La Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia, ante la emergencia sanitaria y social por COVID-19, vuelve a exigir la regulación de las personas en situación administrativa irregular residentes en el Estado español, así como una atención específica a las situaciones de vulnerabilidad de estas personas ante la pandemia que estamos sufriendo.

El 13 de abril más de un centenar de colectivos y sociedad civil participaron de una campaña por redes en la que exigían al Gobierno la regularización de las 600 mil personas que, se calcula, se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y que han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social provocado por la crisis del COVID-19.

El 13 de abril más de un centenar de colectivos y sociedad civil participaron de una campaña por redes en la que exigían al Gobierno la regularización de las 600 mil personas que, se calcula, se encuentran en situación administrativa irregular en el Estado español y que han quedado fuera de los paquetes de medidas aprobadas para mitigar el impacto económico y social provocado por la crisis del COVID-19. CGT se une a esta petición y exige al Gobierno que se ponga manos a la obra y promueva una regularización amplia y extraordinaria como ya han realizado en Portugal, además de resolver favorablemente las peticiones de asilo y refugio pendientes, situando el derecho a la vida en el centro de las políticas públicas.

Desde la organización anarcosindicalista denuncian la “hipocresía del Gobierno español” que presume, según CGT, de no dejar a nadie atrás en esta crisis, mientras no se garantizan los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio español con especial atención a aquellas más vulnerables como son las migrantes en situación administrativa irregular y las personas solicitantes de asilo de larga duración.

La CGT también ha aprovechado para exigir el cierre permanente y definitivo de todos los Centros de Internamiento para extranjeros (CIE) a los que define como “espacios oscuros en los que se priva de libertad a migrantes pobres que no han cometido ningún delito, solo por una simple falta administrativa”.

Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia


Fuente: Gabinete de Comunicación de CGT-PV y Murcia