derecho a la educación sexual y al aborto libre y seguro por parte de los servicios públicos.

Por último, aunque sin agotar las múltiples aristas del aborto, una ley que garantice el derecho incondicional a abortar también frenaría las exigencias capitalistas de procreación sin garantizar por su parte los derechos humanos a todas las personas nacidas: salud, educación, vivienda, libertad de movimiento, de asociación, de acción… Y es que hace ya más de un siglo, precursoras como Rosa Luxemburgo o Alejandra Kollontai defendían el derecho al aborto como una prioridad revolucionaria. En aquella época, frente al abandono de la infancia mientras sus madres y padres trabajaban interminables jornadas laborales para ganarse el mínimo sustento para sobrevivir, se señalaba la avaricia del capitalismo en promover el nacimiento de mano de obra barata, analfabeta y sumisa. Niñas y niños, que por otra parte, se relegaba a cuidar y educar exclusivamente a las mujeres, esclavizándolas a su vez a ellas y “adormeciendo” su conciencia a través de los ideales del amor romántico, la monogamia o el mal llamado “instinto maternal”. ¿No suena todo esto? En el Estado español, “las malas madres” organizaban una campaña durante el confinamiento por la pandemia por el COVID-19 denunciando: “Esto no es conciliar” tras extremar la experiencia de ser madres, educadoras, asalariadas, enfermeras, cocineras, limpiadoras, amantes… las 24 horas y los 7 días de la semana que duraba el confinamiento. Pero éste es otro tema, aunque igualmente entroncado con el derecho a decidir.

En el Estado español se sigue sin garantizar el derecho a un aborto libre y seguro en la sanidad pública

La defensa del derecho a abortar no sólo afecta a las demás, a mujeres de países lejanos. En el Estado español, los abortos practicados en el sistema sanitario público o privado son de obligada declaración al sistema de vigilancia epidemiología lo que permite estudiar su evolución. Según el último estudio que se ha realizado por el mal llamado Ministerio de Sanidad, publicado en 2019, en 2018 más del 86% de los abortos practicados han sido en la sanidad privada. Y aunque esta tendencia a no practicarse abortos en la sanidad pública se está reduciendo, es inaceptable que las médicas y médicos que trabajan en la sanidad pública sigan declarándose objetores de la ley que debería garantizar el acceso al aborto a las mujeres que lo deciden. También denunciamos que las empresas de la sanidad privada se sigan lucrando con la práctica de abortos. Es por ello que la sociedad y en particular las mujeres y niñas, debemos seguir movilizándonos por tener garantizado el derecho a abortar en la sanidad pública, pero además, por el libre acceso al aborto sin plazos ni supuestos, ni limitaciones de edad como hasta ahora.

28 de septiembre, día mundial por la despenalización del aborto

Aunque la lucha por defender el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas es diaria, en el V Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe, celebrado el 1990 en San Bernardo, Argentina, se consensuó dedicar el 28 de septiembre a la concienciación y exigencia de sacar el aborto del código penal, apremiando a lo sociedad y a sus gobiernos a garantizar el libre acceso al aborto de forma segura, gratuita y en la sanidad pública. Fue la delegación brasileña quien propuso la fecha para reivindicar “la libertad de vientres” que declaraba un 28 de septiembre de 1988 la libertad de las niñas y niños nacidos de mujeres esclavas.

Frente a los ataques del capitalismo patriarcal, diferentes campañas y movilizaciones se están llevando a cabo en los diferentes continentes. Adjuntamos un mapa publicado por el Centro de Derechos Reproductivos (EE.UU.) publicado en https://www.eltiempo.com/vida/mujeres/mapa-de-los-paises-que-aprueban-y-no-el-aborto-383620 en 2019 donde se muestra los diferentes estadios del derecho a abortar en el mundo.

Todo esto ocurre al mismo tiempo que otros estados, como el de Turquía, se ha planteado abandonar el “Convenio Europeo de Estambul” contra la violencia machista, formado y ratificado en 2012 por considerar que “ataca a la familia tradicional”. Otros países europeos que nunca llegaron a ratificar el acuerdo han amenazado con abandonar el convenio, como Polonia, Bulgaria, la República Checa, Hungría, Letonia y Eslovaquia.

Compañeras, compañeros, lo urgente no es todo lo importante y los ataques del patriarcado son constantes. Es inaceptable que las mujeres continuemos no pudiendo decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Debemos seguir reivindicando el derecho a abortar sin plazos, sin supuestos, sin consecuencias penales o sanitarias. Es posible abortar de forma segura, continuemos saliendo a las calles para exigir que este derecho no continúe limitándonos, somos libres, no queremos que se cercene nuestro derecho a decidir sobre nuestras vidas.

Siriarte


Fuente: Rojo y Negro