Las personas sospechosas de actividades terroristas no deberían ser
reenviadas a un país donde podrían ser víctimas de torturas y malos
tratos, según denuncia Human Rights Watch en un nuevo informe. La
organización de Derechos Humanos añade que los gobiernos que utilizan
este tipo de promesas conocidas por el nombre de «seguridades
diplomáticas» para justiciar estos reenvíos violan la «prohibición
absoluta» que pesa en contra de la tortura y un principio fundamental
del derecho internacional.
El informe, titulado «Promesas vacías : las seguridades diplomáticas
no protegen de la tortura», aporta informaciones sobre casos en los que
los gobiernos han reenviado o previsto reenviar a sospechosos de
terrorismo sobre la base de garantías formales.
«Los gobiernos no deberían proceder nunca a reenvíos si no están
absolutamente seguros de que no se va a practicar la tortura», declaró
la directora ejecutiva interina de la División Europa y Asia central de
Human Rights Watch, Rachel Denber. «Los gobiernos no pueden cerrar los
ojos cuando la potencial víctima se encuentra acusada de actividades
terroristas y justificar su retorno sobre la base de promesas poco
fiables hechas por países que han hecho prueba de que recurrían a la
tortura».
El informe indica que Austria, Canadá, Georgia, Alemania, Suecia,
Reino Unido y Estados Unidos han devuelto personas consideradas
terroristas o que amenazan su seguridad a países en donde la «tortura
está extendida y generalizada». Entre esos países, HRW mencionó a
Egipto, Filipinas, Rusia, Sri Lanka, Siria y Uzbekistán.
«Los gobiernos deben encontrar una forma de combatir el terrorismo de
un modo que no socave las obligaciones fundamentales, entre ellas, el
deber de no exponer a la gente a la tortura». «Dados los antecedentes de
Siria, un terrorista enviado allí nunca estará seguro. Casos como ese
ponen en duda si muchos gobiernos tienen total conocimiento de que la
tortura es utilizada para extraer informaciones y confesiones», añadió
Denber.
La organización de Derechos Humanos sugiere que el relator especial
de la ONU para la tortura «examine y establezca normas y criterios
claros para uso de las garantías diplomáticas».
«La pena de muerte, reprensible, es legal y habitualmente practicada
de forma pública», declaró Denber. «Pero la tortura es ilegal y
practicada de forma secreta. Los gobiernos mienten de forma regular
cuando son preguntados sobre si recurren o no a la tortura y en algunas
situaciones no disponen necesariamente de medios de control adaptados
para garantizar la seguridad», añadió.
