El 24 de Enero pasado, los directivos de la naviera Iscomar anunciaban, en rueda de prensa, un incremento de un 37 % de los beneficios de la compañía en 2006, respecto a los resultados del año anterior (en 2005, a su vez, supusieron un incremento del 24 % respecto a 2004). Como se ve, la compañía de la familia Seguí va viento en popa, al menos en cuanto a los resultados declarados se refiere. Y a todo ello no son ajenas las extraordinarias iniciativas de colaboración que ha recibido desde el poder político. La generosa renegociación de la deuda, hace dos años declarada de 5,7 millones de euros con la Autoridad Portuaria presidida por Juan Verger (actualmente, más de 6 millones de euros, según fuentes de la Agencia Tributaria), sólo es una muestra de la relación “estrecha” entre la familia menorquina y el extinto govern del PP : cuando una se constipaba, el otro estornudaba.
Mientras se publicaban estos extraordinarios resultados, los trabajadores de ésa empresa se concentraban cada martes ante las puertas del Parlament Balear, en protesta por un ERE (Expediente de Regulación de Empleo, mecanismo legal que permite a las empresas despedir colectivamente, de forma barata) que el Govern de Jaime Matas le había aprobado el 30 de Agosto de 2006, afectando a dieciocho trabajadores, todo ello cuatro días antes que Iscomar anunciara los beneficios referidos al primer semestre de 2006 (una subida del 77 %, antes de impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones). El día que se declararon estos resultados semestrales (4 de Septiembre de 2006, Europa Press) nos explicamos las prisas de la Consellería de Treball de Cristóbal Huguet por aprobar el ERE : hubiera quedado muy feo el hacerles este regalo después de que Iscomar exhibiera tan pingues beneficios. Simultáneamente a esta trampa legal contra los trabajadores, los directivos del Grupo Contenemar-Iscomar, ésos que al parecer no podían pagar las indemnizaciones por despido a los afectados por el ERE, demostraban suficiente solvencia económica para entrar, junto con los daneses de Clipper, a comprar los Astilleros Izar, de Sevilla.
La política laboral de Iscomar está montada sobre la flexibilidad total de los empleados, entre las empresas del Grupo Contenemar que operan en Balears (Iscomar, Estibadora Palma Port, Talleres Porto Pi, etc.) hurtando a la representación laboral la información sobre los movimientos de plantilla. Como delante de los trileros, nunca sabes muy bien dónde está el garbanzo. El miedo, ya se sabe, genera más sumisión que rebeldía. Iscomar prefiere trabajadores y sindicatos sumisos, y carga sin contemplaciones contra quienes no lo somos, atemorizando al resto. La prepotencia de los directivos de Iscomar quedó muy de manifiesto en la tramitación del ERE. Pero también y durante años, en el sistemático e injustificado retraso en el pago de los salarios de los trabajadores aduciendo, quién lo iba a decir, “dificultades económicas”, argumento que contó con la sorprendente comprensión de la Inspección de Trabajo (más de diez denuncias de CGT en los últimos dos años, ninguna sanción). El inspector encargado de investigar ésas denuncias fue el mismo que también les informó a Iscomar, favorablemente, el ERE de 2006.
El 24 de febrero de 2004 hubo un grave accidente en el puerto de Palma. Una grúa de gran tonelaje de Iscomar se desplomó sobre el carguero Benijofar, de la misma naviera, aplastando un camión de carga en su caída y partiéndose en dos, por el impacto sobre el buque. La parte superior cayó al agua por el otro lado del barco. Fue un auténtico milagro que no hubieran desgracias personales, y que dos obreros, que cayeron al mar desde la cabina de control de la zona alta, no sufrieran más daños físicos que rozaduras e hipotermia, por la baja temperatura del agua, además del susto de su vida. Verger, presidente de la Autoridad Portuaria, y Villalobos, director del ahora extinto Instituto de Salud Laboral, se afanaron ése mismo día en achacar las causas a “errores mecánicos”. La CGT pidió información, a la Inspección de Trabajo y a la propia empresa, que nunca llegó. La circunstancia afortunada de no haber víctimas permitió a políticos y empresa echar enseguida tierra sobre el asunto. Pero la información suministrada por los propios trabajadores iba más allá de los eufemismos de las autoridades : una grúa reciclada proveniente de Canarias, mecanismos de seguridad obsoletos e inútiles, fatiga de materiales y estructuras portuarias tercermundistas y peligrosas.
Ahora, el accidente y hundimiento del carguero Don Pedro ha llenado de mugre las playas y la zona costera de la capital eivissenca. La responsabilidad de Iscomar en el atentado ecológico se debe depurar hasta las últimas consecuencias. En la investigación de las causas, es imprescindible tener en cuenta la antigüedad, funcionamiento y estado de conservación del buque siniestrado, así como su carga, y la duración de las jornadas de trabajo que soportaba la plantilla en el momento del accidente. Todo ello sin olvidarse de evaluar el riesgo del resto de la flota de la compañía por ésas mismas causas. Pero, además de reparar el desastre medioambiental, debemos acabar con el chapapote social que supone la actuación de empresas como Iscomar que, junto con otras (como Remolcanosa, con sus trabajadores en huelga indefinida desde hace más de un mes), convierten el recinto del Puerto de Palma en un espacio de explotación, precariedad y riesgos laborales. Y todo ello con la patente de impunidad que les conceden las presuntas autoridades.
Fuente: Pep Juárez, secretari d’Acció Sindical CGT-BALEARS
