Artículo de opinión de Rafael Fenoy Rico

Todo es perfectamente lógico y coherente para los políticos que gestionan la educación en este país. En plena pandemia, han sido capaces de hablar y hablar de educación, y aprobar la octava nueva ley. Mientras tanto la realidad cotidiana de los centros educativos es ajena a las medidas extraordinarias de prevención del contagio. ¿Cómo si esos centros educativos no existieran? Quizás Vd. no crea que se conduzcan contradictoriamente pero, a poco que se observa, surgen las ¡contradicciones!

Todo es perfectamente lógico y coherente para los políticos que gestionan la educación en este país. En plena pandemia, han sido capaces de hablar y hablar de educación, y aprobar la octava nueva ley. Mientras tanto la realidad cotidiana de los centros educativos es ajena a las medidas extraordinarias de prevención del contagio. ¿Cómo si esos centros educativos no existieran? Quizás Vd. no crea que se conduzcan contradictoriamente pero, a poco que se observa, surgen las ¡contradicciones!

Primera contradicción: Que esta pandemia va por la tercera ola, que hasta el presidente de la Junta de Andalucía, invocando a un comité de expertos, augura de mayor gravedad que las anteriores; es un hecho. Que se cierran negocios de hostelería, restauración, comercios, que millones de personas trabajadoras están sometidas a la angustia de los EREs o que un elevado porcentaje del personal de grandes y medianas empresas se encuentra tele-trabajando; es otro hecho. Que los niveles de contagios se incrementan porque las personas nos ponemos en contacto en lugares públicos, es otro hecho. Que se regula horarios mínimos de apertura de comercios, que se deja en la mínima expresión de asistentes las cenas y comidas familiares navideñas; son otros hechos. Que cualquier prevención pasa por reducir al mínimo los aforos de los lugares donde puedan encontrase las personas, es un hecho. Y etc. Pero, si multitud de espacios se clausuran o limitan de forma extrema ¿por qué no las aulas de los centros educativos? Contradictorio es también que se apliquen algunas medidas en Educación Secundaria, como presencialidad reducida o rotativa y ninguna en educación infantil y primaria.

Segunda contradicción: Que en los lugares de trabajo cerrados, las aulas de centros educativos lo son, según la ley de prevención de riesgos laborales, deben mantener una temperatura que nunca sea menor de 17 o mayor de 27 grados centígrados, de no poder cumplir con estas condiciones deben clausurarse. Que las aulas de los centros educativos en su mayoría no cumplen con este requisito, es un hecho. Que a pesar de las multiples denuncias ante Inspecciones de Trabajo no se ha cerrado ninguna y tampoco se ha actuado para que cumplan con la ley es otro hecho. Que incluso no cumpliendo ni siquiera en situaciones normales, en pleno invierno, con las bajas temperaturas que se registran, muy inferiores a esos 17 grados de mínima, se pretende airearlas para evitar los contagios del COVID-19, 20 o 21 (¡vaya Ud. a saber!); es otro hecho. ¿Es que nadie va a resolver esta segunda contradicción? Cuando se cierran a cal y canto las ciudades ¿Cómo es posible que los centros educativos sigan como si nada ocurriera?

Tercera contradicción: Se ha confeccionado un listado para priorizar las vacunaciones a quienes están en contacto durante un tiempo prolongado con grupos de personas en lugares cerrados. Son considerados personal prioritario para las vacunaciones: en el 1º el personal socio-sanitario, el 2º, las personas residentes en Centros de Mayores… en el 8º, personas con trabajos esenciales, en el 9º el personal docente… ¿Quién habrá confeccionado ese listado? ¿Tendrá algo que ver que el número de docentes andaluces supera los 100.000? ¿Y si el personal docente, estratégicamente vacunado actúa como “cortafuego” en la cadena de contagios? Plantearse esta última pregunta o poder encontrar alguna explicación racional a tal cúmulo de contradicciones, requiere una dosis de sentido común que parece ser falta a espuertas en las alturas de la política.

Rafael Fenoy Rico

 


Fuente: Rafael Fenoy Rico