Como empieza a ser tristemente habitual, la Generalitat ignora de forma deliberada y flagrante el marco jurídico vigente y los límites de las competencias que le son propias. El último ejemplo, la propuesta de hacer pagar un euro por receta.
El ejecutivo catalán no es competente para obligar a los usuarios de los servicios de salud pública a abonar un euro por cada una de las recetas expedidas por facultativos.
La medida, consistente en aplicar un peaje económico universal a la hora de acceder a los fármacos que requieren de prescripción médica, colisiona frontalmente con el ordenamiento jurídico estatal que, con determinadas limitaciones perfectamente definidas, establece la obligación por parte de la Administración de dispensar gratuitamente a los beneficiarios los m
La medida, consistente en aplicar un peaje económico universal a la hora de acceder a los fármacos que requieren de prescripción médica, colisiona frontalmente con el ordenamiento jurídico estatal que, con determinadas limitaciones perfectamente definidas, establece la obligación por parte de la Administración de dispensar gratuitamente a los beneficiarios los medicamentos que los facultativos consideren necesarios.
Las excepciones a esta regla general no tienen absolutamente nada que ver con la pretensión de la Generalidad de imponer una tasa que escapa a su capacidad normativa y que atenta contra uno de los pilares básicos del Estado de Derecho. Se incluyen en este capítulo de excepciones las que afectan a determinados productos farmacéuticos considerados no esenciales (productos dietéticos, por ejemplo) o la obligación por parte de determinados colectivos-como sería el caso de los funcionarios incluidos en el MUFACE o pensionistas adscritos al Régimen de Clases Pasivas-de realizar aportaciones económicas complementarias.
Nada que ver, pero, con la intención de establecer un pago general de un euro por receta médica.Medida que, más allá del carácter legal o no de su aplicación, resulta profundamente discriminatoria en la forma propuesta, pues afecta con mayor intensidad a las rentas bajas ya las personas que, por sus dolencias y en contra de su voluntad, se ven obligadas a consumir mayores cantidades de medicamentos. Eso por no hablar de los caso de las personas pensionistas que, desgraciadamente, es muy habitual que coincidan bajos ingresos y enfermedades crónicas.
Subterfugio legal
Para tratar de escapar a la evidente ilegalidad de la medida, la Generalitat ha realizado una estrambótica acrobacia normativa: el pago se presenta como una tasa sobre la expedición de recetas y los usuarios deberán abonar el euro directamente a la farmacia que, con posterioridad, deberá descontar la cantidad recaudada de la factura que remite al Departamento de Salud. Todo ello con la única intención de vulnerar la imposibilidad legal de aplicar tasas a la sanidad pública, de carácter gratuito según la legislación española.
Evidentemente, sin embargo, la tasa de expedición no es otra cosa que un subterfugio de frágil arquitectura que sólo pretende esconder la evidencia de que la Generalitat intenta acabar con unos preceptos legales que no le es dado alterar.
Colectivo Ronda
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Fuente: Colectivo Ronda
