Ayer martes 8 de Mayo, a las 19:00 horas,y convocada por la Plataforma por la Escuela Laica y Gratuita de Valladolid, a la que pertenece la CGT, tuvo lugar una concentración en la Plaza de de la Universidad, en apoyo de la educación pública, contra los recortes en educación y contra la LOMCE.

Se trata de una primera movilización para retomar el movimiento en defensa de la escuela pública.

NOTA DE PRENSA DE LA PLATAFORMA

Tras los últimos acontecimientos relacionados con la Subcomisión de Educación para un Pacto Educativo, creada hace más de un año en el Congreso de los Diputados, y en la que tras la salida del PSOE, Unidos Podemos y otros grupos hemos asistido al paripé de PP y Ciudadanos que se han quedado solos en un órgano en el que no se pueden tomar acuerdos y que se extinguirá el próximo 15 de mayo (si los grupos políticos no piden prorroga).

NOTA DE PRENSA DE LA PLATAFORMA

Tras los últimos acontecimientos relacionados con la Subcomisión de Educación para un Pacto Educativo, creada hace más de un año en el Congreso de los Diputados, y en la que tras la salida del PSOE, Unidos Podemos y otros grupos hemos asistido al paripé de PP y Ciudadanos que se han quedado solos en un órgano en el que no se pueden tomar acuerdos y que se extinguirá el próximo 15 de mayo (si los grupos políticos no piden prorroga).

También dentro del Consejo Escolar del Estado se había constituido un grupo de trabajo sobre el Pacto Educativo, el cual fue abandonado recientemente por la CEAPA, UGT, CCOO, STES y el Sindicato de Estudiantes tras manifestar su disconformidad con la metodología empleada y oponerse a ser utilizados por el Ministro de Educación como excusa de un falso consenso que posibilite al Gobierno a seguir desarrollando políticas educativas que no reflejan las reivindicaciones de la comunidad educativa ni de la mayoría parlamentaria.

Ante esta situación desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Castilla y León vemos que los hechos relatados nos devuelven a la casilla de salida. Es decir, a un escenario en el que las contrarreformas del PP y la LOMCE siguen vigentes, como también lo están los recortes sufridos por la escuela pública, que no han sido revertidos.

Desde la Plataforma hemos clamado por la necesidad de un pacto social previo, necesario para dotar de calidad y permanencia un pacto político posterior. Asimismo, hemos puesto sobre la mesa de diferentes grupos las exigencias de la comunidad educativa en torno a la financiación, la gratuidad, la laicidad, la democratización, la participación y otros aspectos recogidos en el documento «La educación que queremos».

DEROGAR LA LOMCE

La LOMCE, una ley denostada por la Comunidad educativa, que levantó una gran marea verde en contra, por ser antidemocrática, injusta, segregadora, elitista, adiestradora,….tiene que ser derogada. Y, además de ser un compromiso previo en las últimas elecciones generales, hay número suficiente en el Congreso para ello.

Pero, en contra de esa marea ciudadana, la cuestión de constitucionalidad presentada por el PSOE ya ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional, avalando aspectos tan dañinos para nuestro alumnado como los itinerarios excluyentes de la ESO, la segregación por sexo de algunas escuelas concertadas, la asignatura de religión católica, etc.

Mientras, la escuela pública ha de remontar con esfuerzo y poco apoyo todas

las dificultades de los itinerarios selectivos, las aulas masificadas, las evaluaciones externas, los centros educativos deteriorados, las faltas de respuesta de atención a la diversidad, el profesorado que cambia de centro cada año, etc. Las familias siguen aumentando sus gastos para compensar los déficits de atención en las escuelas, y el profesorado seguirá enfrentándose a las dificultades de dar clase en aulas con demasiado alumnado, con disminuciones de sueldo cuando requieren de una baja por enfermedad y sin que se produzca su sustitución de forma inmediata, un aumento vigente de h lectivas y ratios, con grandes cargas burocráticas, situaciones de interinidad que se alargan indefinidamente a lo largo de los años, etc. 

PRESUPUESTOS INSUFICIENTES

Y, como colofón a las políticas de recorte, nos encontramos con un borrador de Presupuestos del Estado que vuelve a reducir la inversión pública en educación, que avanza en la senda comprometida por el Gobierno del PP de reducir el gasto educativo al 3,7 % del PIB, una inversión similar a la registrada en el año 1992.

