«Para el radicalismo islámico, España ’hace el trabajo sucio a los americanos»
Cuatro meses antes de los atentados del 11 de marzo de 2004, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió al Gobierno del PP, entonces presidido por José María Aznar, del riesgo creciente de atentado islamista en España, e incluso acertó a identificar al presunto cabecilla del comando que perpetró la matanza : el argelino Allekema Lamari, uno de los siete terroristas que se suicidaron el 3 de abril de 2004 en Leganés (Madrid), haciendo estallar cargas explosivas cuando estaban rodeados por la policía.
Así lo reflejan dos notas informativas del servicio secreto que el pasado 17 de septiembre fueron desclasificadas por el Consejo de Ministros y remitidas al juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo, para su incorporación al sumario sobre el 11-M.
Una de estas notas, que se reproduce al pie de esta página, fue enviada, con una foto del islamista que habría de convertirse en emir (jefe) del grupo autor del 11-M, a la Secretaría de Estado de Seguridad, dirigida por Ignacio Astarloa, y a la Comisaría General de Información de la Policía el 6 de noviembre de 2003.
El texto explica que el CNI ha tenido conocimiento «por una fuente sensible, cuya fiabilidad se considera media-alta» -de la que no desvela, lógicamente, su identidad-, de que Lamari había realizado, los días 17 y 20 de octubre de 2003, cinco giros postales a otros tantos islamistas presos. Se trata de Nourredine Salim Abdoumalou, Bachir Belhakem, Abdelkrim Benesmail, Mohamed Amine Akli y Souhbi Khouni.
Todos ellos estaban en prisión por su pertenencia al Grupo Islámico Armado (GIA) argelino, una escisión del Frente Islámico de Salvación (FIS) de inspiración salafista. Como recuerda la nota, Lamari fue detenido en Valencia en abril de 1997 en el marco de la llamada Operación África. La Audiencia Nacional le impuso 14 años de cárcel, que el Supremo redujo a nueve. Debido a un error, fue puesto en libertad en junio de 2002, cuando sólo llevaba cinco años entre rejas.
La nota del CNI agrega que el hecho de que Lamari distribuyera ese dinero, pese a su «precariedad económica», sólo podía explicarse, a juicio de su fuente, como una «despedida» ; «bien porque [Lamari] va a abandonar España o bien porque sería inminente una acción violenta».
El servicio secreto se inclinó por esta última tesis, al recordar que «la misma fuente había comentado a mediados de septiembre la intención de algunos elementos argelinos de cometer algún tipo de atentado en España, posiblemente provocando algún incendio forestal de grandes proporciones sobre algún elemento rentable (opción descartada al parecer por diferentes motivos) o una acción mediante un vehículo conducido por un mártir». A continuación subraya que «la fuente señaló a Allekema Lamari como uno de los organizadores y posible ejecutor del comando».
El documento no llega a pedir de forma expresa la captura de Lamari, pero su título es bastante elocuente («Nota informativa sobre Allekema Lamari, sus actividades, su peligrosidad, sus intenciones y su foto»), y también su último párrafo («se comunica esta información por la gravedad que pueden suponer la actitud y las actividades de Allekema»). El Ministerio del Interior, dirigido por Ángel Acebes, no puso en marcha ningún dispositivo para detener a Lamari, aunque la Audiencia Nacional ya había ordenado su búsqueda y captura, tras constatar la irregularidad de su excarcelación.
Diez días antes de advertir sobre la peligrosidad de Lamari, el CNI emitió otra nota menos útil desde el punto de vista operativo, pero más relevante políticamente. Por eso no se envió, como la anterior, a los responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino al Gobierno de la época, presidido por José María Aznar.
El informe, de 27 de octubre de 2003, era un análisis sobre el riesgo de que se produjera en España un atentado fundamentalista islámico y sus conclusiones no podían ser más inquietantes.
El CNI constataba que la «visibilidad de España en el mundo árabe» se había incrementado considerablemente en los últimos meses, lo que atribuía a varios factores : el apoyo del Gobierno español a la invasión de Irak en los debates del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ; el despliegue de tropas españolas en el sur de Irak, a partir de agosto de ese año ; la desarticulación de células integristas en España (como la detención del llamado comando Dixán, en Cataluña, en enero de 2003), o la celebración en Madrid de la Cumbre de Donantes para la Reconstrucción de Irak, entre el 23 y el 24 de octubre de ese año.
