Artículo del compañero de la Secció Sindical d´Ensanyament de CGT València, Miguel Domingo Saura – Secretario de Comunicación
La actitud del gobierno valenciano, el nuevo marco legal y la proliferación de organizaciones ultras e inquisidoras provocan el desamparo y el miedo en los centros educativos
El 23 de marzo del año pasado el músico vasco Fermín Muguruza visitaba la comarca de La Safor promocionando su audiovisual Black is Beltza, nominado a la mejor película de animación en los últimos Premios Goya. El artista Toni Espinar pintaba un mural conmemorativo con el lema Sense memòria no hi ha aprenentatge para recibir al antiguo miembro de grupos como Kortatu o Negu Gorriak. El lugar elegido: la fachada del IES Joan Fuster de Bellreguard. Un año después, seis miembros del equipo directivo de ese instituto se han visto obligados a declarar delante de un juez ante la admisión a trámite de una denuncia por enaltecimiento del terrorismo. Detrás de esta correlación de acontecimientos tan estrambótica hay 369 días de diferencia, tiempo más que suficiente para que los efectos de la expansión ultra en las instituciones aflore en todo su esplendor y con ello una realidad inquisidora: el miedo entre los docentes a ser perseguidos y depurados por un gobierno que bajo el lema del adoctrinamiento les desampara y persigue.
La última denuncia ha sido cursada por la Asociación de Educadores contra el Adoctrinamiento (ECA) una organización que ya es conocida en otros lugares del Estado especialmente en Madrid, Catalunya o Galicia por haber intentado censurar libros en bibliotecas escolares, boicotear cuentacuentos infantiles, talleres de educación afectivo-sexual o considerar que Save the children o el canal Clan pervierten la infancia. Detrás de este colectivo hay una farándula representativa de la España cañí más ultra: la Fundación de Abogados Cristianos; colectivos antiabortistas; el Foro de la Familia; grupos evangélicos; conspiranoicos de la Agenda 2030; telepredicadores y curas en activo. Una de sus caras más visibles es José Luis Castellano Rudilla, presidente de la Federación Educación y Familia, formada por AMPAS de colegios católicos de la Comunidad de Madrid; Castellano también es consejero de CONCAPA (la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos).
¿QUÉ ES ECA?
Hablar de ECA es hablar de VOX, José Luis Castellano es portavoz de este partido en un distrito de Madrid capital. También son miembros de ECA rostros visibles de esta formación política como Bertrand Ndongo, los diputados nacionales Jorge Campos o Francisco José Contreras y la diputada autonómica madrileña Alicia Rubio, que hace cinco años tuvo que dejar la jefatura de estudios de un instituto de Leganés por apoyar públicamente el autobús transfóbico de HazteOír o considerar el feminismo como “un cáncer”.
En Valencia, el delgado de ECA es Ángel Hortelano del que solo se conocen dos cosas: que sufrió un trauma en un taller de educación sexual en su etapa escolar, como así lo ha expresado públicamente; y que a finales de enero se reunió con Ángeles Criado y Julia Llopis, diputadas de VOX en Les Corts. En esta entrevista se abordaron cuestiones relacionadas con el “adoctrinamiento lingüístico y de género en las aulas” y se instaron a garantizar la defensa del derecho de los padres a educar a sus hijos “conforme a sus principios”. Esta reunión se enmarca dentro del plan de acción estatal iniciado por VOX en diciembre pasado y que ha presentado en todas las cortes autonómicas donde tiene representación para, según dicen, preservar la “neutralidad ideológica” en la educación pidiendo, directamente, la censura de material educativo y libros de texto.
Esta voluntad política de VOX no es nueva: en 2022 la diputada autonómica María de los Llanos Massó dijo en sede parlamentaria que en los centros públicos valencianos se aislaba el castellano, se atacaba la religión y se “modelaban las mentes de los alumnos” y aprovechó para cargar contra las políticas de género, la educación sexual y la memoria democrática. Pese a que las soflamas no cambian, sí que es novedad que ahora VOX está integrado en el gobierno autonómico y sus exabruptos se traducen en un articulado legal. El Consell ya ha tramitado dos leyes con incidencia en las aulas: la Ley de Concordia, que cuestiona contenido curricular y proyectos memorialistas en los centros, como los que concentra la Xarxa d’Educació y Memòria (XEIM) y, sobre todo, la llamada Ley de Libertad Educativa, que desmonta la inmersión lingüística y frena el desarrollo del valenciano, configurando a la inspección educativa como una auténtica policía lingüística.
