La reforma laboral ya está pactada. El Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO dieron ayer la redacción final a un acuerdo cuyo principal objetivo es reducir la temporalidad y evitar el encadenamiento de contratos. Además, los empresarios que se decidan a contratar de manera indefinida a jóvenes, mujeres y otros colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral recibirán una bonificación anual de entre 500 y 3.200 euros. La reforma se aplicará mediante un real decreto-ley y, previsiblemente, entrará en vigor el próximo mes de julio.
La reforma laboral ya está pactada. El Gobierno, la patronal CEOE y los sindicatos UGT y CC OO dieron ayer la redacción final a un acuerdo cuyo principal objetivo es reducir la temporalidad y evitar el encadenamiento de contratos. Además, los empresarios que se decidan a contratar de manera indefinida a jóvenes, mujeres y otros colectivos con dificultades de inserción en el mercado laboral recibirán una bonificación anual de entre 500 y 3.200 euros. La reforma se aplicará mediante un real decreto-ley y, previsiblemente, entrará en vigor el próximo mes de julio.
La reforma laboral que el Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT y la patronal CEOE negocian desde hace un año está ya cerrada. Las tres partes se reunieron ayer por la tarde para dar el visto bueno definitivo a un proyecto que pretende frenar la temporalidad abusiva y fomentar el empleo de calidad. Uno de cada tres asalariados en España tiene un contrato temporal.
La principal medida para frenar la contratación temporal consiste en obligar al empresario a hacer fijo a todo trabajador que haya encadenado dos o más contratos temporales con duración superior a dos años en un plazo de 30 meses. El trabajador que reúna esas circunstancias deberá ser fijo, un aspecto que figurará en el Estatuto de los Trabajadores.
Uno de los pocos aspectos que quedaban por concretar era la cuantía de las nuevas bonificaciones que se establecerán para el empleo indefinido. Hasta ahora, esos incentivos, destinados tanto al empleo fijo como al temporal, se establecían como porcentaje de la base de cotización del trabajador (es decir, era mayor cuanto más alto el salario del empleado). El nuevo modelo establece cuantías anuales fijas, independientemente de la cotización, sólo para contratos indefinidos y centradas en colectivos con dificultades de inserción laboral.
Contratar de forma indefinida a un discapacitado tendrá una subvención anual al empresario de entre 3.000 y 3.200 euros al año, según fuentes de la negociación. La mujer que provenga de fuera del mercado laboral, bien porque no haya trabajado nunca o porque haya disfrutado alguna excedencia, tendrá una subvención anual de 1.200 euros. Para las que ya estén insertas, el incentivo será de 850 euros. Y los jóvenes tendrán uno de 800 euros.
Plan de choque
A partir de la reforma, sólo la contratación indefinida resultará bonificada. Sin embargo, se fija un plan de choque para desatascar la actual bolsa de temporalidad que contempla ayudas de 800 euros al año para los empresarios que decidan convertir en fijos a sus trabajadores temporales. Pero esa prebenda tendrá un límite temporal. Será necesario hacerlo antes del 31 de diciembre de este año.
También se fija una subvención, aunque inferior, para la conversión de contratos formativos y contratos de relevo (los que sustituyen a un trabajador que se ha jubilado parcialmente) en fijos : 500 euros. Esta bonificación no estará acotada en el tiempo.
Todas las bonificaciones, con carácter general, tendrán una duración de cuatro años, frente a los dos actuales. Sólo se excluyen de esta norma los contratos temporales que se conviertan en indefinidos como parte de ese plan de choque. Éstos sólo contarán con tres años de subvención, pues se entiende que se trata de una medida excepcional para hacer aflorar trabajo que sólo es temporal por el tipo de contrato, no por las funciones asociadas.
Otra de las novedades consiste en la mejora de las prestaciones que abona el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), un órgano que se ocupa de los salarios e indemnizaciones de los trabajadores cuyas empresas han quebrado. Con la reforma, este fondo, que registra superávit, abonará un máximo de 150 días de salario a cada trabajador (frente a los 120 actuales).
Mejores indemnizaciones
También mejoran las indemnizaciones que percibirán los trabajadores afectados por la quiebra de empresas. Para calcularlas se seguirá teniendo en cuenta la cuantía del salario mínimo interprofesional (540,9 euros al mes), aunque se fijará en el triple de ese salario, frente al doble actual. La indemnización máxima será de un año de salario, aunque se utilizará la referencia de 30 días por año, frente a los 25 actuales. De esta forma mejora la indemnización.
El Fogasa se hará también cargo del coste de las conciliaciones judiciales, que el empresario no puede pagar cuando la compañía está en quiebra.
Una de las principales mejoras en este fondo es que también podrán beneficiarse de sus prestaciones los trabajadores temporales. Hasta ahora, sólo los fijos podían hacerlo, un requisito que dejaba fuera a muchos empleados, teniendo en cuenta el creciente peso de la temporalidad en las empresas.
En políticas activas de empleo y mejora de los servicios públicos de empleo, el Gobierno asume el compromiso de plasmar esas mejoras en los próximos Presupuestos Generales del Estado. En la inspección de trabajo, se creará un órgano estatal en los próximos tres meses a partir de la firma del acuerdo y se instará a las comunidades autónomas a que creen figuras semejantes con las competencias que tienen encomendadas.
El secretario general de Empleo, Valeriano Gómez, aseguró ayer que la reforma laboral se tramitará como decreto-ley. El motivo es que el cambio en estas normas «genera incertidumbre», por lo que hay que aplicarlas lo antes posible. Y la tramitación parlamentaria alargaría excesivamente su puesta en marcha. No obstante, una vez en vigor, el decreto se tramitará en el Parlamento.
El objetivo es que la reforma comience a aplicarse el próximo 1 de julio, según Valeriano Gómez. Las tres partes firmarán el texto el próximo 9 de mayo en el Palacio de La Moncloa.
Por decreto-ley, para ganar tiempo
El Gobierno ha decidido aprobar la reforma por decreto-ley para agilizar su puesta en marcha. El instrumento elegido, que impide introducir enmiendas en el proceso parlamentario, pondrá en más de un apuro al Gobierno y al grupo socialista en el Congreso, según reconocen fuentes parlamentarias, pues es posible que los diferentes grupos se quejen ante la imposibilidad de introducir modificaciones.
La vía del decreto-ley ha sido, sin embargo, la ordinaria en las últimas reformas laborales aplicadas en España, con acuerdo o sin él. La de 1997, embrión de la actual y que se firmó con el visto bueno de todas las partes, se tramitó de esa manera. También la de 2001, que el Gobierno del Partido Popular impuso sin acuerdo.
El Ejecutivo lo intentó de nuevo con el decretazo de 2002, que establecía una reforma del desempleo y que fue en gran parte retirado tras la huelga general. Entonces el PSOE criticó con dureza la fórmula del decreto. Ahora le toca defenderla.
Fuente: LUCÍA ABELLÁN/EL PAIS
