El espíritu de la transición, que consistió en cambiar algo para que lo principal siguiera igual, es alargado, como un misil sin dirección. Permanece impasible el ademán en la democracia otorgada que nos gobierna, y mientras no se cambie definitivamente su adefesio inicial, nada será realmente distinto. Un rey designado por el dictador como jefe del nuevo Estado y del Ejército, y un vicesecretario general del partido fascista y único como jefe de gobierno, forjaron la transición y la consiguiente tradición de lo que llaman democracia y no lo es.
De ahí, los jueces del liberticida Tribunal de Orden Público (TOP) recordados como impecables demócratas de toda la vida por la prensa independiente de la mañana, a la que saltaron como ardientes defensores de la libertad de información (Diego Córdoba), cuando aún palidecían cientos de sus encarcelados de la Asamblea Democrática de Catalunya o los detenidos por cantar la muy subversiva “Asturias patria querida”.
De ahí la promoción a la cúpula de la seguridad del Estado de antiguos y espontáneos esbirros del tirano. De ahí, el reconocimiento póstumo al torturador Melitón Manzanas con desprecio de sus innumerables víctimas. De ahí, el postrer ascenso del golpista Ricardo Sáenz de Ynestrillas por el ministro Bono, otro protodemócrata que sugirió que a los etarras había que darles el paseo a lo Baader-Meinhof, “suicidados” en las cárceles alemanas. De ahí, el cercano nombramiento por Interior de José Antonio Gil Rubiales, condenado en el caso de la muerte en comisaría en 1981 del camionero vasco José Arregui, como comisario provincial de Tenerife.
De ahí, como resumen y compendio de aquella larga y fatídica sombra, la elevación al generalato y puestos de máxima responsabilidad en el actual Ejército, al alimón por PP y PSOE, de veteranos primeros espadas de semejante reacción. Por el ministro Bono, de Joaquín Tamarit (31/07/04), un coimplicado en el 23-F, como segundo jefe del Estado Mayor (31/07/ 04), y, por su antecesor Federico Trillo, de Blas Piñar Gutierrez como Subdirector de Doctrina del Cuartel General del Ejército (20/01/04), el hijo del presidente de Fuerza Nueva y promotor del paragolpista “Manifiesto de los Cien”, que supuso el referente intelectual del tejerazo.
Y de ahí, en fin, que se acepte como normal el significativo y aberrante principio de que en la actualidad los Academias Militares y los cuartos de bandera de los cuarteles sean los museos naturales de las reliquias del criminal franquismo. Así que menos lobos y más prudencia. A la recuperación de la memoria histórica, con el Franco a caballo o a gatas, emboscados del gobierno oponen la pertinaz sequía del romanonesco “que ellos hagan las leyes que nosotros haremos los reglamentos”.
Pero lo sucedido con la definitiva ilegalización de la candidatura Aukera Guztiak (AG) por el Tribunal Constitucional (dócil calco del Tribunal Supremo), como presunta tapadera de Herri Batasuna, demuestra que al margen de meritorios procedimientos de trámite de más o menos calado, el atado y bien atado con que se inauguró la transición sigue gozando de excelente salud y tiene a un nutrido grupo de centuriones de toda laya como guardianes de su núcleo duro. Ya sea con la aplicación del artículo 8 de la Carta Magna que preserva en última instancia al Ejército su condición de “partido militar”, o con el muy aberrante proyecto de Ley de Defensa Nacional, que lo convierte en nuestro totalitario gendarme, parece claro que estamos instalados en una democracia vigilada.
Con esa espada de Damocles sobre nuestras frágiles existencias se pueden cometer abusos e incluso crímenes políticos en nombre de la libertad y la seguridad (cerrar periódicos, prohibir partidos, censurar la voz de parlamentos, etc). E incluso, como ahora ha ocurrido con una agrupación de electores avalada por nada menos que 30.000 firmas contabilizadas en tiempo record ante notario -¡cabe mayor voluntad de participación política !- someter a un Estado de excepción en la práctica a una parte significativa de la sociedad civil. El catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo, ha sido tajante : la impugnación de AG representa “la culminación de un proceso de criminalización de ciudadanos españoles por razones políticas” (El País, 19/03/05).
El TC ha ratificado la ilegalización de AG por el TS sólo en base a un supuesto de defecto de libertad de expresión. Para los máximos garantes de las libertades, la agrupación de electores Aukera Guztiak es la continuadora de HB porque no ha hecho una condena expresa del terrorismo como exige la actual Ley de Partidos. Aunque, en puridad, con esos mismos argumentos se podría ilegalizar al Partido Popular que hizo una guerra ilegal con resultado previsible de miles de muertos civiles, engañando a la nación y a su parlamento y aún no ha pedido perdón por su acto de terrorismo de Estado, ni redimido su implicación fascista negándose a condenar expresa y directamente el golpe del 18 de julio del 36 y sí, por el contrario, mostrándose reticente a quitar sus fétidos símbolos del espacio público.
Porque si hay que buscar antecedentes de “listas blancas” esos están, antes que nada, en la saga fuga que va de Alianza Popular al Partido Popular. Por ejemplo, con Manuel Fraga, presidente de postín del PP, dando el preceptivo “enterado” como ministro de la dictadura a la triple aplicación del garrote vil contra Julian Grimau (20/04/63) y Delgado y Granado (17/08/63). O el chistoso Pío Cabanillas, ilustre luminaria del sector liberal del PP, otorgando a su vez el doble enterado a los mismos efectos contra Puig Antich y Heinz Ches ((02/03/74) y encima afirmando sin rubor que “se había hecho justicia”. Esa sí es una lista blanca, aunque también es cierto que lavada en la monumental colada que supuso el consenso.
Pero claro, la Ley de Partidos, parida por el núcleo duro de esta democracia preventiva, sólo permite instar la ilegalización de una formación política al Gobierno y al Fiscal General, es decir, de nuevo al gobierno. Puro franquismo, que era también un Estado de Leyes pero nunca Estado de Derecho. Ah, antes de dictar sentencia con el Caudillo, la prensa preparaba a la opinión pública para el linchamiento de la víctima elegida como la hace la artillería antes del combate. Como ahora.
Así que todos los indicios parecen indicar que la reforma zapaterista está tocando techo y nos acercamos a un final de ciclo. Visto lo cual, o se crean las condiciones para ir hacia una ruptura democrática con la Tercera Republica, como tímidamente está sucediendo en Euskadi y Catalunya derogando el pasado franquista, o apechugamos con más de lo mismo, hartos de estar hartos.
Natura nom facit saltus (la naturaleza no da saltos).
