"Un vergonzoso ejemplo de precariedad"
Para quien entiende la formación como un derecho, no cabe duda de que su principal interés se debe centrar en velar por su calidad, no por su coste. En este sentido, las subvenciones sindicales para la formación rompen con la idea de que la mejor enseñanza es la pública, esto es, la impartida por profesionales de la enseñanza que han accedido a ella a través de un proceso selectivo público regido por los principios de mérito y capacidad y donde la enseñanza aparece libre de toda mediatización, incluida la económica, y ajena a otros intereses que no sean los de impartirla, disfrutarla y enriquecerla con el mayor grado de calidad posible.
«Un vergonzoso ejemplo de precariedad»

Para quien entiende la formación como un derecho, no cabe duda de que su principal interés se debe centrar en velar por su calidad, no por su coste. En este sentido, las subvenciones sindicales para la formación rompen con la idea de que la mejor enseñanza es la pública, esto es, la impartida por profesionales de la enseñanza que han accedido a ella a través de un proceso selectivo público regido por los principios de mérito y capacidad y donde la enseñanza aparece libre de toda mediatización, incluida la económica, y ajena a otros intereses que no sean los de impartirla, disfrutarla y enriquecerla con el mayor grado de calidad posible.

No parece que sea esta la idea que pone en práctica la UGT, quien a través de la fundación IFES (Instituto para la Formación y Estudios Sociales) cuando conviene a sus intereses se abstiene de ocuparse de las condiciones de precariedad que padecen quienes trabajan para IFES-UGT, pero que cuando de velar por el mantenimiento del aparato sindical se trata, no tiene reparo alguno a la hora de obligar a los formadores de IFES a afiliarse a UGT y a votar a quien los dirigentes de IFES indiquen. Por el contrario, cuando el trabajador afiliado requiere el ejercicio del derecho a la defensa jurídica a causa de su irregular situación en IFES, el sindicato se lo deniega alegando conflicto de intereses.

Son estas y otras perversiones las que tienen su origen en este tipo de subvenciones, donde se aplica la doble moral sin ningún rubor. Por una parte se pide a las empresas privadas que estabilicen las condiciones laborales de sus trabajadores y, mientras tanto, IFES recurre a todas las artimañas legales a paralegales que tengan como fin precarizar las condiciones laborales de sus trabajadores, y así, cuando conviene, les obliga a convertirse en falsos autónomos y de esa forma desvincularse de cualquier relación en la que asome el menor atisbo de estabilidad.

El caso de Fernando Sánchez, 14 años trabajando para IFES, es paradigmático en este sentido : se han aplicado en su persona todas estas nefastas prácticas, de las cuales daremos cumplido detalle en la rueda de prensa convocada al efecto.


Fuente: SOV CGT Salamanca