Artículo de opinión de Rafael Cid

“No porque se le dé más cuerda al perro deja de estar atado”

(Martín Fierro)

“No porque se le dé más cuerda al perro deja de estar atado”

(Martín Fierro)

El actual modelo de sistema-régimen en España se ha conformado en sus estratos principales a golpe de “doctrina de shock”. Gracias al asentimiento de las cúpulas de las organizaciones opositoras a hitos como la inmunidad para los crímenes del franquismo, los Pactos de la Moncloa y la permanencia en la OTAN, los poderes fácticos culminaron a su favor el mandato del “atado y bien atado”. Y de nuevo ahora, todo el corpus dominante se concita para inhibir la histórica oportunidad de regeneración de la soberanía popular que la irrupción de la crisis ofrece. El objetivo es hacernos tragar la deuda pública contraída por la codicia de las grandes corporaciones privadas.
En los primeros años de la transición no se hablaba de la “importancia sistémica”, ni de “demasiado grande para caer”, tampoco de “riesgo moral”. Todo eso vendría después. Durante el nuevo siglo, con la crisis financiera global. Antaño todos los poderes conspiraban para evitar la ruptura y lograr que a la muerte de Franco (por ley de vida) cambiara algo para que todo lo esencial siguiera igual. De ahí que se sacaran otros conejos de la chistera con el fin de que la gente corriente cediera y, al mismo tiempo, poner la suficiente golosina de poder ante los dirigentes de la izquierda para que el apaño prosperara.
Y dos fueron los elementos, causa y efecto en un mismo principio activo, elegidos para rematar la operación enroque. El primero y principal fue aprobar la amnistía. Pero no una amnistía cualquiera. No una amnistía en la que los antes “fuera de la ley” recuperaran en justicia su sitio en la sociedad y los “represores” dieran con sus huesos en la cárcel. La amnistía, en sus dos fases de julio de 1976 y enero 1977, fue urbi et orbi. La norma extinguía cualquier tipo de responsabilidades políticas para “los buenos” y para “los malos”. De esta suerte, las personas que habían sido uña y carne con la dictadura quedaron impunes. Borrón y cuenta nueva.
Para que ese atropello legal colara, sin embargo, los muñidores del atentado tuvieron que echar toda la carne en el asador. Su mejor arma fue trasladar a la opinión pública la imposibilidad de actuar contra los sicarios del franquismo por aquello de la desigual relación de fuerzas. La cantilena del momento, secundada resignadamente por la plana mayor de la oposición, consistía en argumentar que lo contrario significaba cebar la traca de una nueva guerra civil. Ni más ni menos. El Ejército no lo consentiría, argumentaban. El mismo tampantojo que más tarde se utilizaría con éxito por el felipismo en la treta “OTAN, de entrada NO”.
Y la cosa funcionó, vaya si funcionó. El crimen no solo quedó sin castigo, sino también sin sanción moral. Aunque otras experiencias próximas, como la Revolución de los Claveles en el vecino Portugal, donde fueron precisamente los militares de graduación intermedia los que acabaron con el régimen de Salazar, denunciaban la impostura de la (auto)amnistía a la española. De hecho, crecidos por el éxito de su órdago , la democracia se inauguró con una prueba de fuerza a la vieja usanza: deteniendo y encarcelando a los miembros de la Unión Militar democrática (UMD) que apostaban por una salida a la portuguesa, y entregando el Sahara Occidental a su tradicional enemigo el despótico rey Hassan II de Marruecos.
Ahora volvemos  a las mismas. De nuevo nos someten al tercer grado para convencernos de que es imposible un cambio radical y que exigir responsabilidades por la crisis es un dislate. Hoy el paradigma de la ruptura estaría en repudiar la deuda ilegítima. O sea, el coste crediticio generado al socorrer al sistema financiero debido al agujero generado por sus criminales operaciones, que fue cínicamente endosado por gobiernos sucesivos a la ciudadanía mediante recortes de inversiones y prestaciones sociales. Sin embargo, la excusa esta vez echan mano de la presunta importancia sistémica de la banca y de su posible desplome sobre el conjunto de la sociedad, caso de dejarla a su suerte. No hay mucha diferencia con lo que ocurrió en la transición con la amnistía canalla. Llueve sobre mojado. En ambas situaciones se incurrió en “riesgo moral” desde el momento en que pagaron justos por pecadores. De aquellos vientos proceden estos lodos.
