El 14 de agosto de 2003, Juan Carlos Vallejo, ecuatoriano de 20 años, murió en accidente laboral mientras trabajaba en un edificio como asalariado de la compañía que dirige Tomás Amutio Olave, en La Rioja. El cadáver fue descubierto por uno de los hijos del empresario, que despojó al fallecido de la ropa de trabajo de la empresa porque el trabajador inmigrante carecia de contrato laboral y no estaba dado de alta en la seguridad social… ¡Y después declararon ante la Guardia Civil que el muerto era un desconocido que había entrado en la obra para robar !
Finalmente, las trampas del empresario y de sus hijos fueron descubiertas y la Justicia les impuso tres años de cárcel. El caso provocó un considerable revuelo en media España, el Consejo de Ministros negó el indulto particular y la pena es firme… Pero ninguno de los tres pisará una penitenciaría porque el juzgado número 2 de Logroño —¡a propuesta del fiscal !— ha sustituido la condena de prisión por una sanción económica.
Dando por bueno que el fiscal y el juez poseen capacidad legal suficiente para diseñar y aprobar semejante resolución, la pregunta es obligada : ¿Qué respeto merece el Reino de España como Estado de Derecho ?
