Venimos asistiendo durante estas últimas décadas a dos fenómenos de indudable interés y conexión. El mantenimiento de la red de centros educativos concertados y la crisis de devociones en la iglesia católica. Históricamente la enseñanza en España se ha encontrado en manos de la Iglesia y sobre todo de las órdenes religiosas especializadas en ello.

Venimos asistiendo durante estas últimas décadas a dos fenómenos de indudable interés y conexión. El mantenimiento de la red de centros educativos concertados y la crisis de devociones en la iglesia católica. Históricamente la enseñanza en España se ha encontrado en manos de la Iglesia y sobre todo de las órdenes religiosas especializadas en ello.

El motivo es obvio ya que la enseñanza era y es una fuente de poder para quienes pueden acceder a ella. Poder del conocimiento que se adquiere y del cual carecen los que le rodean y poder de la ideología que se controla mediante la selección del conocimiento oportuno o conveniente a determinadas doctrinas.

No es de extrañar que la iglesia haya abanderado las primeras iniciativas educativas en España en intima colaboración con la monarquía, que tampoco ha sido ajena a la necesidad de poder. Tanto las escuelas de traductores, como las primeras universidades españolas fueron instituciones contraladas directamente por la iglesia. Desde la edad media hasta nuestros días fue en aumento el número e intensidad de las ofertas educativas, así como la cantidad de congregaciones religiosas (iniciadas en el siglo XIII con dominicos y franciscanos) que se han dedicado a la enseñanza. En nuestro país y en otros europeos, los Jesuitas, dedicados desde su fundación a la enseñanza, fueron expulsados por diversos gobiernos en varias ocasiones al negarse estos a dejar el voto de obediencia directa al papa de Roma. En resumen tema antiguo que va tomando un giro inesperado cuando soplan vientos más laicos.

Las órdenes religiosas españolas dedicadas a la enseñanza se encuentran al borde de la extinción, por falta de nuevas vocaciones que reemplacen las ya ancianas existentes. Los centros religiosos privados concertados son los más de esta categoría y aglutinan al 86% del total de alumnado escolarizado en ellos. En España algo más de dos millones. Por otro lado, cuentan estas órdenes con centros educativos bien situados, urbanísticamente hablando, en el centro de las grandes ciudades españolas, ocupando solares amplios. La inmensa mayoría del profesorado, por no decir todo, es seglar, no consagrado, es decir, ni curas ni monjas. Profesorado contratado y que es pagado por los fondos públicos.

En otras épocas mantener estos establecimientos escolares abiertos tenía mucho sentido para las órdenes religiosas en particular y la iglesia en general. Eran centros que trasmitían una ideología concreta, que conllevaba la reproducción ideológica del dogma católico en las tiernas mentes de los infantes e infantas. Por otro lado, al atender a la población escolar descendiente de las clases dominantes o de la burguesía incipiente o triunfante, contaban con un plus de influencia en las personas con más capacidad de intervenir social, económica y políticamente. Pero además, hay más, el numeroso conjunto de vocaciones religiosas que trabajaba directamente en estos establecimientos, ya que profesorado seglar casi no existía, permitía obtener una plusvalía considerable del trabajo de estos voluntarios perfectos, que lo daban todo a cambio de techo y comida, convencidos interiormente de la bondad de su misión educadora.

Las cosas han cambiado y este ejército de voluntarios se ha esfumado en unas décadas. Al frente de la inmensa mayoría de estos establecimientos quedan personas que han dedicado toda su vida a la orden, pero que tienen muchos años y el relevo generacional no se ha producido. Además el tipo de educación que se imparte en estos centros religiosos concertados es más difícil de ser ahormada a criterios estrictos del dogma católico. El profesorado no tiene porqué aceptar cualquier criterio diferente al de su propia conciencia y conocimiento profesional. Y a pesar de que en alguna sentencia se abunda en las limitaciones de la libertad de cátedra en estos centros, bien es verdad que hay otras que la defienden al ser un bien superior que hay que salvaguardar, frente a la intolerancia y los dogmatismos.

En fin un panorama desolador para unos cuantos miles de personas que han dado toda una vida en una obra que se desmorona a cachos. Por ello y antes de que se produzca el colapso inevitable, algunas órdenes cierran los establecimientos escolares, muchos de ellos con más de un siglo de historia, y venden el patrimonio para poder atender a las necesidades de cuidados de sus miembros, que son ya mayores. Según estimaciones realizadas por CGT el valor urbanístico del conjunto de los edificios escolares propiedad de órdenes religiosos, cercano a 7000 centros en todo el estado, se acerca a la deuda total de las entidades españolas con el Banco Central Europeo (BCE) que se estableció en febrero de este año (2010) en 76.269 millones de euros.

El ministerio de educación debería lo antes posible planificar la retirada escalonada de la enseñanza religiosa concertada del sistema educativo español. Los conciertos escolares deben contar no solo con la voluntad de quienes desean concertar, sino con las posibilidades reales de poder mantener el concierto en al menos una década. CGT entiende que siempre ha sido más cara la enseñanza concertada que la pública a pesar de la cantinela mediática y las ideas preconcebidas que anidan en el inconsciente colectivo. Basta analizar los presupuestos generales de las 18 administraciones educativas del Estado Español para comprender que además del pago delegado (salarios y seguridad social del profesorado), se le asignan cantidades para gastos generales por número de alumnado escolarizado y otras partidas de mantenimiento. Por ello en tiempos de crisis tiene mayor sentido la reforma en profundidad del sistema educativo en una sola red de titularidad pública de centros escolares, donde quedarían comprendidos todos los que actualmente vienen realizando labores educativas.

Rafael Fenoy Rico, Secretario Jurídica y Comunicación Enseñanza CGT