La venta de carbono a trasnacionales que se pretende establecer en los bosques de Chiapas también "implica el desplazamiento de las comunidades para llevar a cabo otro proyecto del gobierno: las ciudades rurales sustentables".

San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de mayo. Entre los principales motivos económicos para retirar a las comunidades de los bosques que habitan está la venta de bonos de carbono, sostienen organismos civiles pertenecientes a la Red por la Paz Chiapas (Sipaz, Desmi, Frayba y otros).

 En la COP 16 (Conference of the Parties) de Cancún, en diciembre 2010, México ingresó al programa Reducción de las Emisiones producto de la Deforestación y la Degradación ambiental (REDD Plus), cuya idea básica es que los países que estén dispuestos y puedan reducir las emisiones de carbono que provengan de la deforestación deben ser compensados financieramente.

 En la COP 16 (Conference of the Parties) de Cancún, en diciembre 2010, México ingresó al programa Reducción de las Emisiones producto de la Deforestación y la Degradación ambiental (REDD Plus), cuya idea básica es que los países que estén dispuestos y puedan reducir las emisiones de carbono que provengan de la deforestación deben ser compensados financieramente.

En un informe de 122 páginas, crítico del proyecto de ciudades rurales y a política ambiental en Chiapas, divulgado esta semana, los organismos civiles recuerdan que, simultáneamente, el gobernador firmó un acuerdo con sus entonces pares de California, Arnold Schwarzenegger, y Acre, Brasil, Arnobio Márques de Almeida, que inició «un mercado de compra y venta de bonos de carbono que forma parte del proyecto REDD Plus».

En 2009 se había establecido el Programa de Acción ante el Cambio Climático en Chiapas (PACCCH) con apoyo de la embajada británica, Conservation International, ONG conservacionistas («que hacen de intermediarias con las comunidades») e instituciones académicas como El Colegio de la Frontera Sur, que ha colaborado para implementar el proyecto REDD Plus con la Comisión Nacional Forestal; si bien en fechas recientes ha intentado deslindarse públicamente, no lo ha hecho con suficiente claridad.

El gobernador de Chiapas, destaca el informe, “está convencido de que sumarse al ‘pago por servicios ambientales’ es un proyecto de vida”, y cita al mandatario: «Sus hijos y sus nietos lo van a agradecer porque de eso van a vivir, van a recibir dinero por estarla cuidando, apostémosle a ellos, los que están chiquitos, para que ustedes tengan la certeza de qué van a vivir sus hijos en el futuro, van a vivir de la conservación de las reservas, del turismo y de la producción de hule o palma de aceite.»

Los intereses «ecológicos» de los planes de desarrollo implican la mercantilización de los bosques, para lo cual las autoridades consideran necesario «que las comunidades dentro de las reservas sean reubicadas o no utilicen las tierras para actividades agropecuarias, como ocurre en El Triunfo, reserva con la que el gobierno chiapaneco entró al mercado de bonos de carbono». Pero la joya de la corona en este mercado, como se verá en próximas informaciones, sería la reserva Montes Azules, en la selva Lacandona.

El informe de la misión de la Red por la Paz apunta: «Como es bien sabido, para los pueblos indígenas el maíz, que se cultiva en tierras chiapanecas hace miles de años, tiene gran importancia alimentaria y cultural». Sin embargo, uno de los argumentos del gobierno para «conservar la biodiversidad» consiste en dejar de sembrar maíz. El mandatario ha dicho que «hace mucho daño al planeta, mientras que la reserva, la gran riqueza que tienen sus habitantes, se iría acabando».

REDD Plus promueve una «reconversión productiva» para que los campesinos dejen de producir sus propios alimentos, como maíz, y cultiven productos para combustibles o materiales para la construcción (hule, la palma africana). La venta de carbono a trasnacionales que se pretende establecer en los bosques de Chiapas también «implica el desplazamiento de las comunidades para llevar a cabo otro proyecto del gobierno: las ciudades rurales sustentables».


Fuente: Hermann Bellinghausen; La Jornada.