Michael William Chamberlin Ruiz ha informado de las denuncias presentadas ante la Corte Iberoamericana y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU relativas a la política genocida en el conflicto armado de Chiapas.
Dos demandas han presentados en relación con la masacre de Acteal y en cuanto a la situación de la zona norte del estado.
“El 22 de diciembre de 1997, hace siete años, en la población de Acteal, cercana a San Pedro Chenalhó, Chiapas, fueron masacrados 49 indígenas tsotsiles que se encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y oración por la paz : 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 más que aún no nacían y que junto con sus madres fueron brutalmente asesinados, además de 25 heridos, por un grupo de hombres con armas de alto calibre y balas expansivas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
El ataque se prolongó por más de 7 horas, sin que los Policías de Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts, intervinieran en su ayuda, a pesar de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas notificó a la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas sobre lo que ocurría esa mañana del 22 de diciembre.
Michael William Chamberlin Ruiz ha informado de las denuncias presentadas ante la Corte Iberoamericana y la Comisión de Derechos Humanos de la ONU relativas a la política genocida en el conflicto armado de Chiapas.
Dos demandas han presentados en relación con la masacre de Acteal y en cuanto a la situación de la zona norte del estado.
“El 22 de diciembre de 1997, hace siete años, en la población de Acteal, cercana a San Pedro Chenalhó, Chiapas, fueron masacrados 49 indígenas tsotsiles que se encontraban en una ermita, después de tres días de ayuno y oración por la paz : 19 mujeres, 8 hombres, 14 niñas, 4 niños y 4 más que aún no nacían y que junto con sus madres fueron brutalmente asesinados, además de 25 heridos, por un grupo de hombres con armas de alto calibre y balas expansivas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
El ataque se prolongó por más de 7 horas, sin que los Policías de Seguridad Pública acuartelados a escasos 200 mts, intervinieran en su ayuda, a pesar de que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas notificó a la Secretaría de Gobierno del Estado de Chiapas sobre lo que ocurría esa mañana del 22 de diciembre.
La violencia en Chenalhó se documentó por este Centro de Derechos Humanos desde febrero de 1994. El saldo de las acciones paramilitares en Chenalhó al 22 de diciembre de 1997 fue de : 6,332 personas desplazadas, que incluye la pérdida de bienes y la quema de sus casas ; 62 muertos de manera violenta y 42 heridos, sin contar a los detenidos y torturados por el mismo grupo. El grupo responsable de todos esos hechos se identificaba con el PRI, actuaba con armamento de uso exclusivo del Ejército, uniformes militares y de seguridad pública y bajo su amparo, y promovido por la presidencia municipal de San Pedro Chenalhó.
De manera similar en la Zona Norte del estado, en la región ch’ol, entre 1995 y el año 2000 el grupo paramilitar Paz y Justicia asoló a la población con el apoyo del ejército y la seguridad pública, los resultados más de tres mil desplazados y decenas de desaparecidos y ejecutados de los cuales este Centro de Derechos Humanos ha documentado 122 (85 ejecutados y 37 desaparecidos).
Esta brutal ofensiva contra la población civil, en su totalidad indígena, se inscribió en un contexto de Guerra Irregular preparada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ideada por el General de División Miguel Ángel Godínez Bravo, ordenada por el entonces presidente Zedillo el 9 de febrero de 1995, y ejecutada por el General de División Mario Renán Castillo, en el que las acciones paramilitares fueron y siguen siendo de manera latente, la clave en el plan de campaña del Ejército en Chiapas, para “quitarle el agua al pez”.[1]
Las evidencias nos dan muestra clara y contundente de una estrategia de ataque a la población civil, donde diversos grupos paramilitares ligados con las autoridades municipales, estatales y federales incluyendo al Ejército mexicano, han sido el instrumento con el cual se intenta acabar con lo que el propio Ejército denomina en su Plan de Campaña, “organización de masas”
Una lectura de los acontecimientos en estas dos zonas a partir de los documentos de la SEDENA y de manera reciente, por los testimonios de un comandante de Paz y Justicia[3], que confirma los vínculos de estos grupos con el propio Ejército y los gobiernos federal y estatal, son claras evidencias de la implementación de una POLÍTICA DE ESTADO GENOCIDA Y DE LESA HUMANIDAD.
De acuerdo a la definición de delitos de Lesa Humanidad del Tribunal de Nüremberg, el Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el General Enrique Cervantes Aguirre (Secretario de la Defensa Nacional 94-00) y el General Mario Renán Castillo (Comandante de la VII Región Militar 95-97) en un primer plano, son responsables de cometer ataques generalizados y sistemáticos en contra de la población civil y con conocimiento de dichos ataques, consistentes en Asesinatos, Traslado Forzoso de Población (en la zona altos y norte se desplazaron aproximadamente 10,000 personas de un total de 12, 000 en el estado de Chiapas), Privación Grave de la Libertad Física, Tortura, Persecución de una Colectividad con Identidad propia fundada en motivos políticos (opositores al PRI), Étnicos (todas las víctimas son indígenas), y Religiosos (miembros activos de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas), además de Desaparición Forzada de Personas, por medio de la creación, financiación, adiestramiento y encubrimiento de grupos paramilitares.
El Estado mexicano ha violado el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la honra y dignidad, los derechos de la niñez, a la propiedad, a la circulación y de residencia, y a la justicia.
Ni la administración zedillista ni la de Fox han investigado estos acontecimientos en su real dimensión. De los pocos casos abiertos se siguen procesos por responsabilidades individuales, incluyendo la masacre de Acteal. Se ha omitido en todo momento la investigación de los altos funcionarios del gobierno de estado y federal, y particularmente del Ejército.
La procuración de justicia ha pretendido confundir a la opinión pública sobre los verdaderos motivos, señalando que se trata de un problema religioso, intracomunitario e incluso de usos y costumbres, recurriendo para ello a lagunas legales como parte de su estrategia de ocultar la verdad. Debemos recordar que fue el General Macedo de La Concha en su calidad de Procurador General de la República, quien en 2001 desaparece a la Unidad Especializada para la Investigación de Presuntos Grupos Civiles Armados de la PGR.
El conflicto aún no termina, el territorio indígena de Chiapas permanece militarizado, persiste la presencia de los grupos paramilitares y sus armas, y se consolidan peligrosamente las condiciones políticas para su reconstitución orgánica.
Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas la justicia no debe esperar porque es precisamente la impunidad la que ha fomentado este cerco de muerte contra los Pueblos indígenas de Chiapas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exige al Estado mexicano :
1.- Que se sancionen a los responsables materiales e intelectuales de los delitos de lesa humanidad dirigidos en contra de la población civil, de acuerdo al Estatuto del Tribunal de Nüremberg.
2.- Que se desarme y desarticule a los grupos paramilitares.
3.- Que se desmilitarice el territorio indígena de Chiapas.
4.- Que se reparen los daños a las víctimas de desplazamiento forzado, asesinatos, desapariciones y tortura.”
Desde el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha presentado las demandas en los organismos internacionales y se está entrevistando con diputados de diversos países europeos y eurodiputados, se ha insistido en la utilidad del apoyo de la sociedad civil mejicana e internacional para presionar al gobierno mejicano en el cese de esta política.
Fdo. : Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas de la CGT
