La operación “Araña”, las multas a manifestantes en Valencia y otras ciudades o la prohibición de manifestaciones públicas no son más que algunas muestras de los ataques a la libertad de expresión que se incrementarán con la entrada en vigor de la llamada “Ley Mordaza”

La Confederación General del Trabajo (CGT), como organización implicada en las luchas sociales, viene denunciando desde hace tiempo el endurecimiento de las leyes y actuaciones represivas puestas en marcha por el Gobierno central, a través de las diversas instancias jurídicas o policiales, donde agresiones de la policía del Estado o de los Mossos y la Ertzaina (Catalunya y Euskadi) menudean y ponen de manifiesto la fragilidad del sistema democrático español.

La Confederación General del Trabajo (CGT), como organización implicada en las luchas sociales, viene denunciando desde hace tiempo el endurecimiento de las leyes y actuaciones represivas puestas en marcha por el Gobierno central, a través de las diversas instancias jurídicas o policiales, donde agresiones de la policía del Estado o de los Mossos y la Ertzaina (Catalunya y Euskadi) menudean y ponen de manifiesto la fragilidad del sistema democrático español.

La CGT y el conjunto del sindicalismo alternativo cuenta ya con docenas de afiliados que han sido condenados o están en espera de juicio por su supuesta participación en actos tan poco peligrosos para la seguridad de la ciudadanía como participar en piquetes de huelga, hacer una pintada, acudir a manifestaciones o realizar protestas simbólicas como quemar fotocopias de billetes u organizar procesiones ateas.

Concretamente en Valencia, donde tantos casos de represión se han producido y aún sigue abierto el caso de las actuaciones policiales en la Primavera Valenciana, la plataforma de colectivos sociales ’Juntes sense por’ (Junt@s sin miedo) de la que CGT forma parte, ha denunciado recientemente el inicio de expedientes sancionadores de entre 300 y 6.000 euros de multa a seis participantes en una rueda de prensa y la detención de otro tras la manifestación del pasado 19 de febrero en Valencia contra la Ley de Seguridad Ciudadana —conocida como ’Ley Mordaza’— «solo por el hecho de acudir a una convocatoria anunciada públicamente» y no por los actos violentos que la propia policía asegura tuvieron lugar en ella.

En Barcelona y otras localidades catalanas se desarrollaron aparatosas operaciones policiales para, supuestamente, desarticular organizaciones anarquistas de cuya existencia y peligrosidad reales hay algo más que serias dudas. Pero a pesar de esas dudas fundadas, la mayoría de los detenidos en tales operaciones no sólo siguen en prisión, sino que están siendo separados y alejados de sus lugares de residencia, para aislarlos de sus conocidos y familiares.

Llamativa y sorprendente ha sido también la “Operación Araña” bajo la que se ha detenido a varias personas por opiniones o comentarios vertidos en las redes sociales, incluido el miembro de un conocido grupo musical. Con independencia del buen o mal gusto de los comentarios emitidos, no podemos dejar de lamentar que desde esas mismas páginas se esté amenazando seriamente de muerte activistas de organizaciones de izquierda, sin que el Estado muestre la misma contundencia. Tampoco desde CGT creemos que sea proporcionada la dureza con que se actúa contra el texto de una canción y lo laxa que es la justicia ante casos de corrupción como los que llenan a diario nuestra actualidad.

Por último, aunque nos tememos que la cosa no se detendrá, salvo que la población se movilice, nos enfrentamos a varias prohibiciones que se han realizado respecto a actos convocados para este sábado 23 de mayo. En concreto, nos referimos a la concentración para reflexionar sobre la situación política, convocada por el movimiento 15M con motivo de su IV aniversario en la madrileña Puerta del Sol, anacrónica prohibición que originó la toma de la plaza por la policía y la identificación de decenas de personas, así como la acción convocada en Barcelona por la CGT y otros colectivos sociales en contra de la multinacional Monsanto, culpable de la introducción de peligroso pesticidas y semillas transgénicas en la agricultura de numerosos países y que ponen en grave riesgo nuestra salud y la soberanía alimentaria, aunque ésta fue posteriormente autorizada por la Junta Electoral.

Para CGT es un abuso de autoridad y un anacronismo que se justifique tal prohibición alegando la coincidencia con la Jornada de Reflexión, ya que dichas protestas nada tienen que ver con la campaña electoral partidista y, además, en estos momentos de poco sirve decretar una jornada sin actividad política, cuando tantas formas hay de esquivar esta vieja norma, que ya no existe en otros países de nuestro entorno.

Gabinete de Prensa de la CGT

Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT

 


Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT