CGT anunció hoy que estudiará en los próximos días las posibilidades legales de pedir a la Agencia Tributaria compensaciones económicas por la denuncia que sobre el fraude millonario de los gasóleos efectuó en su día ante la Fiscalía de Sevilla, y que ha tenido su plasmación ocho más tarde en el proceso judicial contra la empresa ’Hidrocarburos Andaluces’ de Albolote, que se retomará el próximo 19 de febrero en el Juzgado de lo Penal 3 de Granada.
Según informó a través de un comunicado el secretario general de CGT-A, Cecilio Gordillo, el principio de acuerdo alcanzado entre Hacienda y los veinte imputados en el caso, por el que devolverían tres de los 5,6 millones defraudados, debería servir para «intentar enmendar el alto precio que pagaron los trabajadores del sector de gasolineras que denunciaron estas prácticas fraudulentas, la mayoría de ellos despedidos con falsos argumentos meses después de interponer la denuncia ante la Fiscalía de Sevilla contra la complicidad manifiesta de las compañías petroleras con implantación en España».
Gordillo señaló que «ahora la Agencia Tributaria y el Ministerio de Industria se verán favorecidos por el ingreso de parte de lo defraudado, sin comerlo ni beberlo», por lo que consideró que este dinero debería repercutir en aquellos trabajadores «que se vieron tirados en la calle sin la más mínima indemnización ni derecho al subsidio de desempleo».
Asimismo, considera que «la cisterna del millón», como era calificada en el sector ya que esa era la ganancia neta por cisterna colocada en el mercado, «no sólo alimentaba a depósitos privados, fundamentalmente en el ámbito rural, sino también a gasolineras concertadas con grandes compañías».
En palabras del líder sindical, «España era un colador, pues las cisternas, en algunas ocasiones verdaderas caravanas, cruzaban los puertos y los pasos fronterizos de países como Portugal».
Las negociaciones entre Hacienda y los acusados por el fraude del gasóleo continuarán hasta el próximo día 19, fecha de celebración del juicio, aunque ya se ha llegado a un principio de acuerdo por el que los imputados pagarían la mitad de lo defraudo, a cambio de que se rebajaran las penas solicitadas tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado, que actualmente son de 70 años de cárcel en total —de tres a cuatro años para cada acusado— y el pago de multas que superan los 60 millones de euros.
Par : EUROPA PRESS
