La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha dictado una sentencia en la que anula parte de la Orden de 21 de mayo de 2003, por la que se aprueban las ayudas a la formación en prevención de riesgos laborales (dotada con 1.803.040 euros) tras la demanda presentada por el Sindicato Independiente (SI).
Esta regulación de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, permitió el reparto de las subvenciones, en exclusiva, a las organizaciones empresariales y sindicales « más representativas » : es decir, Comisiones Obreras, UGT y la patronal Cierval.
Sin embargo, el reciente fallo del TSJ Ñque cita abundante doctrina del Tribunal Supremo y del ConstitucionalÑ sostiene que la orden de ayudas públicas « vulnera el derecho fundamental esgrimido [en referencia a la libertad sindical] al incidir sobre la seguridad de los trabajadores que constitucionalmente le corresponde a todos los sindicatos en proporción a su representatividad ». En ese sentido, el TSJ recuerda que « la promoción de los trabajadores se atribuye por la Constitución Española a todos los sindicatos, sin distinción, y en los fines de promoción han de incluirse las actividades socioculturales y de formación ».
El procedimiento, que puede ser objeto de casación ante el Supremo, anula la disposición a favor de las organizaciones mayoritarias debiendo redistribuir el montante de 1,8 millones entre todas las asociaciones. « Siendo obvio que la administración al asignar las actuaciones para el desarrollo del plan deberá tener en cuenta a todas las organizaciones sindicales sin discriminación alguna », explica la citada sentencia. Las ayudas para los planes de formación en materia de salud laboral se destacan en el Pacto Valenciano para el Crecimiento del Empleo (Pavace), plan que guía las políticas ocupación de la Generalitat hasta el año 2006.
