Los gestores responsables de VAERSA pagaron casi dos millones de euros en concepto de productividad a determinado personal directivo de la empresa pública, de forma ilegal, saltándose reiteradamente la autorización preceptiva del Consell de la Generalitat.
La Confederación General del Trabajo denunció ante la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado el pago ilegal de casi dos millones de euros entre 2006 y 2011, tal y como destapaban los informes de auditoría emitidos por la propia Intervención General de la Generalitat, al no haberse autorizado por el Consell como era preceptivo, previo informe favorable de la Conselleria de Hacienda, que tampoco existe.
La Confederación General del Trabajo denunció ante la Fiscalía Contra la Corrupción y el Crimen Organizado el pago ilegal de casi dos millones de euros entre 2006 y 2011, tal y como destapaban los informes de auditoría emitidos por la propia Intervención General de la Generalitat, al no haberse autorizado por el Consell como era preceptivo, previo informe favorable de la Conselleria de Hacienda, que tampoco existe.
Sin embargo, aun siendo reiterados los informes de auditoría que advirtieron todos los años desde 2006 que se estaba pagando el complemento sin la autorización del Consell, ningún directivo de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública ni de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, de la que depende la empresa pública, hicieron absolutamente nada por aclarar y depurar responsabilidades ante la magnitud del saqueo de dinero público.
La única respuesta de la empresa pública VAERSA, cuando un medio de comunicación publicó las cuantías percibidas por el personal directivo de la empresa, fue la de contratar a un despacho de abogados para amenazar al sindicato con presentar una demanda por –según la empresa–s revelar supuestamente datos privados. Precisamente cuando el sindicato había denunciado también la contratación a dedo de abogados externos por importe de casi 2 millones de euros, durante 6 años, cuando existía un convenio con la Abogacía de la Generalitat para prestar los servicios de asistencia jurídica por 3.600 euros al año.
La decisión de acudir a la Fiscalía fue tomada por CGT cuando el Tribunal de Cuentas de forma inexplicable y en tiempo récord archivó la denuncia por responsabilidad contable, sin ni siquiera practicar ninguna diligencia de comprobación de los hechos denunciados.
La Fiscalía abre ahora diligencias porque entiende que los hechos denunciados por CGT pueden ser constitutivos de delito
El sindicato reitera la denuncia pública de la deuda ilegítima provocada por la corrupción, exigimos una auditoría de la deuda, y que los responsables del saqueo devuelvan el dinero público robado.
Sindicato de Administración Pública CGT
Federación Local Valencia
Valencia, 5 noviembre de 2013
