CGT lamenta la situación del transporte escolar, en particular su inclusión dentro del transporte integrado, sancionada con el mapa de transporte público aprobado por el Consejo de Gobierno.
Las rutas escolares han comenzado el curso con serios problemas de organización. Hasta el último momento las líneas no estaban perfiladas y no se habían comunicado a los equipos directivos y a los padres, que llamaban a los centros educativos, obviamente sin recibir una respuesta satisfactoria. Pero esto ha sido un problema puntual.
Este año se consolida definitivamente el transporte integrado o a la demanda. Consiste en la conversión de las líneas de transporte escolar, de las que se ocupaba la Consejería de Educación, en un servicio combinado de alumnado y ciudadanía en general, ahora competencia de Fomento. La transformación de las rutas se ha ido operando progresivamente estos tres últimos años y hoy afecta a 109 líneas en la provincia de Burgos, lo que supone la práctica desaparición del servicio de transporte escolar como se conocía.
El transporte integrado, idea en apariencia feliz, pretende aumentar el servicio a los pueblos, pero no contempla un problema esencial: la seguridad de los menores. Esta modalidad de transporte implica que puede compartir el trayecto con los menores una persona sin la debida supervisión, que en ningún caso puede recaer en el conductor.
Por otro lado, las líneas llegan al centro o a casa tarde otra vez, hecho que ya denunció CGT el año pasado, porque en el nuevo contexto normativo del transporte a la demanda los autobuses hacen otros servicios y recogen más pasajeros. Así se retrasan los horarios de los menores, y por tanto se altera su estilo de vida.
El transporte integrado es igualmente un regalo para la enseñanza privada-concertada. El transporte escolar vinculado a los centros públicos era diferenciador de un servicio público que buscaba la igualdad de condiciones y limitaba la segregación de los conciertos. Ahora, un alumno de otro centro cualquiera puede, por un precio simbólico, usar las líneas.
Un problema añadido es que a partir de ahora el alumnado de enseñanzas no obligatorias tiene que hacer una solicitud individual para el transporte escolar. Es decir, se abre la puerta a que a un alumno/a menor de 16 años, que tiene que estar por ley escolarizado en Bachillerato, FP Básica o Ciclos de Grados Medios, se le deniegue el transporte. Sin embargo, el Presidente Mañueco hacía el sábado unas declaraciones electoralistas y se jactaba de becas para las prácticas del alumnado de FP. Con ello, el Gobierno del PP segrega un poco más, alejándose de la idea del transporte gratuito y de una una escuela para todos y todas.
Para CGT esto es un deterioro de la enseñanza pública y exige un estricto control de los servicios de transporte escolar, para que el alumnado siga con su escolarización y aprendizaje normal llegando al centro y a casa a la hora. La Administración, propone el sindicato, debe recuperar la figura del cuidador que habilitó para la pandemia, para que vele por la seguridad de los menores y garantice su bienestar. El transporte integrado, en definitiva, parece no ser tanto un servicio a los pueblos sino un ahorro de costes que esperamos no se cobre con la integridad de un menor.
Igualmente se debe revertir de modo inmediato el nuevo procedimiento de solicitud para el alumnado de enseñanzas no obligatorias para que sea un servicio verdaderamente gratuito.
26 de septiembre de 2022.
Fuente: Sección de Enseñanza del Sindicato Único de Burgos-CGT
