Durante el trámite parlamentario de la Ley del Sector Ferroviario, el SFF-CGT se dirigió a todos los partidos de la oposición, presentándoles una propuesta de Enmienda a la totalidad, en la que se requería la retirada del entonces Proyecto de Ley, basándonos en los aspectos más perjudiciales que contenía, empezando por la segregación y el camino que abre a la privatización, llevándonos a un ferrocarril que es un burdo calco del fracasado modelo británico.
La mayor parte de los partidos recogieron la propuesta y los planteamientos del SFF-CGT. Hay que recordar que, lamentablemente, ningún otro sindicato de RENFE propuso la retirada del Proyecto, sino tan sólo tímidas modificaciones de artículos sueltos, a pesar de que en aquel momento la Ley ni siquiera estaba aprobada : ese pobre argumento que ahora ponen para seguir sin hacer nada.
Por otra parte, varias Comunidades Autónomas han interpuesto recursos de anticonstitucionalidad contra la Ley, entre otras las de Castilla La Mancha, Catalunya y Andalucía. Ésta última ha suscrito, en base al recurso, un acuerdo con la Administración General del Estado, para valorar conjuntamente los artículos y disposiciones de la Ley recurridos y, en su caso, “la modificación de los preceptos señalados”. Si incluso el Gobierno reconoce que “su” Ley se puede cambiar, ¿cómo puede haber quien, debiendo estar contra ella, no lo admite ? Una de dos : o entienden que es más cómodo no hacer nada, o no es cierto que estén en contra de la segregación de RENFE y de la privatización del ferrocarril.
Comienza la campaña electoral, y hay dos posibilidades : o utilizar torticeramente a l@s trabajador@s para apoyar intereses políticos, o exigir a los partidos que defiendan los intereses de l@s trabajador@s y que mantengan sus compromisos. Para algunos, un día cada cuatro años somos votantes, pero lo cierto es que cada día de esos cuatro años somos trabajador@s.
El SFF-CGT se ha dirigido nuevamente a todos los partidos que presentaron enmiendas a la totalidad en el Congreso, y propuestas de veto en el Senado, reclamando la retirada del Proyecto de Ley, recordándoles que los argumentos que entonces plantearon siguen estando vigentes, y reclamándoles que, en coherencia, manifiesten su oposición a la Ley del Sector Ferroviario.
Los argumentos que se plantean en el Congreso y el Senado para reclamar la retirada de la ley son los que repetidamente ha explicado el SFF-CGT :
En definitiva, reconocen que “el actual modelo cumple sobradamente” las Directivas comunitarias, frente a quienes pretenden justificar su inactividad en una supuesta obligatoriedad de la segregación y la privatización, y manifiestan “un posicionamiento favorable a la existencia de una empresa integrada”.
El planteamiento es evidente : la Ley del sector Ferroviario del PP es una agresión no sólo contra 31.000 familias de trabajador@s de RENFE, sino también contra los millones de usuarios del transporte público ferroviario y contra toda la sociedad, a la que se pretende arrebatar un servicio público para entregárselo a un puñado de empresarios privados ávidos de convertir servicio, seguridad y puestos de trabajo en beneficios particulares.
Quienes se han manifestado contrarios a la Ley, sea en los ámbitos parlamentarios, o en las movilizaciones y actos llevados a cabo en los últimos años en diversos ámbitos, hasta llegar a la Manifestación estatal de Zaragoza el pasado 25 de octubre, tienen que mantener la coherencia de estas reivindicaciones y reclamar la derogación de la Ley del Sector Ferroviario antes incluso de que entre en vigor el próximo 18 de mayo.
Es difícil comprender que sindicatos de RENFE, que deberían tener como absoluta prioridad la defensa de los intereses de l@s ferroviari@s y la lucha por el ferrocarril público, y fundamentalmente aquellos que apoyan candidaturas determinadas para las próximas elecciones generales, no hayan planteado a los partidos con los que mantienen una relación directa la necesidad de incluir en sus programas la derogación de esta Ley insensata.
El SFF-CGT seguirá planteando la necesidad de luchar contra esta ley, en todos los ámbitos y con todos los medios que los ciudadanos y los trabajadores tenemos para hacer valer nuestros derechos y conseguir nuestras justas reivindicaciones.
Madrid a 26 de febrero de 2004
