Retahíla de desafueros ante la ostentación de la administración pública. Lo que silencian lo gritamos.

Retahíla de desafueros ante la ostentación de la administración pública. Lo que silencian lo gritamos.

En primer lugar, la inauguración de esta nueva sede no se ve acompañada de un cambio en nuestras condiciones laborales : este edificio-espectáculo, derroche de metros, mesas, sillas, cristal…, contrasta de forma sangrante con la tacañería que se aplica a nuestras condiciones salariales.

Por otra parte, estamos ante un edificio ineficiente, energéticamente hablando ; ni un triste panel solar o término en un lugar donde la climatización es especialmente costosa causa de su enorme tamaño. En este aspecto la Administración actúa con hipocresía, obliga a colocar paneles térmicos en los nuevos edificios, mientras que en sus edificios no aplica lo que predica.

Nos encontramos ante un edificio generoso en espacios muertos : anchos pasillos, multitud de inmensos descansillos, huecos, salas y salones de reuniones desmesurados, tanto en número como en metros. Mientras tanto, los lugares de atención al público (CAISS, ADMINISTRACIÓN, EVI,…) y algunas dependencias de gestión no disfrutan de similar generosidad.

En suma, son unos recursos destinados a la apariencia, a la imagen pretenciosa, a la espectacularidad. El contenido, lo que importa, el día a día sufre un progresivo proceso de degradación. Como ejemplo definimos :

  •  la limitación en el horario a la hora de tramitar las vidas laborales, potenciando que éstas sean expedidas vía Internet o a través de un 901, teléfono de copago atendido por contratas de servicios telefónicos (ATENTO) donde el personal trabaja en precario y por un salario inferior a los 600 euros.
  •  Esta empresa, por tanto, dispone de unos datos personales -de gran parte de la población- especialmente sensibles, de los que, a causa de las penosas condiciones laborales, malamente podrán responsabilizarse de su adecuada gestión.
  •  Nos parece penoso que una parte de nuestro salario se nos hurte para destinarlo a un plan de pensiones privado, gestionado por el BBVA, CC.OO. y UGT. Aquí tenemos otra gran paradoja : a quienes tramitamos pensiones públicas en este flamante edificio, nos obligan a destinar parte de nuestro salario para planes de pensiones privados.
  •  Ventanillas cada vez más desiertas, desvíos de atención humana y personalizada hacia empresas privadas que sólo buscan su propio beneficio, servicios públicos que se van pasando cada vez a mayor velocidad a empresas de servicio privadas : registro, porteo, archivo informatizado, programas informáticos, etc. Las plazas que garantizan la calidad del servicio se amortizan, mientras que los puestos de asesores aumentan y los altos cargos permanecen inalterables pero mejor pagados.

    No nos cansamos de denunciar el reiterado incumplimiento de las promesas electorales por parte del partido socialista, ahora en el poder, que estando en la oposición se comprometió a :

  •  “La recuperación progresiva por los empleados públicos del poder adquisitivo que han perdido en estos años…” También defendieron estas propuestas en la anterior legislatura en distintas intervenciones parlamentarias reconociendo “una profunda e histórica insatisfacción de los servidores públicos por la continua pérdida de poder adquisitivo…” cuando defendieron en junio de 2003 la iniciativa legislativa popular para la implantación de la cláusula de revisión salarial.
  •  El grupo parlamentario socialista en el año 2003 expuso en la comisión de Administraciones Públicas en el Congreso “en los últimos debates presupuestarios, mi grupo ha solicitado reiteradamente que se pudiera incorporar, como se hizo con los pensionistas a partir de la Ley 24/1997, la cláusula de revisión salarial, como lo tienen reconocido más de seis millones de trabajadores de este país en sus convenios colectivos”. Sin embargo, el Presupuesto del Congreso para el 2007 aumenta hasta un 15,20% con respecto a 2006 y el nuestro no llega al IPC real.

    Continuando con este proceso de degradación que deteriora la calidad del servicio público al que tiene derecho la ciudadanía, nos encontramos con empleados públicos que con una media cada vez más elevada (49 años en la actualidad), sufrimos una doble discriminación. Por un lado se nos prohíbe la jubilación anticipada voluntaria a los 60 años con 30 años de cotización, tal y como la tienen el resto de los funcionarios que pertenecen a Clases Pasivas y la jubilación parcial a la que se pueden acoger todos los trabajadores que pertenecen al Régimen General, experto los empleados públicos, que pertenecemos al mismo Régimen General. No pedimos lo que los políticos se han aprobado para sí mismos, es decir, la pensión máxima con 11 años de cotización, no, no queremos regalos. La inmensa mayoría de los empleados públicos habremos cotizado a la Seguridad Social más de 35 años cuando alcancemos la edad de 60 años. Entendemos que ésta es una aportación más que suficiente al sistema público como para garantizar su suficiencia y futuro.

    Rechazamos el Estatuto, ahora en trámite, que profundiza en la degradación de nuestras condiciones laborales : movilidad funcional y geográfica forzosa, potenciación de las retribuciones complementarias que son las que tienen un reparto más desequilibrado en detrimento de las básicas menos injustas, creación de la nueva figura del “personal directivo” al margen de todo control de condiciones laborales y de retribuciones, instauración de la valoración del desempeño en el puesto de trabajo pero sin un control democrático, etc.

    El gobierno que ahora presume de haber alcanzado el superávit en las cuentas públicas tiene que se consciente de que estos presuntos “éxitos” contables no pueden basarse en el progresivo empobrecimiento de quienes dependemos de los presupuestos públicos, como si de un mal pagador se tratara.

    No se puede permitir que nuestra sangría tributaria -más de una 25% de pérdida de poder adquisitivo en los últimos 15 años- continúe justificándose mostrando como un éxito económico lo que no es más que otro incumplimiento del PSOE, que cuando estaba en la oposición se mostraba contrario a vender el superávit de las cuentas públicas como un éxito, sino más bien como un fracaso de las políticas sociales.

    Ni el déficit 0, ni el superávit pueden justificar que existan muchas nóminas de empleados públicos que apenas alcancen los 1000 euros, ni pensiones que no lleguen al salario mínimo interprofesional.

    Las cifras positivas de la macroeconomía no pueden justificarse a costa de nuestra microeconomía, o dicho de otro modo, no se puede dar un mayor relieve a la economía ficticia y maquillada que a la economía real, la del redondeo, la de la hipoteca, la de la cesta de la compra, en fin, la economía del día a día.

    Seguramente se podrían ahorrar muchos más recursos, que disfrutarían de un acomodo mucho más humano si se destinaran a fines sociales que derrochándolos en infraestructuras faraónicas de dudosa justificación y destinadas más a la imagen efímera y electoralista que a ofrecer un servicio público de calidad.

    Esperamos que se optimicen los recursos de este macroedificio, lo cual supondría el suficiente ahorro como para dar cumplida cuenta de las reivindicaciones por las que llevamos años luchando.


    Par : CGT Salamanca