La política de dispersión, que afecta principalmente al colectivo de presos/as vascos/as y aquellos/as presos/as sociales más concienciados/as, busca el quebrantamiento no sólo de cualquier atisbo de unión entre personas presas sino la destrucción mental, y en algunos casos física de la persona. La dignidad en la cárcel es pagada con más castigo.
No hay que dejar de recalcar que el único derecho que se le arrebata a una persona presa es la libertad. Ahí es nada. Bastante castigo supone para cualquier persona la privación de libertad, el tener que sobrevivir día a día, mes a mes, año a año entre cuatro paredes como para que además se penalice a su familia con la crueldad propia de cualquier estado.
No hay que dejar de recalcar que el único derecho que se le arrebata a una persona presa es la libertad. Ahí es nada. Bastante castigo supone para cualquier persona la privación de libertad, el tener que sobrevivir día a día, mes a mes, año a año entre cuatro paredes como para que además se penalice a su familia con la crueldad propia de cualquier estado.
Ésta política diseñada tras las Conversaciones de Argel -que no deja de ser la versión moderna de las deportaciones a las colonias-, constituye desde el punto de vista humanitario un hecho absolutamente reprobable y cruel, constituyendo una «sobre-pena», un castigo añadido que alcanza a la familia de la persona presa, en algunos casos carentes de recursos, en muchos otros con otro tipo de dificultades pero que imposibilitan poder desplazarse cientos de kilómetros y poder mantener una relación lo más normalizada posible con su familiar encerrado.
Si nos ceñimos al plano legal, la dispersión no soporta ni la mirada más superficial ya que va contra toda legalidad penitenciaria vigente, contra todos los informes del Relator especial de Naciones Unidas, contra todo tipo de Convenciones en contra de la Tortura y de los Derechos humanos,… ¿dónde quedan la readaptación social de los prisioneros, la conservación de arraigo familiar y social, etc? Como toda legalidad inútil para los gobiernos: en papel mojado.
Parece que los tiempos en los que la violencia atropellaba cualquier discurso son ya tiempos lejanos. Pero aquellos tiempos, en los que la brutalidad golpeaba a diestro y siniestro, fueron ayer. Y en ese tira y afloja, de lo que ayer era tolerable y hoy ya no, se encuentran las personas presas. Todo nos indica que ante una apuesta decidida por la paz, ya sea por necesidad o convicción, la respuesta está siendo la negación o el silencio. No existe necesidad por parte del Gobierno de más. Los presos se han convertido en objeto de presión y de eso la responsabilidad es compartida. Las cárceles se han llenado de personas, con mayor, menor o ninguna implicación en ETA por culpa de poner la lupa torpemente en la violencia del estado, sin reflexionar entorno a la violencia de la que sí se tenía una responsabilidad y que ha sido un ingrediente básico para que a día de hoy, las personas encerradas se encuentren en la delicada situación en la que se encuentran.
Pero a pesar de todo, de todas las razones que puedan asistir a los familiares de las personas presas, que les asisten sin duda, no nos puede seguir bastando con agitar el fantasma del Estado para descargar culpas o escurrir responsabilidades. Durante muchos años hemos asistido al espectáculo lamentable de jugar con las palabras, a regates en corto que se vendían como victorias frente al todopoderoso Estado, a una peculiar cuando no ofensiva, por parcial, exigencia de cumplimiento de los Derechos Humanos. ¿Con qué resultado? Más y más operaciones represivas, más y más acciones armadas.
A día de hoy, se sigue sin apostar decididamente por dejar a un lado los malabarismos lingüísticos. La apuesta por dejar atrás una etapa negra, asfixiante, cruda, irracional,… debe ir más allá de una estrategia particular de tipo político-coyuntural y mostrarse sincera en los hechos y no en sólo en declaraciones. Conscientes de que poco se puede esperar del gobierno en materia de respeto a los derechos y libertades, los pasos a dar no deben estar condicionados a las actuaciones «del otro».
CGT-LKN reclama el fin de la política de dispersión, desde el respeto de todos los Derechos para todas las personas, por ello que no podemos dejar de hacer mención a la necesidad de que se de un reconocimiento del daño hecho y de su reparación en la medida de lo posible, por parte de los sectores implicados en lo que ha sido el conflicto armado, ya que las responsabilidades no sólo se encuentran en un lado.
Estas son, pues, las premisas con las que abordamos como organización las distintas iniciativas y movilizaciones que se vienen dando y se darán respecto a esta problemática.
Manuel Velasco Valladares, Secretario General de CGT-Nafarroa
Fuente: Manuel Velasco Valladares
