EL JUZGADO DE LO Social 1 de Algeciras ha dictado varias providencias requiriendo la comparecencia de la Consejería de Educación ante ese juzgado, distintos días del mes de febrero, al objeto de abonar las cantidades que se le adeudan a un grupo de docentes afiliados a CGT, así como que pague los intereses, por la demora injustificada y las costas de cada uno de los juicios que han sido favorables a las demandas presentadas por CGT.

EL JUZGADO DE LO Social 1 de Algeciras ha dictado varias providencias requiriendo la comparecencia de la Consejería de Educación ante ese juzgado, distintos días del mes de febrero, al objeto de abonar las cantidades que se le adeudan a un grupo de docentes afiliados a CGT, así como que pague los intereses, por la demora injustificada y las costas de cada uno de los juicios que han sido favorables a las demandas presentadas por CGT.

Es un caso más de la falta de respeto que los políticos de la Consejería de Educación y la Delegación Provincial muestran a las instancias judiciales. De forma que después de numerosos requerimientos y resoluciones ejecutorias de las sentencias, siguen los responsables políticos de la Educación Andaluza negándose a acatar las sentencias.

Al Sr. Chaves y Sr. Zapatero se les llena la boca cuando en lo medios de comunicación manifiestan su más ¡absoluto respeto ! a las actuaciones judiciales. CGT se pregunta si hacer desatender reiteradamente frente las sentencias firmes no es una muestra evidente de “desprecio” hacia la autoridad judicial que las dicta.

Otra cuestión no menor es que esa “desidia”, esa actitud “chulesca”, nos cuesta a todos los ciudadanos y ciudadanas andaluces dinero. Ya que de haberse producido el pago, de lo que en justicia se le adeuda a los docentes, el asunto hubiera quedado zanjado. Pero eso no va a ser así ya que el haber hecho oídos sordos a los requerimientos judiciales supone pagar intereses y costas con dinero de todos.

En caso de no proceder al pago se producirá el embargo y se concreta una multa diaria de hasta 300 euros.

CGT rechaza este comportamiento y entiende que los responsables políticos causantes de esta “malversación” de dineros públicos por desidia o apatía deben ser cesados de sus funciones.


Fuente: Fdo Rafael Fenoy Rico | Secretario de Jurídica y Comunicaciones de la Federación