Por eso los agentes del sistema celebran que el nuevo partido Podemos haya renunciado al programa con que concurrió a las elecciones europeas del 25-M, que incluía el impago de la deuda ilegítima y su sustitución por una más comedida “reestructuración”, previa la realización de una auditoria ciudadana. Rectificación que, por otro lado, no parece haber satisfecho del todo a los voceros del sistema, habida cuenta de que la “Brunete mediática” insiste machaconamente en la insuficiencia de esa modulación estratégica hecha por el partido de Pablo Iglesias. Especialmente relevante está siendo la ofensiva lanzada por el influyente diario El País, en la actualidad controlado accionarialmente por los grandes de la banca, donde analistas económicos con pedigrí de izquierdas se han erigido en abanderados de la rectificación de la rectificación.
Primero fue el ex director del periódico, Joaquín Estefanía, antiguo dirigente del Partido del Trabajo (PT), quien recordó oportunamente que el artículo 135 de la Constitución (tanto en su versión antigua como en la reformada) “prohíbe modificar los créditos para pagar la deuda pública” (Reestructuración de la deuda. 1/12/14). Luego, subiendo la amenaza un peldaño más, otro significado columnista del rotativo financiero, Xavier Vidal-Folch, ex subdirector de los servicios informativos de TVE durante la campaña socialista en favor de la permanencia de España en la OTAN, ha advertido que “repudiar la deuda traería la quiebra de la reserva de la Seguridad Social y el impago de pensiones” (Impagar deuda, hundir obreros.11712/14). Y finalmente la campaña de desestabilización emprendida por el portavoz de “la Marca España” culminaba con una entrevista al presidente del Bundesbank, Jens Weidmann, en la que  el alto funcionario alemán sentenciaba que “reestructurar la deuda pondría en peligro el ahorro de los ciudadanos” (El País 13/12/14).
El dilema, pues, no es ya ruptura o guerra civil como durante la transición. Ahora la coyuntura, según estos expertos en nómina del núcleo duro del Ibex 35, es optar entre pagar la deuda religiosamente o caer en la más absoluta indigencia. Cambian los tiempos, los gobiernos y los dirigentes, pero las víctimas son siempre las mismas. Durante la transición secuestraron la democracia y hoy imponen la deudocracia. En realidad este negacionismo no es nuevo. Solo cambia el foco temático y la sofistificación dialéctica. Los argumentos contra el impago de la deuda ilegítima tienen parecido rasero intelectual que los utilizados para negar el pleno empleo, el aumento salarial o la disminución de la jornada laboral. Implican una clara defensa de parte. Lo que sucede es que en el caso de la deuda, quienes asumen la misión de alertarnos sobre lo perjudicial que puede resultar pulsar ese “botón de pánico” proceden de la bancada progresista. Son o han sido “uno de los nuestros”.
Pero no está escrito en ninguna parte que tengamos que ser rehenes y avalistas de la deuda de las élites extractivas. Desde que en el siglo VII a. C. Solón derogara la esclavitud por deuda, hasta la quita del 62%  aplicada a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, pasando por los impagos aplicados por Islandia y Ecuador para superar la crisis, la experiencia dicta que “si se puede”, siempre que haya voluntad política y el pueblo se plante ante suicidas cantos de sirena. Aparte de que existen otros paliativos económicos, como la mutualización de la deuda o la jibarización del presupuesto militar, que pueden ayudar a salir del bache sin necesidad de penalizar a la mayoría social para solaz de la minoría dominante.
La cuestión no es si entonces pudo lograrse la ruptura democrática o si ahora se puede rehusar la deuda. Lo realmente grave, lo que nos convierte en “víctimas culpables”, es haber abrazado categóricamente su imposibilidad mansamente, resignadamente, sin haberlo luchado ni experimentado. Porque como dice Eric Toussaint, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM), “la crisis debe ser la oportunidad de romper con la lógica capitalista y de realizar un cambio radical de sociedad. La nueva lógica que hay que construir deberá dar la espalda al productivismo, incluir el factor ecológico, erradicar las diferentes formas de opresión (racismo, patriarcado…) y promover la propiedad común”.
Y ese maratón comienza pensando con nuestra propia cabeza. Solo hay que abrir la mente a lo que pasa diariamente ante nuestros ojos. Organizaciones inelegidas fruto de la concentración de poder, como el FMI, el BM o el BCE, imponen condiciones económicas antisociales en nombre del “interés general” al margen de la voluntad de los estados y de sus propios ciudadanos. Pero cuando verdaderamente están en juego cuestiones vitales, como acaba de ocurrir en la reciente cumbre del clima celebrada en Lima, la deslocalización de ese mismo poder deja al arbitrio de los gobiernos la aplicación de medidas decisivas que afectan al común global (de la humanidad y del planeta). La deudocracia que nos venden como solución final es un monumento a la solidaridad pervertida, por el que el rescate de los explotadores por los explotados sirve para que los primeros aumenten su grado de dominación sobre los segundos.

Rafael Cid


Fuente: Rafael Cid