Artículo de opinión de Rafael Cid

Cuando se cumple una década del bombardeo de Libia por un combinado militar formado por Estados Unidos y la OTAN, dos actores del conflicto bélico donde España tuvo un papel estratégico, Ángel Gabilondo, entonces ministro del Gobierno de Rodríguez Zapatero (el surgido del << ¡No a la Guerra! >>), y el JEMAD Julio Rodríguez, concurren a las elecciones del próximo 4M como referentes del tándem PSOE-UP que gobierna a nivel del Estado.  Esta vez en son de paz, aunque cada cual a su bola y tomando las distancias de rigor.

Cuando se cumple una década del bombardeo de Libia por un combinado militar formado por Estados Unidos y la OTAN, dos actores del conflicto bélico donde España tuvo un papel estratégico, Ángel Gabilondo, entonces ministro del Gobierno de Rodríguez Zapatero (el surgido del << ¡No a la Guerra! >>), y el JEMAD Julio Rodríguez, concurren a las elecciones del próximo 4M como referentes del tándem PSOE-UP que gobierna a nivel del Estado.  Esta vez en son de paz, aunque cada cual a su bola y tomando las distancias de rigor. Porque hoy el candidato socialista a la CAM rechaza colaborar con el  <<planteamiento extremista y radical>> de Pablo Iglesias, el jefe de filas del <<general rojo>> favorito del Pentágono que tiene confesado haberse dejado crecer la barba <<por rebeldía>> (El País, 18/11/2018).

El inicio del ataque a la Libia de Muamar el Gadafi en marzo de 2011 venía avalado con los sacramentos que rigen el derecho internacional de los más fuertes. Era consecuencia de una resolución de la ONU, adoptada mayoritariamente por  el Consejo de Seguridad (solo hubo abstenciones), y en lo concerniente a España ratificada por el parlamento con el único rechazo de los diputados de Izquierda Unida (IU) y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG). Además, la leyenda que jalonaba la intervención militar sostenía que buscaba evitar las represalias del régimen contra la población civil en el ciclo de protestas de la <<primavera árabe>> desencadenadas en Túnez y Egipto. Pero el resultado a diez años vista es una interminable guerra civil tribal y la destrucción y saqueo de uno de los países con mayor prosperidad de la zona.

Recordando aquellos acontecimientos, la publicación de izquierdas italiana Il Manifesto, fundada por Rossana Rossanda, señalaba en su última entrega del pasado 29 de marzo de la mano de Manlio Dinucci: <<Aunque el Pentágono ya había emprendido su estrategia de destrucción de todos ‎los Estados en los países del Medio Oriente ampliado, la destrucción de Libia fue ‎resultado de una maniobra urgente de orden financiero. ‎[…] En 7 meses, los aviones de Estados Unidos y de los países de la OTAN implicados en aquella ‎agresión realizaron 30.000 misiones contra Libia, entre ellas 10.000 misiones de ataque, ‎utilizando contra el pueblo libio más de 40.000 bombas y misiles. ‎Así fue destruido ese Estado africano que, como consta en la documentación del Banco Mundial ‎correspondiente al año 2010, mantenía «altos niveles de crecimiento económico», con un ‎aumento anual de su PIB de 7,5%, y registraba «altos indicadores de desarrollo humano», como el ‎acceso universal a la escuela primaria y la instrucción secundaria, y más de un 40% de personas ‎incorporadas a estudios universitarios. […]‎ El Estado libio, que poseía las ‎mayores reservas de petróleo de toda África, además de grandes reservas de gas natural, dejaba ‎márgenes de ganancia limitados a las compañías extranjeras. […]‎ Gracias a la exportación de recursos energéticos libios, la balanza comercial de la Yamahiriya ‎registraba un excedente anual de 27.000 millones de dólares. Con tamaños recursos, el Estado ‎libio había invertido en el exterior unos 150.000 millones de dólares. […] Hoy en día, los ingresos de las exportaciones de hidrocarburos libios van a manos de los grupos ‎que se disputan el poder y de unas cuantas transnacionales extranjeras mientras que la población ‎libia trata de sobrevivir en medio de una situación caótica caracterizada por constantes ‎enfrentamientos armados entre diferentes facciones>>.

Un análisis que contradice ‎el objetivo de aquellos bombardeos <<humanitarios>> sobre uno de los mayores productores de petróleo del mundo (1,6 millones de barriles diarios, en un 70% gestionados por la empresa gubernamental National Oil Corporation), que en el momento del ataque atesoraba bienes valorados en más de 56.000 millones de dólares, entre ellos 100 toneladas de oro depositadas en la reserva federal del Banco Nacional de Libia. Otros estados del entorno, como el Túnez de Mohamed Ali y el Egipto de Hosni Mubarak, nación esta última donde la represión de la población fue especialmente cruel, no sufrieron ningún hostigamiento por parte de los centuriones del orden mundial. La estrategia política  de Gadafi pasaba por liderar una entente africana entre países no alineados aprovechando su extraordinario potencial económico y financiero. Por el contrario, Ali y Mubarak eran miembros de la Internacional Socialista (IS), donde destacaban algunos de los gobiernos que promovieron la escalada bélica en Libia.

En su informe anual del 2020, Amnistía Internacional (AI) resumía así la situación de Libia: <<Las milicias, grupos armados y terceros Estados que respaldaban a las partes beligerantes cometieron con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario, incluidos posibles crímenes de guerra. […] Miles de personas estaban recluidas arbitrariamente, sin juicio ni posibilidad de impugnar la legalidad de su detención. Las milicias y los grupos armados secuestraban a manifestantes, periodistas, profesionales de la medicina, personal del gobierno y activistas de la sociedad civil, entre otras personas, por su afiliación política, regional o tribal y su nacionalidad, reales o percibidas; tomaban rehenes para exigir rescate, e infligían tortura u otros malos tratos en centros de detención oficiales y no oficiales. Las mujeres, las niñas y las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales siguieron siendo objeto de discriminación y de violencia. […] Autoridades, miembros de grupos armados y milicias, y bandas delictivas sometían sistemáticamente a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes detenidas, a tortura y otros malos tratos, homicidio ilegítimo, violencia sexual y trabajo forzoso. Los tribunales militares impusieron condenas a muerte; no se tuvo noticia de ninguna ejecución>>. Cuando visité Trípoli como periodista con motivo de la presentación del Libro Verde (una apuesta teórica por una tercera vía autogestionaria), compartí estancia con Julián Campo,  ministro de Obras Públicas y Urbanismo del primer ejecutivo socialista; el destacado arabista Pedro Martínez Montávez; la actriz inglesa Vanessa Redgrave; y varios dirigentes andaluces del Sindicatos de Obreros del Campo (SOC).

El ataque a Libia se realizó mediante un despliegue de efectivos por mar y aire, sostenido en primera instancia por tres potencias de la alianza militar más cercanas al teatro de operaciones, Francia, Italia y España. Pero fue nuestro país, en su doble condición de miembro de la OTAN y albergador de importantes bases norteamericanas, quien encabezó la ofensiva aérea. Misión que coordinó el entonces general del Ejército del Aire y máximo responsable del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) Julio Rodríguez, quien antes había ocupado la jefatura del Grupo Multinacional del Proyecto de Reabastecimiento en Vuelo en la OTAN y la dirección General de Armamento y Material (DGAM) del ministerio en la etapa de José Bono. El nombramiento del nuevo JEMAD contó con el visto bueno de la Casa Blanca, según se desprende del contenido de un cable de carácter reservado divulgado por Wikileaks. <<La Oficina de Madrid de Cooperación para la Defensa ha trabajado ampliamente los dos últimos dos años con el Teniente General Rodríguez cuando era Director de Planes y Programas del Cuartel General del Ejército del Aire […] El General Rodríguez ha visitado Estados Unidos y se reunió en 2007 con el Vicesecretario de Defensa>>, señalaba la nota secreta emitida por la estación de la CIA  en España. Asegurando: <<Él es un pro-Estados Unidos, un firme partidario de la actuación conjunta y un pensador estratégico>>. El JEMAD que el 31 de marzo de 2011 en TVE había calificado la intervención en Libia como << un triunfo de la democracia>>, tras ser fichado por Podemos cuatro años más tarde declaró públicamente  ser <<pacifista y antimilitarista>>.

La peripecia de Ángel Gabilondo desde sus tiempos de ministro hasta figurar como cabeza del cartel electoral del PSOE para los comicios del 4M es menos colorista que el culebrón del ex JEMAD, aunque también registra las declinaciones a que se obligan quienes aspiran al estrellato en el olimpo del poder político. Durante años oficiando como hermano del Sagrado Corazón, una congregación católica fundada hace ahora 200 años bajo las reglas de san Agustín, se convirtió años después en titular de la cartera de Educación del Ejecutivo socialista que gestionó el ataque a la Libia de Gadafi. Y debió hacerlo con la tranquilidad del deber cumplido y el sentimiento de la obediencia debida. Al menos eso es lo que cabe interpretar, dado que tras asistir al consejo de ministros que dio vía libre al casus belli Gabilondo se desplazó a un cine del centro de la capital para ver la película Incendies. Un amargo filme que describía las trágicas consecuencias de la guerra de facciones en el Líbano. No se trata de una especulación gratuita: yo estaba en la fila anterior a la que ocupaba Gabilondo con su pareja y escoltas.

La incursión militar duró 7 meses y 12 días. Los bombardeos de la coalición provocaron al menos 718 muertos y 433 heridos entre la población, entre otros los nietos de Gadafi de corta edad. Y concluyó con la liquidación del líder libio, asesinado antes las cámaras de televisión por mercenarios del Special Air Service, las fuerzas especiales del Ejército británico, tras haber rechazado la petición de alto el fuego ofrecida por Trípoli. La OTAN negó tener ningún conocimiento de víctimas civiles provocadas por los ataques aliados

Rafael Cid


Fuente: Rafael Cid