La plantilla de la empresa pública SARGA denuncia  a través de una recogida de firmas, que la salud, un derecho de cualquier trabajador o trabajadora, en SARGA es utilizado en contra de los propios trabajadores. Anualmente los trabajadores de los Espacios Naturales Protegidos y del Operativo de Incendios de SARGA realizan las pruebas médicas establecidas por ley como derecho, con el fin de vigilar los efectos del trabajo sobre su salud y prevenirlos de posibles riesgos; una pruebas que en el caso del Operativo de Incendios se complementan también con unas pruebas físicas obligatorias.

Estas pruebas, lejos de ser un garante del bienestar de unos trabajadores y trabajadoras que llevan años, cuando no décadas, protegiendo los espacios naturales protegidos y los montes de Aragón, acaban siendo precisamente lo contrario: una clara amenaza para su bienestar vital. Y es que la no superación estas pruebas condiciona la continuidad laboral en la empresa independientemente de la experiencia y los años de servicio. En esta línea las trabajadoras y trabajadores de SARGA entienden que estas pruebas médicas deben de ser un derecho, y en ningún caso ser usadas para echar a nadie a la calle y dejarle sin cobertura laboral. Además, las pruebas físicas no deben ser excluyentes al entender que para las personas fijas discontinuas el proceso selectivo deja de serlo una vez que consolidan como tal; una vez conseguida su plaza no deben de existir más procesos selectivos, excepto que voluntariamente te presentes a una promoción interna.

Las personas que forman la plantilla de SARGA exigen a la empresa que apueste decididamente por la vigilancia periódica de la salud, el estado físico y el estado psicológico de las personas que componen la plantilla, mediante un programa de mantenimiento de las capacidades, que garantice en todo momento que los trabajadores y trabajadoras mantengan las condiciones adecuadas para el desarrollo de su trabajo.

Además, los trabajadores y trabajadoras creen que en lugar de extender  la excedencia forzosa a colectivos a los que con anterioridad no afectaba, como son los Espacios Naturales Protegidos o el MER, la obligación de SARGA junto con la Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, debería de ser la de trabajar de manera efectiva en la implantación de la categoría profesional de Bombero Forestal para reconocer las enfermedades profesionales, coeficientes reductores para la edad de jubilación y el reconocimiento de complementos como la peligrosidad, toxicidad y penosidad.

Por último, instan a la empresa pública SARGA a negociar y valorar todas las vías posibles con el objetivo de eliminar el carácter excluyente de las pruebas médicas y físicas, consolidar la segunda actividad efectiva y eliminar la figura de la excedencia forzosa.


Fuente: CGT-SARGA