"Como Sindicato Provincial de Enseñanza de CGT queremos manifestar nuestra rechazo y preocupación por el grave deterioro e improvisación a que está siendo sometido el trabajo docente y el propio funcionamiento del sistema educativo en este final de curso 2003/04.

«Como Sindicato Provincial de Enseñanza de CGT queremos manifestar nuestra rechazo y preocupación por el grave deterioro e improvisación a que está siendo sometido el trabajo docente y el propio funcionamiento del sistema educativo en este final de curso 2003/04.

No nos referimos a las consecuencias de la paralización, parcial, de la LOCE y la lógica inquietud que se puede generar en el seno de la Comunidad Escolar. Como CGT hacemos un llamamiento a la tranquilidad, al sentido común, a la desdramatización de dicha paralización ya que son los sectores conservadores los que están haciendo una lectura intencionada de alarma social con el propósito de seguir defendiendo la LOCE, una ley que no garantizaba la educación de calidad y la igualdad de oportunidades para toda la población.

Cuando hablamos de rechazo y preocupación, nos referimos a una serie de decisiones que se han adoptado para este final de curso. Haciéndonos eco del sentir del profesorado, como CGT queremos manifestar el rechazo radical al esperpento de evaluación que representa la realización de unas pruebas extraordinarias para el alumnado de fracaso escolar que hemos tenido que celebrar en los últimos días de curso, justo al día siguiente a la evaluación ordinaria. Rechazamos el haber tenido que realizar dos evaluaciones, una ordinaria y otra extraordinaria, con un día de diferencia.

Estas pruebas, sin justificación pedagógica alguna, contrarias a todo modelo de evaluación formativa y educativa, provocan el desencanto entre el profesorado y la propia credibilidad de su trabajo, la sensación de que como profesorado somos meros aplicadores de una normativa absurda, siendo el profesorado quien esté sacando la cara por esa normativa, sacando las castañas del fuego a la administración educativa, dando la cara ante las familias para justificar unas pruebas extraordinarias de evaluación que representan el sentir más rancio y conservador del modelo de enseñanza selectivo y competitivo implícito en la filosofía de la LOCE.

Las pruebas extraordinarias en los últimos días de curso no pueden integrarse en la filosofía de la evaluación continua, es un mal precedente para el entendimiento de la formación del alumnado, representa un trabajo burocrático absurdo que sólo sirve para predisponer al profesorado ante cualquier proyecto futuro de nueva ley de calidad de la educación.

El profesorado ha sido sometido a una presión sin sentido, sólamente para aplicar una normativa politizada por la cual las pruebas extraordinarias tenían que aplicarse en el mes de junio. Tampoco defendemos que dichas pruebas se celebren en el mes de septiembre provocarían un retroceso en la planificación de los centros y sería imposible comenzar el curso la primera quincena de septiembre.

Igualmente, tenemos que dictaminar de improvisación, precipitación, y de grave atentado a la normalización de los centros educativos, la novísima normativa de elección de directores y directoras de los centros. Una normativa de última hora, que puede convertirse en un nuevo concurso de traslados de puestos de dirección, con lo que la dirección pierde toda la vinculación con el claustro y la comunidad educativa y que incluso puede suponer desplazamientos o supresiones de profesorado.

Lo mismo podemos decir de la normativa sobre el alumnado de Diversificación curricular. Tras haber celebrado las sesiones de evaluación y la selección de dicho alumnado, una nueva normativa obliga a los equipos directivos y profesorado a volver a llamar alas familias para decir digo donde dije diego.

En definitiva, como CGT, exigimos de la Administración Educativa sentido común, consenso y diálogo para la adopción de medidas educativas que afectan a todos si realmente queremos que el futuro del sistema educativo cuente con el apoyo del profesorado, que es quién realmente será el garante del éxito de la aplicación de cualquier ley de educación que entre en vigor.

La administración educativa debe evaluar su propia actuación y adoptar los cambios que sean preciso para no atropellar al profesorado, al alumnado, a las familias en el próximo curso.»