Ecologistas en Acción está preparando un informe para remitir a la Fiscalía de Medio Ambiente sobre la reubicación y/o supresión de una quincena de estaciones de control de la contaminación atmosférica en Castilla y León desde el año 2002, realizada por el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León con el objetivo de «mejorar» los datos y «solucionar» los problemas estructurales de mala calidad del aire que afectaban a las ciudades de Burgos, Le

Ecologistas en Acción está preparando un informe para remitir a la Fiscalía de Medio Ambiente sobre la reubicación y/o supresión de una quincena de estaciones de control de la contaminación atmosférica en Castilla y León desde el año 2002, realizada por el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León con el objetivo de «mejorar» los datos y «solucionar» los problemas estructurales de mala calidad del aire que afectaban a las ciudades de Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca y Valladolid, entre otras.

En el marco de la investigación abierta para dilucidar la presunta manipulación de los registros de contaminación atmosférica en diversas ciudades españolas, mediante el cambio en la ubicación de los medidores más «conflictivos», Ecologistas en Acción pondrá en conocimiento de la Fiscalía lo sistemático de esta práctica en Castilla y León, desde el año 2002, en que se cambiaron las estaciones Avenida de Portugal en Salamanca y Arco de Ladrillo, Labradores y Avenida de Salamanca en Valladolid.

Hasta ese año, estas 4 estaciones y la de la Rubia en Valladolid venían superando frecuentemente los antiguos límites legales por dióxido de nitrógeno, muy superiores a los vigentes, situando a ambas ciudades entre las más contaminadas de España. En 2003 se suprimió la estación Avenida de Manuel Rivera en Palencia, que en ese año duplicaba el valor límite de dióxido de nitrógeno, y en 2007 la de Campo de la Juventud en la misma ciudad, habiéndose sustituido en 2009 por una estación situada junto a un parque.

En Burgos, la estación de la calle Vitoria, el principal eje de tráfico de la ciudad, se desplazó en 2007 unos 100 metros a una calle secundaria sin apenas tráfico, mientras en 2006 la céntrica estación Facultad de Teología se desplazó a una calle peatonal de una zona residencial periférica. Finalmente, la estación de la Plaza de San Agustín se suprimió en 2009, de manera que la ciudad de Burgos carece en la actualidad de medidores en calles con tráfico, vulnerando la normativa, que obliga a situar en ellas al menos una estación.

Parecido es el caso de Salamanca. Tras el cambio de la estación Avenida de Portugal a una zona residencial periférica, en 2007 se traslada también a la periferia el medidor de la Avenida de Alemania, que estaba pulverizando el valor límite por dióxido de nitrógeno y registraba niveles muy elevados de partículas finas. Así, actualmente la ciudad de Salamanca tampoco cuenta con ninguna estación en calles con tráfico.

El León, la estación Barrio Pinilla se desplaza en 2006 unos 150 metros por el «aumento espectacular del tráfico en las inmediaciones» [Informe de 5 de julio de 2006 de la Junta de Castilla y León], a una calle de menor tráfico. Y en 2009 se suprime la estación Plaza de Toros, que venía superando el valor límite por dióxido de nitrógeno. En Ponferrada, en 2003 se dejan de medir partículas en la Estación de Autobuses y en 2005 se mueven a la periferia los medidores del Paseo de San Antonio y la Avenida de Huertas Sacramento.

Finalmente, en Valladolid se suprimen en 2008 las estaciones de Labradores II y Avenida de Santa Teresa, que venían registrando niveles elevados de contaminación, mientras la de La Rubia lleva sin funcionar desde septiembre de 2010, proponiéndose su segundo traslado por soportar el Paseo de Zorrilla un intenso tráfico.

De esta manera, sin apenas adoptar medidas urbanísticas ni de movilidad para reducir el tráfico de vehículos, en Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca y Valladolid se ha pasado del frecuente o sistemático incumplimiento de la normativa de calidad del aire a una situación de aparente mejoría, simplemente cambiando los medidores a emplazamientos sin tráfico o con éste minorado. Ecologistas en Acción considera esta práctica fraudulenta y poco justificada normativa y científicamente, y la pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente por si las autoridades locales y regionales responsables hubieran incurrido en un delito de falsedad documental, perjudicando la salud pública.

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