La Audiencia Nacional ha fijado el martes 19 de junio como fecha para la vista oral en Madrid de la demanda de impugnación de la Disposición Adicional Segunda del VIII Convenio Colectivo en la Radio Televisión de Andalucía. Este juicio debe resolver la presunta ilegalidad de un acuerdo de empleo para que 308 trabajadores temporales obtengan la fijeza sin superar las pruebas que establece la propia Ley de Creación de la RTVA. La dirección de la empresa y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, que ostentan la representación mayoritaria en el Comité Intercentros de esta empresa pública andaluza, firmaron este pacto en Sevilla durante el pasado mes de diciembre dentro de la negociación colectiva .
CGT-RTVA ha presentado la denuncia después de varios intentos para que los sindicatos “mayoritarios” y el Comité Intercentros obligaran a la empresa a que convocara definitivamente el Concurso Libre de Méritos, aprobado por todas las partes en el VII Convenio Colectivo –vigente desde el año 2002 y prorrogado en el 2004 hasta finales de 2006- con un total de 354 plazas. Un concurso que nunca se convocó por los impedimentos planteados tanto por CC.OO. y UGT, cuyas decisiones podrían obedecer únicamente a intereses personales y de sus propios afiliados. Nuestra sección sindical en Canal Sur Radio y Televisión ha puesto en conocimiento en los últimos meses ante la dirección de la empresa y el resto de secciones sindicales (CC.OO., UGT y Sindicato de Periodistas de Andalucía) sus dudas sobre la viabilidad jurídica de este proceso, ya que incumple uno de los preceptos básicos de la Ley de Creación de este ente público como es la obligación de que el director general convoque unas pruebas para que un trabajador adquiera la fijeza en su plaza o puesto de trabajo. Estas partes siempre han hecho caso omiso a los requerimientos de CGT hace más de un año. Además, dichas pruebas tienen que tener un carácter público y propiciar un precepto constitucional como el derecho a la libre concurrencia de todos los ciudadanos al empleo público : Canal Sur es una empresa financiada con presupuestos de la Junta de Andalucía y bajo el control del Parlamento autonómico.
La sección sindical de CGT en la Radio Televisión de Andalucía mantiene que con la pactada Disposición Adicional Segunda, que incluye también la consolidación del traslado provisional de 83 trabajadores que no ocupaban la plaza ganada en oposiciones, tampoco se termina con lo que coloquialmente denominamos fraude de ley en la contratación. Una situación que han venido sufriendo en los últimos años casi 450 empleados de esta empresa pública –con una plantilla cercana a los 1.600 trabajadores- y que ha excluido a otros 130 trabajadores temporales en la misma situación de irregularidad que los “beneficiados” con el nuevo contrato fijo. Ni la dirección de la RTVA ni los sindicatos firmantes han dado razones objetivas y legales para utilizar dos criterios distintos en situaciones laborales supuestamente similares.
La postura de CGT ha sido desde el primer momento transparente. Transparente ante los trabajadores, pidiendo al Comité Intercentros que convocara asambleas entre los trabajadores –nunca celebradas- para que todos pudieran expresar con su voz su opinión sobre la “supuesta” negociación colectiva que se estaba llevando a cabo. CGT-RTVA ha querido ser también transparente ante las Mesas de negociación, ante la dirección de esta empresa pública y ante la sociedad andaluza. Por todo ello se ha visto abocada a la demanda ante la Audiencia Nacional como única salida, utilizando el derecho que le reconoce la ley.
Fuente: Sección Sindical CGT-RTVA
