La Junta de Personal de la Administración General del Estado en Alicante denunció ayer que la Oficina de Extranjería de Alicante, a la que acuden diariamente cerca de 500 inmigrantes y trabajan alrededor de 50 personas, carece de una salida de emergencia operativa y una de sus dos puertas habituales de acceso permanece cerrada con candado. Por ello, el máximo órgano de representación del colectivo de funcionarios de la Administración periférica del Estado exigen el cierre de dichas instalaciones, que fueron inauguradas en junio en el polígono de Babel, adonde se trasladaron tras permanecer en la céntrica Calle San Fernando de la capital alicantina.

La Junta de Personal de la Administración General del Estado en Alicante denunció ayer que la Oficina de Extranjería de Alicante, a la que acuden diariamente cerca de 500 inmigrantes y trabajan alrededor de 50 personas, carece de una salida de emergencia operativa y una de sus dos puertas habituales de acceso permanece cerrada con candado. Por ello, el máximo órgano de representación del colectivo de funcionarios de la Administración periférica del Estado exigen el cierre de dichas instalaciones, que fueron inauguradas en junio en el polígono de Babel, adonde se trasladaron tras permanecer en la céntrica Calle San Fernando de la capital alicantina.

Esta situación ha sido calificada por el presidente de la Junta de Personal, Daniel Garijo, del sindicato mayoritario CGT, de « peligro inminente y grave ». Estas disfunciones fueron ya denunciadas el pasado 21 de diciembre a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entidad pública que, según el sindicato, « no ha resuelto nada hasta el momento ».

Según Garijo, que alerta de la situación ante la avalancha de inmigrantes que se prevé para finales de mes cuando entre en vigor el reformado reglamento de la Ley de Extranjería, asegura que la Dirección Territorial de Trabajo informa de que el asunto está en manos de la Inspección de Trabajo.

Las anomalías detectadas reflejan que la salida de emergencia ha sido inutilizada mediante la fijación de un puntal metálico amarrado con alambres de acero a las barras de apertura y una de las puertas habituales de acceso permanece cerrada con candado.

Según Garijo, la única salida y entrada al edificio es una puerta con una anchura inferior a un metro, además de que el inmueble carece de las señalizaciones de evacuación y de peligro.

Dada esta situación y ante el desconocimiento de si existe un plan de evacuación del edificio en caso de emergencia, la Junta de Personal de la Administración Central solicitó también el pasado mes la inmediata paralización de la actividad laboral, petición que no ha sido contestada desde la Inspección de Trabajo.

« En caso de cualquier tipo de siniestro, como incendio, aviso de bomba u otros, que requiera una rápida evacuación creemos que existe un altísimo riesgo, máxime si se produce en los momentos de afluencia de público, especialmente a primera hora de la mañana ».

El edificio ocupa dos plantas y algo más de 1.300 metros cuadrados, además de albergar una media de 500 visitantes diarios, que en los próximos días irá en aumento al entrar en vigor el próximo día 30 el reformado reglamento de la Ley de Extranjería. Por ello, la Junta de Personal exige el cierre de las instalaciones « mientras no se tomen las medidas mínimas de seguridad ».


Fuente :
www.la-verdad.com