CGT se dirigirá a partidos, instituciones, organizaciones y colectivos sociales para abrir el debate sobre el futuro del transporte ferroviario en Extremadura. Las actuales condiciones de deterioro y las perspectivas futuras de cierres y desmantelamiento son seriamente preocupantes y no se ven respuestas políticas para un ferrocarril que debe ser público, social, seguro y sostenible.

CGT se dirigirá a partidos, instituciones, organizaciones y
colectivos sociales para abrir el debate sobre el futuro del
transporte ferroviario en Extremadura. Las actuales condiciones de
deterioro y las perspectivas futuras de cierres y desmantelamiento son
seriamente preocupantes y no se ven respuestas políticas para un
ferrocarril que debe ser público, social, seguro y sostenible.

Desde CGT se quiere llamar la atención sobre las diferentes
responsabilidades que tod@s tenemos en las consecuencias que para el
futuro del ferrocarril va a tener la actual política de transportes.

El fracaso de las políticas económicas liberalizadoras del mercado y,
con ello, privatizadoras de los empleos y los Servicios Públicos, es
un hecho incuestionable. Prueba de ello es el derrumbe de los mercados
y la pérdida de solvencia de las principales entidades e instituciones
que las salvaguardaban, teniendo que señalar a la legislación aprobada
para apoyar su consecución como una herramienta esencial y
definitoria.

Ahora pretenden responsabilizarnos de su fracaso y hacernos pagar las
consecuencias de su crisis y el coste de la refundación de su sistema
capitalista, arrebatándonos a los ciudadanos nuestros servicios,
nuestros empleos y nuestros derechos.

Como parte de esta política privatizadora y antisocial, en enero de
2005 entró en vigor la Ley del Sector Ferroviario, que supuso la
segregación de RENFE, fragmentando el sistema de transporte y de
seguridad en las actuales dos empresas de explotación e
infraestructura y en las numerosas empresas privadas, contratas y
subcontratas que ya operan en el ferrocarril.

Las nefastas consecuencias del modelo que nos han impuesto se han
podido ver en los países que lo han adoptado antes que nosotros :

  •  Reducción de inversiones a costa de la seguridad

  •  Aumento de las tarifas e incremento del coste público

  •  Degradación del empleo, del servicio y de la calidad del mismo

    Al tiempo que nos arrebatan el ferrocarril social, pretenden
    imponernos y obligarnos a financiar un ferrocarril elitista y
    depredador, al que la mayoría de ciudadanos no podemos acceder.
    Los partidos políticos tienen una responsabilidad innegable, por
    actuación y por consentimiento, en la actual situación del
    ferrocarril : desregulación y fractura, pérdida del servicio público,
    cierre de líneas y estaciones, externalizaciones y subcontratación,
    priorización de los beneficios privados frente al interés general,
    sometimiento de las garantías de seguridad a cálculos de costes y
    probabilidades.
    Como ciudadanos, tenemos el derecho a exigir transparencia en las
    actuaciones y en los posicionamientos de las instituciones públicas y
    de los partidos que participan en ellas, y a reclamar una respuesta,
    del mismo modo que como organización tenemos una responsabilidad que
    siempre hemos asumido, por lo que estamos haciendo un llamamiento a
    toda la sociedad para defender unidos un ferrocarril de tod@s y para
    tod@s.
    Frente a este modelo defendemos :

  •  Un ferrocarril público, orientado a las necesidades de la sociedad.

  •  Un ferrocarril en el que la seguridad se anteponga a cualquier otro criterio.

  •  Un ferrocarril sostenible, que garantice el respeto al medio
    ambiente como una de sus principales características.

  •  Un ferrocarril cuyas ventajas reviertan en el ciudadano mediante
    tarifas asequibles.

  •  Un ferrocarril que facilite la accesibilidad : personas con movilidad
    reducida, coches de niños, bicicletas, equipajes.

  •  Un ferrocarril que garantice el derecho a la movilidad, incluso en
    los territorios con mayores carencias en infraestructuras.

    En Extremadura se debe asegurar la supervivencia de la línea
    Madrid-Valencia de Alcántara que quedaría fuera de uso y desmantelada
    con la construcción de la línea de alta velocidad según escrito de 6
    de noviembre de 2007 de la Dirección General de Ferrocarriles,
    reflejado en el BOE de 6 de diciembre de 2007 y BOE de 6 de marzo de
    2008, en las declaraciones de impacto ambiental sobre el estudio
    informativo del proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad
    Madrid-Extremadura, tramos Cáceres-Talayuela y Madrid-Oropesa,
    evitando a tiempo cierres como el ocurrido con la línea
    Plasencia-Astorga el 1 de enero de 2005 que cercenó todo el trafico
    ferroviario con el norte de España, tanto de Extemadura como el de
    tránsito.

    Esta misma línea debe recuperar el tráfico de mercancías, nacional e
    internacional, prácticamente suspendido en la actualidad. Y más aún
    para rentabilizar la últimas inversiones realizadas entre Cáceres y
    Valencia de Alcántara, después de los dos descarrilamientos del tren
    Hotel Lusitania que tienen cortado todo tráfico ferroviario durante ya
    diez meses y que está próxima su reapertura.

    Se debe abordar la renovación y adaptación a 160 km/hora la línea
    Cáceres-Mérida, la más utilizada por trenes y viajeros de la Comunidad
    y que permanentemente se mantiene con remiendos y limitaciones de
    velocidad por debajo de los 80 km./hora, siendo, a pesar de su
    utilización y valor estratégico de las comunicaciones ferroviarias en
    Extremadura, de las más obsoletas.

    La firma el 21 de marzo de 2005 del acuerdo de la Junta de
    Extremadura con Renfe Operadora para la prestación de servicios
    ferroviarios regionales, supuso un hito en el material de los trenes.
    Han pasado más de tres años y medio y no se ha mejorado en los trenes
    ni en los horarios, teniendo errores importantes, con horarios y
    relaciones, desde la firma del mismo convenio, es necesario reclamar
    nuevos trenes, que ya están reclamando otras Comunidades por los más
    obsoletos, y mejorar los horarios y recorridos, ya que el coste para
    Extremadura de este convenio es de 6,224,970,24 euros a precios de
    2005, y no esperar a la finalización del acuerdo el 31 de diciembre de
    2009.

    Reclamamos la apertura de un debate público e institucional sobre el
    futuro del ferrocarril, un debate riguroso y transparente que analice
    su situación actual y proponga soluciones a las necesidades reales de
    la sociedad, y reclamamos de la organización a la que representa el
    apoyo explícito a un ferrocarril que debe ser público, social, seguro
    y sostenible.

    Cáceres, 26, noviembre 2008.

    Sindicato Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo
    Sección Sindical de Cáceres


    Fuente: Sindicato Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo Sección Sindical de Cáceres