El aumento de la «visibilidad» de España fue muy perceptible en los medios de comunicación árabes, según la nota, que citaba el amplio eco de la detención en Granada, el 5 de septiembre de 2003, de Taysir Alouni, corresponsal de la cadena de televisión Al Yazira y único periodista que entrevistó a Bin Laden durante la guerra de Afganistán.
Por si fuera poco, el despliegue de las tropas españolas en el sur de Irak, «a pesar de realizar tareas de seguridad civil, es mayoritariamente percibido por las sociedades árabes como ocupación militar de un territorio islámico», advertía el servicio secreto.
En resumen, en opinión del CNI, se había afianzado entre los grupos radicales islámicos la idea de que España «hace el trabajo sucio a los americanos» y el Gobierno español «se ha alineado con los enemigos del islam».
Esta imagen no sería tan grave si el CNI no constatara, al mismo tiempo, un auge de los grupos radicales islámicos en España. En efecto, la nota avisaba de que «el incremento de militantes afines a la Yihad Internacional en nuestro territorio es un elemento de riesgo adicional».
El documento contiene dos referencias que parecen proféticas : la primera es la alusión a la presencia en España de «elementos islamistas radicales» que «hasta la fecha» se dedicaban a tareas de apoyo logístico y cuyas actividades aparecían «ligadas a la pequeña delincuencia». La mezcla de delincuencia común y fanatismo religioso fue uno de los elementos más sorprendentes del grupo que perpetró el 11-M.
También resulta clarividente el párrafo que advertía de que «la represión policial marroquí tras los atentados de Casablanca alienta la tendencia al refugio en España de islamistas radicales». En efecto, la investigación posterior al 11-M evidenció conexiones entre algunos huidos tras las bombas del 16 de mayo de 2003 en Casablanca, que costaron la vida a 45 personas (entre ellas, cuatro españoles), y la trama autora de la matanza de Madrid.
Pero el desencadenante de la nota del CNI fue el mensaje difundido el 18 de octubre de 2003 por Bin Laden. «Nos reservamos el derecho de responder, en el momento y lugar oportunos, contra todos los países que participan en esta guerra injusta [Irak], en particular Gran Bretaña, España, Australia, Polonia, Japón e Italia», dijo el líder de Al Qaeda.
«La amplia difusión del comunicado», advirtió el servicio secreto, «constituye una referencia a seguir para numerosos elementos y grupos radicales», incluidos los asentados en suelo español.
Los responsables políticos del anterior Gobierno del PP, en sus comparecencias ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el 11-M, siempre dijeron que los avisos que recibieron antes de 2004 sobre el riesgo de atentados terroristas islámicos eran de carácter muy genérico.
El propio informe del CNI parece responder por anticipado a este argumento cuando afirma : «Las amenazas explícitas a intereses españoles han crecido significativamente en los últimos meses. Aunque muchas de ellas son vagas o no concretas, el conjunto es indicativo de la elevación considerable del nivel de riesgo en territorio nacional, y especialmente en algunos países de mayoría musulmana».
Finalmente, el servicio secreto recomienda : «Parece necesario reforzar las medidas de protección en estos ámbitos, contemplando entre ellas las de los vuelos de aviones oficiales a zonas sensibles». Esta última alusión parece relacionada con el viaje que, del 19 al 23 de octubre de 2003, efectuaron los Reyes a Siria y a varios emiratos del golfo Pérsico y responde a la preocupación por la seguridad aérea que se extendió tras los ataques del 11-S a Nueva York y Washington.
No hay constancia de que el Gobierno del PP tomara medidas para reforzar la protección ante posibles atentados fundamentalistas, tras recibir estas notas informativas. De hecho, nunca llegó a celebrarse ninguna reunión entre responsables del CNI y del Ministerio del Interior para abordar el fenómeno del terrorismo islamista, al estilo de las que se celebraban sobre ETA.
Fuente: EL PAIS / M. GONZÁLEZ / J. A. RODRÍGUEZJ. YOLDI
