Una vez mediado el proceso de consultas que establece la orden que regula el programa de incentivos al profesorado andaluz, que tiene por titulo Calidad y mejora de los rendimientos escolares, la Consejería de Educación ha visto con extrema preocupación como el rechazo a esta iniciativa se hacía mayoritaria entre el profesorado andaluz. Igualmente la creación de un frente sindical contra la misma compuesto por APIA, CGT y USTEA, ha supuesto el llamamiento a los sindicatos firmantes del acuerdo (UGT, CSIF , ANPE y sobre todo CCOO) a que neutralicen los argumentos que están haciendo posible que más del 70% de los claustros hasta ese momento se hayan sumado al NO.
El rechazo mayoritario de los profesores se sostiene en la indignidad de la propuesta, que lejos de establecer bases sólidas para mejorar, pretende orientar el fracaso hacia el profesorado, de ahí que la única medida sea ofrecer “más dinerillo”.
De hecho cuando los abogados de CGT iniciaron el estudio de la Orden con el encargo de recurrirla, tuvieron que releer el texto varias veces, ya que de entrada y gracias a la propaganda mediática, parecía que la orden pretendía dar dinero al profesorado. Estos mismos abogados en cuanto entraron en el fondo de la orden no tuvieron más que concluir que la mencionada orden era perversa, ya que pervertía los honorables fines con la aplicación de una trampa saducea que ponía al profesorado como el responsable único del fracaso de las múltiples y erráticas políticas educativas que ha venido adoptando la Conserjería de Educación Socialista en los últimos 20 años.
A medio camino del proceso de consultas, que termina el día 31 de Marzo, está provocando el nerviosismo de la Junta de Andalucía ante la constatación del triunfo sin paliativos del NO a la oferta de la Consejería y el SI a la inmediata puesta en marcha de medidas reales que mejoren los resultados escolares (disminución de ratios, coberturas de bajas inmediatamente, aumento de recursos económicos gastos de funcionamiento de centros, mayor dotación de profesorado y otro personal especializado….)
Esta situación ha provocado que la semana pasada la Consejería de Educación haya puesto en marcha una maniobra que supone un chantaje al conjunto de centros que aún no han celebrado sus claustros para decidir si participan o no en la convocatoria para recibir incentivos económicos. La Consejería y los sindicatos firmantes del acuerdo hacen publica una nota en la que informan que el criterio para dotar de profesores extras a los centros el próximo curso será el haber aceptado la oferta de la Consejería.
Esta decisión que bien podía recoger la orden en su momento, se produce para “animar” a los que quedan por decidir para que vean “otra ventaja adicional” de participar en este plan de incentivos.
CGT va a recurrir este procedimiento por ser contrario a derecho y porque muestra claramente como el poder político usa (arbitrariamente) sus prerrogativas para chantajear al profesorado. Es más deja en manos de las decisiones del profesorado aspectos de importancia para toda la comunidad educativa a la que ningunea.
Fuente: Federación de Enseñanza CGT