ADOCTRINAMIENTO Y LENGUA AUTODESCARGABLES
Atribuirle a VOX toda la responsabilidad ante esta situación de vulnerabilidad docente en las aulas sería una falsedad. El conseller de Educación ha alimentado el fantasma anticatalanista desde que accedió al cargo y sus socios de gobierno solo hacen de palmeros. Gracias a sus declaraciones e iniciativas han ido surgiendo, especialmente en las comarcas del sur de Alicante, colectivos antiadoctrinamiento de tintes catalonofóbicos como la Plataforma de Docentes por la Libertad Lingüística -integrada por AMPA, Idiomas y Educación, Impulso Ciudadano y Escuela Bilingüe- o Hablamos Español que desde el año pasado se han manifestado en contra de la inmersión lingüística, el requisito lingüístico para docentes y “la denigración del español”. Ya han conseguido una de sus tres reivindicaciones.
El 6 de marzo un padre de El Puig denunciaba al equipo directivo del CEIP Guillem d’Entença por considerar que no impartía suficientes asignaturas en castellano. El padre rápidamente recibió el amparo de Hablamos Español que ha elevado la queja al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Al poco de iniciarse el presente curso escolar, el diputado autonómico de VOX, Jesús Albiol, llegó a denunciar adoctrinamiento en libros de primaria de -atención ojiplática- la asignatura de Religión, por hacer referencias a Óscar Camps y a la organización Open Arms en sus páginas. La presión sobre centros y docentes va aumentando, ECA ha preparado formularios de denuncia autodescargables en su página web y pone a su equipo jurídico a disposición de cualquier padre que lo solicite.
LA TRACA ADOCTRINADORA DEL GOBIERNO VALENCIANO
El experimento de las denuncias anónimas a los docentes que impulsó el Partido Popular de la Comunitat Valenciana en 2018 o las peregrinas peticiones de censura de libros de texto por parte de Ciudadanos por ser “antiespañoles” se han convertido en la realidad presente, la norma y la gota malaya de los docentes y alumnos. La reivindicación de la igualdad de género; combatir la transfobia; advertir de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS); proponer El diario violeta de Carlota como lectura en el aula; o trabajar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la UNESCO pueden ser motivo de señalamiento y de sanción.
En las Fallas de 2021 VOX quemaba uno a uno los ODS de Naciones Unidas: desde la Reducción de las desigualdades a la Igualdad de género, pasando por la Vida de ecosistemas terrestres y submarinos o la Paz, justicia e instituciones sólidas. Estas Fallas VOX ya está en el gobierno del Cap i casal pero sus incendiarios postulados ultras se mantienen intactos. “Sí a la vida y no a la cultura de la muerte”, con esta traca antiabortista cerraba hace una semana el concejal de Sanidad de VOX el Encuentro en Defensa de la Vida en Valencia. Unas declaraciones ya de por sí graves teniendo en cuenta que forma parte del gobierno local pero que se vuelven un escupitajo en la cara y en un posible delito si tenemos en cuenta que el acto se realizaba en un centro municipal de Benicalap de titularidad pública, ante decenas de alumnos de 4º de ESO y con transporte gratuito para los colegios católicos que acudieron. Como siempre, hay alguien que da más y en esta ocasión no va a ser menos: en el acto participaba como ponente el diputado nacional de VOX Carlos Flores, un condenado por violencia de género que semanas antes ya había intervenido en otro encuentro organizado por el Ayuntamiento bajo el lema Liderazgo en valores.
El acuerdo de gobierno de PP y VOX llevaba entre sus cincuenta puntos “sacar la ideología de las aulas”, nadie puede decir que no han sido resolutivos aunque para ello hayan tenido que sacar también a los profesores de las mismas y, de paso, meter el miedo en el cuerpo docente. Este discurso ultra new age huele a naftalina y a la depuración de etapas históricas que parecían ya pasadas. Ahora más que nunca las máximas sindicales de CGT cobran más sentido: la solidaridad y el apoyo mutuo deben ser nuestra mejor defensa y hacer del Si tocan a una, nos tocan a todas una realidad en cada uno de los centros educativos valencianos. Ponte en contacto con la sección de enseñanza de CGT País Valencià ante cualquier incidencia, signo de acoso o señalamiento.
Miguel Domingo Saura
Secretario de Comunicación de CGT Ensenyament València
Fuente: Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia
