El sindicato CGT denunció hoy que la Xunta no protege "ni un mínimo" a las mujeres que deciden ser madres y trabajadoras ante los posibles despidos improcedentes que puedan llevar a cabo las empresas en las que están empleadas, pues asegura que en vez de vigilar el cumplimiento de la ley se hace "cómplice" de los empresarios.

El sindicato CGT denunció hoy que la Xunta no protege «ni un mínimo» a las mujeres que deciden ser madres y trabajadoras ante los posibles despidos improcedentes que puedan llevar a cabo las empresas en las que están empleadas, pues asegura que en vez de vigilar el cumplimiento de la ley se hace «cómplice» de los empresarios.

Esta denuncia fue expresada por el colectivo sindical de CGT en un comunicado, en el que se informaba de que el caso de la trabajadora María José Torres despedida en mayo de 2004 de una empresa que prestaba servicios a la Xunta en Vigo se ha resuelto de forma favorable para la afectada después de que un juez dictado una sentencia firme sobre la nulidad de su despido.

CGT señala que aunque María José Torres ha sido readmitida en su puesto de trabajo «al que pronto se reincorporará», esta mujer ha estado casi un año sin cobrar su salario desde que fue despedida de su puesto por reclamar la reducción de jornada laboral para hacerse cargo de su hija.

Los miembros de CGT recuerdan que en este caso la denuncia se presentó ante la Inspección de Trabajo lo que llevó a la empresa a «tomar medidas de represión» laboral contra la denunciante, al alejarla de sus compañeros, retirarle sus tareas y cuestionar su capacidad para asumir responsabilidades.

Finalmente, Torres fue despedida «por exigir el cumplimiento de sus derechos» como mujer, como madre y como trabajadora, recordó la CGT. Un caso que, según este sindicato, se acaba de repetir al resultar despedida por parte de la Xunta otra trabajadora con una sentencia anterior de readmisión por estar embarazada.

MIEDO A DENUNCIAR

Este sindicato considera que el resultado favorable de la sentencia de Torres debe servir para animar a «muchísimas mujeres» que sufren este tipo de problemas a tener valor y exigir sus derechos que «desgraciadamente sus empresas no les reconocen».

Ante esta situación, la CGT lamentó que tanto la Xunta como los poderes públicos encargados de legislar «luego no protejan ni un mínimo a las personas que ejercen sus derechos» y esto les cueste el puesto de trabajo e «incluso enfermedades, depresiones y problemas familiares».

EP