Lo cierto es que la inversión comprometida en el proyecto de Presupuestos para 2018 presentado por el Gobierno sigue alejada de los niveles anteriores a la crisis. La dotación educativa sube respecto a 2017 un 3%, hasta 2.600 millones de euros. No obstante, esos recursos siguen estando un 13% por debajo de los consignados en 2009, cuando llegaron a 2.987,69 millones de euros. Hay que tener en cuenta, además, que estas partidas corresponden únicamente a programas estatales, dado que la política educativa es competencia de las comunidades autónomas.

De hecho, según las cifras oficiales, la inversión en educación entre lo que le corresponde al ministerio y a las comunidades autónomas ha caído un 7,41% desde 2009, hasta los 46.681,68 millones de euros en 2017 (3.957 millones de euros menos), lo que supone un 4% del PIB muy lejos del 7% que venimos reclamado desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública Laica y Gratuita de Castilla y León.

En una reciente actualización del Programa de Estabilidad remitida a Bruselas, el Gobierno se compromete a reducir la inversión educativa al 3,67 % del PIB en 2020 y a un 3,4 % en 2030, cifras que nos remiten a los años 80 del siglo pasado.

Después de haber recortado más de 9.000 millones de euros, que han recaído sobre la enseñanza pública (mientras que los conciertos han aumentado), se ha puesto en peligro la equidad y la igualdad de oportunidades que caracterizan a la Escuela Pública, el ministro ha insistido en comprometer el 5% del PIB en inversión educativa, si los partidos que se han retirado de la subcomisión vuelven, un compromiso contradictorio con lo que apunta el proyecto de PGE y los compromisos adquiridos con Bruselas.

SE SIGUEN SIN RECUPERAR LAS BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Los datos de los PGE plantean un incremento de 52 millones de euros en becas de los cuales 20 millones van a engrosar el capítulo de becas a la excelencia, que no tienen carácter compensador tras unos recortes en el capítulo de becas generales que sobrepasaron los 250 millones de euros.

Otro capítulo denominado «Desgravaciones fiscales en educación», que con un monto de 1.484 millones de euros recoge beneficios fiscales para las familias que han podido sufragar cuotas en escuelas infantiles privadas, uniformes escolares, clases de idiomas… Como hemos denunciado siguen sin recuperar las becas compensatorias, las medidas de atención a la diversidad, el profesorado perdido… y hay una partida para financiar el gasto en centros privados.

Los presupuestos incumplen además el compromiso del Gobierno y sus socios de destinar 500 millones a la creación de un plan para luchar contra el fracaso escolar, que finalmente recibirá 40 millones, 10 más que en 2017. Esta partida —que pretendía recuperar el programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo que Wert suprimió en 2013—, destinará solo un 8% de lo prometido para los alumnos de entornos desfavorecidos.

Los presupuestos vuelven a beneficiar a las clases altas y a olvidar al alumnado con mayores necesidades de apoyo educativo.

En Castilla y León seguimos con unos presupuestos recortados, faltando al menos 200 millones de euros para llegar a las cifras del 2011 lo que supone que no consideran prioritarias mejorar las inversiones en la escuela pública tan necesarias para compensar los esfuerzos de profesionales y familias. La Educación Pública sigue sin ser una prioridad para la Junta de Castilla y León que, como buenos alumnos aventajados, favorece el incremento presupuestario para los conciertos educativos como se ha demostrado en los últimos presupuestos aprobados.

Por ello, las exigencias de la comunidad educativa tienen que seguir girando sobre la reversión de los recortes, el aumento del presupuesto educativo y la derogación de la LOMCE como sustento de base, e incorporar las demandas que las familias, de los y las estudiantes y del profesorado. Ya no es el tiempo de espera. Desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública llamamos a la movilización el 8 de mayo como medida de lucha frente al inmovilismo del PP que sigue desatendiendo la Educación Pública y considerando que no es una prioridad para su Gobierno.

Exigimos:

· Mayor financiación de la Educación

· Nueva Ley educativa consensuada con la Comunidad educativa

· Reversión de los recortes: Bajada de ratios en las aulas, recuperación de programas de atención a la diversidad, reducción de horas lectivas para el profesorado y aumento del profesorado en los centros, supresión de los descuentos por enfermedad, etc.

· Más becas y ayudas al alumnado

Ya no hay excusas ¡¡AHORA EDUCACIÓN PÚBLICA!!


Fuente: Alejandro Romera