El número de países que han ratificado los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativos a la libertad sindical y al derecho a la sindicación y a la negociación colectivas ha aumentado considerablemente en los últimos cuatro años, aunque esto no conlleva que se estén aplicando, puesto que siguen produciéndose violaciones graves de estos derechos fundamentales en determinadas regiones del mundo, especialmente en Africa, Asia y América Latina.
Así lo confirma el segundo informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre la situación de los derechos laborales en el mundo, presentado esta mañana en Madrid. Este segundo informe destaca los signos de avance desde la presentación del informe anterior, aunque señala que la mitad de los trabajadores del mundo tienen denegado el acceso a los derechos de asociación y libertad sindical.
La ratificación y la existencia de una ley no significa que se aplique necesariamente, señala el informe. En países como Colombia y Venezuela, donde los convenios están ratificados, no existe en cambio ninguna seguridad para los sindicalistas.
Según la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), en 2002 fueron asesinados en el mundo 213 sindicalistas, 2.562 fueron detenidos, 1.000 resultaron heridos y 89 sentenciados a penas de cárcel. En estos datos no se incluye el número de despedidos o acosados por el hecho de afiliarse a un sindicato. De los 213 asesinados en el mundo, 184 fueron en Colombia, violaciones perpetradas casi siempre por los grupos paramilitares.
Los principales progresos que se reconocen son los de Europa Occidental, que «es actualmente el marco mundial de referencia en cuanto a libertad de sindicación», según explicó la representante de la OIT María Luz Vega. El contrapunto se encuentra en los países africanos, asiáticos y latinoamericanos, donde «las deficiencias son notables».
Un dato preocupante según el estudio «Organizarse en pos de la justicia social» es que países con importantes fuerzas laborales como Brasil, Estados Unidos, India, China y México no han reconocido los convenios establecidos por la OIT.
En el caso de China, la apertura económica y el desarrollo que está teniendo el país no se corresponde con una ampliación de los derechos, tampoco de los trabajadores. El informe no ha observado ningún avance en cuanto a derechos laborales y la afiliación de los trabajadores sigue condicionada al sindicato único, controlado por el partido el Partido Comunista.
El caso contrario lo representa Brasil, que, a pesar de no haber reconocido aún los convenios de la OIT, ha experimentado una apertura hacia los temas sociales con la llegada a la presidencia de un antiguo sindicalista, Luis Ignacio «Lula» da Silva.
Otros casos calificados de graves y urgentes por el Comité de Libertad Sindical son los de Cuba, Yibouti, Bielorrusia, Guatemala, Etiopía, Ecuador, Zimbabue y Haití.
Además el informe señala que algunos colectivos tienen mayores problemas para hacer uso de estos derechos. Los trabajadores agrícolas, que representan cerca de la mitad de la fuerza de trabajo mundial, son uno de ellos. Concentrados principalmente en Africa y Asia, trabajan en condiciones difíciles, con baja remuneración y sometidos a la violencia y el acoso, por lo que en gran parte de los casos están inmersos en un círculo vicioso de pobreza del que resulta complicado salir. Además, el 70 por ciento de la fuerza de trabajo infantil está ocupada en este sector.
Otro sector excluido de estos derechos es el de los trabajadores de las zonas francas industriales, que en muchos casos se encuentran en una «ciudad sin ley». Actualmente existen 3.000 zonas en 113 países y por ejemplo sólo en China 30 millones de trabajadores están ocupados en este sector. Países como Bangladesh, Nigeria y Pakistán aún no han reconocido los derechos de sindicación de estas zonas, en muchas ocasiones por la fuerte oposición que ejercen las empresas.
Los inmigrantes constituyen otro de los colectivos a los que con más frecuencia se deniega el derecho a organizarse. En el caso de los inmigrantes sin papeles, el informe señala específicamente a España, ya que la legislación española «deniega» los derechos sindicales a los extranjeros sin papeles, algo que según la OIT, «no está en conformidad con el Convenio 87».
Los trabajadores domésticos, en especial mujeres, son otros de los excluidos, puesto que su aislamiento constituye un obstáculo para organizar a estas personas, por lo que quedan bastante desprotegidos.
NEGOCIACION COLECTIVA Otro de los temas que aborda el estudios la negociación colectiva. Mientras que en Europa Occidental o Australia este derecho cubre al 81 por ciento de los trabajadores, con una tasa de un 20 por ciento de afiliación, en América Latina la tasa de cobertura es del 8 por ciento y el número de afiliados no supera el 2 por ciento.
Un estudio del Banco Mundial declaraba recientemente que «el sistema de negociación ayuda a conseguir la paz social y reduce el riesgo de huelgas». En el informe de la OIT se destacan los casos de algunas compañías que han optado por permitir en derecho a la negociación colectiva, como es el caso de la Trinidad Cement Company, que cuenta con más de 1.000 trabajadores en Barbados y Jamaica. Tras dos años de huelgas y conflictividad, la empresa se comprometió a tratar con los sindicatos y crear un clima de trabajo armonioso, con lo que su productividad aumentó un 50 por ciento y se aumentaron los salarios de los trabajadores. Este caso viene a demostrar que los derechos laborales no están reñidos con el beneficio empresarial.
La OIT señala la importancia de que el VIH/sida se incluya en la negociación de acuerdos en los países donde la población está mas afectada. Esto reduce el riesgo de que los trabajadores oculten su enfermedad por miedo al despido y no reciban el tratamiento médico necesario. Esta organización, dependiente de Naciones Unidas, señala como ejemplos los acuerdos de multinacionales como Anglo Gold, dedicada a la explotación minera, con cinco sindicatos, y De Beers, empresa que explota gran cantidad de minas de diamantes en países como Botsuana y Sudáfrica, con el sindicato Minero de este último país.
El informe señala además un plan de acción y unos objetivos a cumplir hasta la publicación del siguiente informe dentro de cuatro años. Las directrices marcadas por la OIT se orientan fundamentalmente a la integración de los trabajadores excluidos y los sectores de riesgo. En España este sería el caso de los inmigrantes.
A pesar de los avances, el panorama es «complicado», según declaró María Luz Vega durante la presentación, afirmando que la libertad sindical «no es un hecho consolidado y la democracia y el cumplimiento de los Derechos Humanos no es posible sin el respeto al derecho de asociación y sindicación».
«La Ley reconoce estos derechos en muchos lugares, pero el problema es de aplicación», puntualizó Vega. Por ejemplo, «algunos países cuentan con ocho inspectores de trabajo para todo el territorio».
