La Comisión de Defensa de los Derechos de la Persona del Colegio de Abogados de Barcelona, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona y la Asociación Catalana de Juristas Demócratas han emitido de manera conjunta un comunicado en el que analizan las causas del motín ocurrido el pasado viernes en la prisión de Quatre Camins de la Roca del Vallès (Barcelona) y piden una reforma de la Administración Penitenciaria que lleve a mejorar las condiciones de vida de los presos.
Los autores del comunicado consideran que las protestas del pasado viernes son fruto de «una necesidad de expresión y denuncia de una situación del todo insostenible que amenaza con empeorar en el futuro», por lo que reclaman la adopción de medidas concretas para solucionar el problema como la aplicación sin restricciones de los mecanismos de flexibilización de la pena por parte de jueces y tribunales, la implantación de medidas alternativas a la pena privativa de libertad y la abolición de las últimas leyes del gobierno del PP.
También piden que se recupere la redención de pena a través del trabajo y que se implanten políticas sociales para prevenir el delitos y para fomentar la integración social de los presos.
Con este comunicado los autores han querido denunciar el problema existente actualmente en las prisiones catalanas, achacándolo a la política criminal seguida por la jurisdicción, la Fiscalía y la administración penitenciaria desde la promulgación del Código Penal de 1995.
Según los autores del comunicado, la ampliación del poder punitivo del Estado, las últimas reformas legislativas del anterior Gobierno del PP y la aplicación restrictiva de los instrumentos de flexibilización de la pena previstos en la legislación vigente han puesto de manifiesto «las nefastas consecuencias» de dicha política, que han llevado a los presos a realizar una protesta colectiva como la del pasado 30 de abril, en la que resultaron agredidos dos trabajadores.
DURA POLITICA CRIMINAL.
El comunicado denuncia también que la política criminal seguida hasta ahora además ha comportado un aumento de la duración de las condenas, la eliminación de la redención de penas por trabajo y un incremento extraordinario del número de la población reclusa, además de la reducción al mínimo de la concesión de permisos de salida, de la aplicación del tercer grado y de la libertad condicional.
Según los denunciantes, las pésimas condiciones en las que viven los presos y trabajan los funcionarios derivada de la masificación de las prisiones catalanas, las condiciones en que se llevan a cabo los aislamientos de presos, la restrictiva concesión de la libertad condicional aún en caso de enfermedad grave y la imposición de trabajos obligatorios no remunerados o remunerados muy por debajo del salario mínimo interprofesional, ha comportado en muchos casos la vulneración de los derechos fundamentales y la dignidad de los presos.
Según el comunicado, esta situación ha generado «una tensión y conflictividad» en las prisiones debida a la «excesiva confianza de la sociedad española y catalana en el castigo penal como medida para solucionar los problemas sociales».
Los comunicantes han querido dejar claro que, pese a que los hechos sucedidos no son «merecedores de alabanza», no se puede obviar la grave situación que atraviesan las prisiones catalanas desde hace años y las denuncias al respecto que han venido emitiendo a lo largo del tiempo tanto los presos y sus familiares como abogados y asociaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos en las prisiones.
