- El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) rechaza que la Unión Europea favorezca la supervivencia del negocio de la energía nuclear incluyéndola en su dictamen sobre etiquetado verde.
- Los esfuerzos de la UE para descarbonizar su producción eléctrica se ven de nuevo comprometidos por el oportunismo y la capacidad de presión de la industria nuclear.
La dependencia francesa de las nucleares, que representan el 77% de su electricidad, acompañada por los intereses de Finlandia y varios países del este de Europa, están empujando a la Unión Europea a una nueva brecha. Esta vez eléctrica. Estos países quieren abrir el acceso a nueva financiación para la industria nuclear como actividad verde, con la falacia de que contribuye a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. Las empresas y Estados que lleven a cabo actividades económicas etiquetadas como sostenibles podrán ser elegibles para recibir financiamiento, tanto público como privado, del sistema denominado Bonos Verdes, 250.000 millones € que la Comisión Europea quiere poner en marcha para financiar hasta un 30% de los fondos de recuperación Next Generation.
No solo podrían acceder las centrales nucleares en marcha hoy, si no también las nuevas que consigan permiso de construcción antes de 2045. El tiempo medio de construcción de una nuclear son diez años, por lo tanto, se facilitaría la existencia de centrales nucleares hasta final de siglo.
Si lo consiguen, la energía nuclear, que es muy intensiva en capital, reducirá la cuantía disponible para la mejora de la eficiencia energética y el despliegue de instalaciones renovables en Europa. Esas son las auténticas vías de descarbonización de la UE, las que garantizan la reducción permanente de emisiones y la independencia energética de la región.
Con el gravísimo problema de los precios de la electricidad en todo el continente no tiene sentido aportar financiación para alargar la dependencia al gas y al uranio, recursos que la UE ya no tiene. Acabar con el encarecimiento desbocado requiere también de una profunda reforma del sistema de formación de precios del mercado eléctrico, para que el costoso gas deje de marcar el precio de todas las tecnologías de generación. La electricidad nuclear no puede solucionar este problema porque sus costes de producción, aunque no los hagan públicos, no son tan bajos como presumen. Recordamos que hace pocos meses el presidente de Iberdrola amenazaba con cerrar sus nucleares porque “no podían trabajar a pérdidas”, la culpa era de los impuestos. Pero en Francia, en un sistema bajo un importante grado de control estatal, el precio de electricidad para consumidores domésticos (según Eurostat y sin impuestos), por suministro y pago por la red, entre enero y junio de 2021 fue de 152,3 €/MWh, apenas 3 € menos que la media de la UE-27 y 12,5 € menos que en España, pero 25,6 €/MWh más que Portugal. La nuclear, como vemos, no garantiza precios bajos.
De hecho, si el invierno fuera crudo, el país galo podría tener que recurrir a una “gestión de la demanda por las malas”, es decir restricciones de suministro con preaviso por la indisponibilidad simultánea de reactores nucleares . Francia ha recurrido ya a la importación de electricidad varias veces desde noviembre de 2021. Esto remite a la situación del verano de 2019, cuando el suministro francés se encontró en apuros porque las altas temperaturas obligaron a seis centrales a reducir producción y al paro de otras dos por calentamiento excesivo del agua de refrigeración. Un problema que comparten todas las centrales térmicas, y que las hace menos fiables a medida que avance el cambio climático.
La construcción de nuevas nucleares solo está prosperando fuera de una economía de mercado. En Europa y EEUU es un costosísimo fracaso: Olkiluoto-3 en Finlandia, se comenzó en 2005 y todavía no hay producción, ha aumentado sus costes de la estimación original de 3 a más de 11.000 millones €; Flammaville-3, en Francia, empezada en 2008 espera cargar combustible a fines de 2022, pero deberá cambiar la vasija del reactor en 2024, el coste por ahora asciende a 12.400 millones €, aproximadamente cuatro veces la estimación original; Hinkley Point C, Reino Unido iniciada en 2016 se espera que funcione en 2025, la factura total podría ser más de 26.015 millones € . Los proyectos europeos están siendo realizados por Electricité de France (EDF) con el 84% de las acciones en manos del estado francés para evitar la quiebra.
En EE.UU. Virgil C Summer, Virginia, comenzada en 2013 se canceló en Julio 2017 por duplicación de costes. El único proyecto en marcha en EEUU es Vogtle 3 y 4, Georgia, que arrancó en 2013; los costes habían aumentado en 2017 de los previstos 14 a unos 29 mil millones de dólares.
El apoyo a la energía nuclear se hace en detrimento de las renovables. No hay complementariedad porque la tipología de nucleares en España carece de la flexibilidad necesaria para variar su potencia, sin correr riesgos, con suficiente rapidez y cuantía para compensar la variabilidad de la producción renovable, sobre todo eólica. Desde 2008 han surgido conflictos entre la producción nuclear y la eólica en situaciones de baja demanda y oferta alta, porque no puede verterse a la red más electricidad de la que se consume y no se dispone de suficientes medios de almacenamiento masivo. Estos conflictos terminan con desconexión de aerogeneradores. La eólica genera prácticamente tanta electricidad como la nuclear, por tanto a medida que aumente el despliegue renovable este problema se agravará. Aunque la producción eólica es más barata, entrará en red la nuclear, lo que, además de retardar la amortización de las renovables, encarecerá la factura a los consumidores.
Una mentira repetida miles de veces … no se hace verdad, pero puede crear enorme confusión. La energía nuclear ha utilizado el problema del cambio climático para hacerse un hueco en una opinión pública que, muy justificadamente, desconfía de su seguridad. Miente al declararse «libre de CO2», porque tras cada recarga de combustible de una nuclear hay minería de uranio, tratamiento del mineral, proceso de enriquecimiento en uranio fisionable, fabricación de las pastillas de combustible y todos los transportes implicados. Hay recargas cada año y medio o dos años, dependiendo del tipo de central y de cómo se gestione. En España significa 1.800 toneladas de gases de efecto invernadero en cada recarga. Claro que, a medida que la explotación de las minas haga disminuir la concentración de uranio, las emisiones de la obtención del combustible aumentarán: se estima que serán como las de centrales de gas a mediados de siglo si se mantiene el porcentaje nuclear de hoy (solo el 10%) en la electricidad mundial. Una energía extremadamente sucia y peligrosa que también contribuye al cambio climático.
El Movimiento Ibérico Antinuclear rechaza que se malgaste dinero necesario para la recuperación tras la pandemia en prolongar la dependencia de fuentes energéticas que nos causan graves problemas para los que no tenemos solución. La electricidad nuclear y tampoco el gas natural no pueden ser parte de la transición energética. El MIA reclama una transición basada en el ahorro de energía, la mejora de la eficiencia en su obtención y utilización junto con el cambio a fuentes renovables. Hay que dejar atrás tanto las energías fósiles como la nuclear.
Fuente: Movimiento Ibérico Antinuclear
